Qué es la Concertación y cómo quedó envuelta en los cambios a la Constitución

El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo es el espacio de diálogo y consulta legalmente constituido, mediante Ley 20 de 2008. Este año ha tomado beligerancia con el paquete de reformas a la Constitución Política.

En la Concertación Nacional convergen diversos sectores, quienes de manera participativa y concertada trabajan en la búsqueda de acuerdos y consensos sobre temas nacionales relevantes, en los cuales los panameños se deben poner de acuerdo.

Fue en 2006 cuando durante el gobierno del presidente Martín Torrijos, convocó a la Concertación Nacional para establecer, a través del diálogo constructivo, objetivos estratégicos de largo plazo que contribuyesen a transformar.

En ese momento se aprovechó la coyuntura de la presentación y sometimiento a referéndum de la propuesta de ampliación del Canal de Panamá.

En la creación de la Concertación participaron más de 2,000 representantes del sector empresarial, sector obrero, organizaciones no gubernamentales, iglesias, instituciones académicas, pueblos indígenas, partidos políticos y Gobierno.

Para asegurar la eficiencia del proceso, se establecieron las siguientes mesas temáticas: bienestar social y equidad, crecimiento económico y competitividad, educación, modernización institucional, salud y la submesa de justicia, ética y seguridad ciudadana.

Las declaraciones de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en agosto de 2018, en el que aseguró que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, le manifestó que lo habían “grabado” (intervinieron las conversaciones) fue la chispa que encendió la llama.

La mesa de modernización del Estado (Gobernanza) Justicia y Seguridad Pública arrancó motores. El objetivo final era llegar a un proyecto para modernizar la Constitución Política vigente desde 1972 y con cuatro reformas.

Ante el clamor y urgencia de cambios constitucionales, se procedió a instalar a un grupo asesor de expertos.

Mario Galindo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Aura Emérita Guerra de Villalaz, Juan Manuel Castulovich, Juan David Morgan, Carlos Bolívar Pedreschi y Hermelindo Ortega, entre otras reconocidas personalidades idóneas en el tema, formaron parte de los asesores.

Enrique de Obarrio, coordinador de la Comisión del CCND, explicó que en el proyecto se tomaron en cuenta todos los aportes que se han venido dando por parte de los distintos sectores de la vida nacional, incluyendo los del sector privado y, por supuesto, los resultados del trabajo de la Comisión de Notables en 2011, mismos que en su momento pasaron por el tamiz de la Concertación.

El coordinador de la Comisión de CCND, Obarrio, detalló que siempre sostuvieron que “nada estaba escrito en piedra, nunca se tuvo el afán de imponer nada; se trataba solo de una propuesta resultante del consenso, pero para ser mejorada, enriquecida, según fuere necesario”.

En la Concertación nunca se discutió sobre el procedimiento de reforma (313 o 314), sino que se trabajó en un contenido. El Ejecutivo tomó la decisión de modificar la Constitución por la vía de dos Asambleas.

El pasado 19 de febrero de 2019, la Comisión de Justicia del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, presidida por de Obarrio, recibió la propuesta de reformas constitucionales que fue sometida a consideración del plenario del Consejo de la Concertación.

Representantes del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo entregaron este lunes 15 de julio al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y al Vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo, la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República, que incluye la modificación de 40 artículos.

La propuesta incluye temas relacionados con los derechos humanos, la división política del país, derechos, deberes individuales y sociales, cultura, régimen agrario y ambiental, derechos políticos.

También aborda la composición de la Asamblea Nacional, los derechos y deberes de los diputados, la formación de las leyes; así como los requisitos para ser Presidente y Vicepresidente de la República, y las funciones de los miembros del Consejo de Gabinete.

El documento incluye el tema de la administración de justicia, los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y sus atribuciones constitucionales, así como su método de selección; la creación de Tribunal Constitucional y reformas a las funciones del Ministerio Público.

Las modificaciones abordan los regímenes municipales, provincial y comarcal, la hacienda pública, el presupuesto general de Estado, los servidores públicos y los principios básicos de la administración personal.

La propuesta de reformas constitucionales, de 40 artículos, se presentó ante la Asamblea Nacional luego de ser acogida, sin modificación alguna, en sesión del Consejo de Gabinete.

El proyecto, consensuado por 22 sectores de la Concertación Nacional, deja claramente establecida la separación de los tres poderes del Estado: reconocen que el Ministerio Público como el ente competente para realizar investigaciones judiciales y crea el Tribunal Constitucional como máximo organismo para interpretar la Constitución Política de la República.

Además, la propuesta robustece económicamente los presupuestos asignados al Órgano Judicial y al Ministerio Público, ya que obligaría a que se destine un 2% del Presupuesto General del Estado para la administración de justicia.

También, la propuesta incluye temas relacionados con los derechos humanos, la división política del país, derechos y deberes individuales y sociales, cultura régimen agrario y ambiental, derechos políticos.

Además, incluye cambios en la composición de la Asamblea Nacional, los derechos y deberes de los diputados, la formación de las leyes; así como los requisitos para ser Presidente y Vicepresidente de la República, y las funciones de los miembros del Gabinete.

Los miembros de la Asamblea Nacional, los diputados, haciendo uso de su facultad Constitucional iniciaron el debate de los cambios a la Constitución, presentados por el Ejecutivo luego que la Concertación Nacional presentara su documento.

El acto reformatorio a la Constitución presentado por el Ejecutivo se empezó a discutir cuando la Comisión de Gobierno decidió emprender unas jornadas de divulgación y consulta a lo largo y ancho del país, en todas las provincias y comarcas. “Hasta allí todo bien”, puntualiza De Obarrio.

“ Lo que no esperábamos, era que una vez concluidas las consultas e iniciado el primer debate, iban a poner a un lado lo remitido por el Ejecutivo, y producir artículos inconvenientes e improcedentes que nada tenían que ver ni con lo consensuado en la Concertación, ni con las propuestas emanadas de las jornadas ciudadanas de consulta”, recalcó De Obarrio.

No obstante lo anterior, el Ejecutivo y la presión ciudadana fueron suficientes para que se eliminasen esos artículos “nefastos” como lo califican.

En tercer debate terminó aprobándose aproximadamente un 90% de los acuerdos concertados, lo cual es una buena noticia; sin embargo, también se aprobaron otros artículos nuevos, presentados por diputados, que por “seriamente inconvenientes e improcedentes deben ser eliminados; y en efecto han recibido el rechazo cerrado por parte de muchos sectores”, concluye De Obarrio.

La Asamblea Nacional debe retomar la discusión del acto reformatorio a la Constitución en enero, cuando se inicia la segunda legislatura.