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14 de Dec de 2019

Nacional

El malabarista de las finanzas del gobierno de Varela

En 2017, el entonces ministro del MEF, Dulcidio De La Guardia, maniobraba para tapar los huecos financieros en las distintas instituciones. No obstante, los proyectos de infraestructura no se detenían, tampoco la emisión de bonos y los traslados a la Asamblea Nacional

Dulcidio De La Guardia estuvo al frente de la cartera de Economía y Finanzas de 2014 a junio de 2018.Archivo | La Estrella de Panamá

A mediados de 2017, el hueco fiscal en las finanzas del país empezaba a acentuarse. Los traslados de partidas entre instituciones parecían el pan de cada día. El Gobierno, con el afán de cubrir las necesidades, emitía bonos, solicitaba líneas de crédito a la banca y pagaba deuda con más deuda. La ejecución del presupuesto, en la mayoría de los ministerios, era muy baja, exceptuando las carteras directamente relacionadas a los proyectos que la gestión Varela imponía como estandarte de su gobierno: el programa Techos de Esperanza, la Renovación Urbana de Colón, y la ampliación de carreteras, tomando en cuenta que se trataba de un año preelectoral y el gobierno aspiraba repetir en 2019.

El portal Varelaleaks.com revela una supuesta conversación entre el entonces mandatario Juan Carlos Varela y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia. Por considerarlo de interés público, este medio se permite reproducir algunos fragmentos de la comunicación para que la sociedad pueda contextualizarlos.

En un lapso de ocho meses, De La Guardia advirtió al presidente en al menos tres ocasiones sobre las consecuencias a futuro que sufrirían las finanzas al ritmo que se manejaban. Incluso, en conversaciones con otros interlocutores que se registran en 2018, el mandatario pidió ideas para conseguir $400 millones que requerían varias instituciones.

Chantaje legislativo

A pesar de las carencias financieras, el Ejecutivo se doblega ante los diputados, se deja “chantajear” ante la resistencia de estos en aprobar proyectos de leyes del Ejecutivo, y cede fondos para las partidas 002 y 080 en las que posteriormente se comprobó la falta de control en los contratos en los que los diputados emplearon estos fondos.

En febrero de 2017, De La Guardia había tenido una reunión con los principales diputados de la Asamblea Nacional para revisar los montos de los contratos para el 2017. “Fue una pelea monumental” porque el gobierno había advertido que no podía seguir con los montos de 2016. El otro problema era que el contralor, Federico Humbert, quería conocer los nombres de los beneficiados en los contratos y los diputados se negaban a revelarlos.

“Yo entiendo a Humbert”, indicó Varela.

Por ahora, explicó Dulcidio, “acordamos pasarle los fondos para las planillas 002 y 080, y dejamos para una segunda los montos de la 172”.

El Gobierno dejaba de contratar a firmas de abogados para asesorías cuando las posiciones diferían. Dulcidio se quejó del bufete Arias, Fábrega y Fábrega (Arifa) porque, según el ministro, uno de sus miembros, Steve Aparicio, estaba “saboteando” el financiamiento del banco UBS para la Línea 2 del Metro.

“Este personaje ha sido una piedra en el zapato para este financiamiento. Ahora quiere cambios inaceptables al aval que otorgó el país y una cuenta bancaria especial para el metro. Me voy a o oponer a cualquier contratación de Arifa con el Estado, debemos sacar a todos los socios de la firma del gobierno”, demandó Dulcidio.

“Llama a Ricardo Arango”, sugirió Varela.

“No confío en él”, subrayó el ministro, alegando que cuando Aparicio pidió cambios en el aval, los bancos se salieron de la transacción.

Las presiones sobre el ministro parecían como un yunque clavado en la espalda: “Este puesto me va a matar, yo no puedo seguir así, todo es una crisis porque la gente no sirve”, se lamentó en una ocasión.

“¿Hasta cuándo tengo que aguantar a funcionarios incompetentes? Ahora me entero que se está hundiendo un barco que administra bienes aprehendidos. Es la Dirección que administraba José Antonio Serracín. Otra crisis por no tener gente competente”, se quejó Dulcidio con el presidente.

Enseguida, De La Guardia mostró su desacuerdo por la adjudicación de la ampliación de la una carretera a la empresa Meco, por un valor de $335 millones, la más onerosa de todas las propuestas.

“Acordamos pasarle los fondos para las planillas 002 y 080, y dejamos para una segunda los montos de la 172”,

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CITA ATRIBUIDA A DULCIDIO DE LA GUARDIA

“Más que el precio, me pareció que el problema fue no aceptar reclamos”, admitió Varela.  Añadió que hubo tres contratistas cerca del precio.

Ejecución y traslados

Varela pidió a Dulcidio que agilizara los trámites para el puerto de Cruceros en Colón y los proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Varios ministerios registraban una ejecución muy lenta. “Solo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) están ejecutando, Minsa (Ministerio de Salud), Meduca (Ministerio de Educación) y otros, súper lentos, cuarto puente y línea 3 se están dilatando”, analizó Varela.

“Eso es lo que hemos estado haciendo, pasando recursos a medida que se liberan para los que necesitan”, respondió el ministro.

“El Idaan está pidiendo $100 millones adicionales. No tengo en este momento a quién quitárselos, lo que había lo pasaron al MOP, Mivi, Presidencia, y otros”, advirtió De La Guardia.

“Podemos buscar $50 millones. Que los ejecuten y vemos”, respondió Varela.

Ante el faltante, el gobierno decidió emitir bonos en dos ocasiones para financiar las necesidades de 2017 y reducir el monto de la emisión que vencía en 2020. En total pusieron en el mercado $2 billones. “El objetivo es reducir en unos 750 millones el bono de 2020 y el resto sería para las necesidades de 2017”, explicó Dulcidio.

En un informe que envió a Varela, el ministro detalló las necesidades de las instituciones, en total sumaban $562 millones. El Miviot lideraba con $132 millones para proyectos de Techos de Esperanza, Renovación Urbana de Colón y otros. Para el Idaan , destinados a dos potabilizadoras, requería $112 millones; el MOP pedía $83 millones, los nuevos préstamos del Banco de Desarrollo Agropecuario totalizaban $40 millones, y contando. De ese monto total, habían asignado $156 millones.

De La Guardia indicó ayer a este diario que el déficit del Sector Público No Financiero de 2017 ascendió a los límites máximos dentro del marco legal, en total fue de $1,600 millones. Sobre el contenido de los chats no quiso opinar. Añadió que durante su gestión se cumplió con la Ley que plantea el déficit fiscal.

Conocía cómo fallarían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los litigios entre empresas, igualmente las querellas presentadas. Así lo comunicó, en las filtraciones, al mandatario, quien en algunas ocasiones trazaba la estrategia judicial: “la rechazamos”, dijo en el caso de Abdul Waked contra el Banco Nacional. Dulcidio sugirió al panameñista Olmedo Arrocha como candidato al cargo de magistrado de la Corte, como en efecto ocurrió.

Los traslados en la Asamblea empezaban a tener sus costos luego del acuerdo de apoyo que dieron al Ejecutivo. Los diputados panameñistas Jorge Iván Arrocha y Adolfo 'Beby' Valderrama pidieron a Dulcidio $300 mil adicionales para las comisiones de Presupuesto y Economía para contratos por lo que quedaba del semestre.

“Beby” quería ganar la presidencia de la Asamblea.

La sorpresiva protesta

El 10 de junio unas 100 personas se congregaron frente al departamento de Varela para protestar por un Decreto Ejecutivo sobre la revalorización de la propiedad.

La manifestación, liderada por la diputada opositora Zualy Rodríguez, a quien el mandatario tildó de “loca”, lo enfureció.

“Ni la jefa de comunicaciones del MEF ni de Anati (Autoridad Nacional de Tierras) sabían de eso. El Decreto lo tiramos así y ahora le hemos dado una bandera a esta gente”, reclamó Varela.

“Están resolviendo un problema técnico sin estrategia de comunicación o política”, inquirió Varela.

“Sobre la comunicación, es mi responsabilidad. Francamente no pensamos que un decreto sobre temas interinstitucionales causaría esto”, admitió Dulcidio.

“A mí nadie me advirtió y ahora me están desgastando a mí, evalúa si vale la pena suspender el decreto hasta explicar y sacar de circulación, no es justo el desgaste que me están sometiendo”, exigió Varela.

El 28 de junio, la Empresa de Transmisión Eléctrica estaba en serios problemas: “Está quebrando por generación obligada que este año van a ser $30 millones y no tienen liquidez para pagar sus cuentas” pendientes, advirtió Dulcidio al presidente.

Otra emisión de bonos de Panamá, esta vez en China, exploraba el ministro para hacer frente al faltante.

“Podemos ir preparando con discreción”, estudió el presidente.

A continuación, Dulcidio consultó cómo subsanar el pago de un contratista.

“Los fondos adicionales para el Minsa, pago a la (empresa) IBT, son $41.6 millones y no $40 millones, tengo que reducirle al MOP o a la ATP (Autoridad de Turismo) la diferencia, ¿los tomo del MOP o de la ATP?”, preguntó Dulcidio.

“Del MOP —ordenó Varela—, le pasas menos, eso lo resolvemos más adelante, la ATP necesita invertir más”.

“Por otro lado, (diputado Luis) Barría me ha pedido $600 mil más para la Comisión de Presupuesto, ¿procedo o no?”.

“¿En partidas o en fondos? si tienes que darle procede, ¿qué dice 'Popi'? (hermano del mandatario y diputado)”, cuestionó Varela.

“Son para contratos de la 172”, respondió Dulcidio comprometido a hablar con el diputado “Popi” Varela.

“El Idaan está pidiendo $100 millones adicionales. No tengo en este momento a quién quitárselos, lo que había lo pasaron al MOP, Mivi, Presidencia, y otros”,

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CITA ATRIBUIDA A DULCIDIO DE LA GUARDIA

La idea de los diputados era incrementar los contratos de los colaboradores de 5 a 15, o 20, según el presupuesto.

“Eso no se puede, vamos a quedar enredados si seguimos en esta vorágine”, recalcó el mandatario.

“Son nuestros diputados los que más promueven eso, veo entonces mucha dificultad en pasar la ley de Cepadem y el impuesto de inmueble, y cualquier otra ley”, advirtió Dulcidio.

El 21 de agosto de 2017, Dulcidio veía injusta la detención del exministro del MEF, Frank De Lima, por un caso relacionado al aeropuerto internacional Tocumen. Reclamó al presidente que en todo caso el Ministerio Público tendría que haber detenido a todos los miembros de la Junta Directiva del aeropuerto Tocumen, que preside el ministro del MEF.

“Yo no manejo esos temas, menos los detalles, el Ministerio Público debe sustentar sus actuaciones, el caso sí es una auditoría de Contraloría que se envió al Ministerio Público para que llegaran a un acuerdo, las normas lo permiten”, respondió Varela.

“Sí, pero lo han detenido porque es el presidente de la Junta Directiva, mañana me pueden aplicar ese estándar a mí, o es que acaso yo tengo que ir a medir el tamaño de todos los locales comerciales”, se curó en salud Dulcidio. Y añadió: “Yo conozco el caso, sí deben dinero pero no el monto que dice la Contraloría. Además, ¿por qué no está preso (Juan Carlos) Pino y los gerentes de Tocumen, y el resto de la junta directiva que aprobó la adenda?”.

“Pueda la medida sea un error, no soy abogado, pero a ti como presidente de Tocumen te consta que su gestión le costó al Estado entre $50 a $60 millones al año a Tocumen”, defendió Varela la gestión del Ministerio Público.

Da la impresión de que Varela vivía convencido de que los proyectos de infraestructura de su administración convencerían al electorado en las próximas elecciones generales. Estaba apurado por terminarlos antes de las elecciones, y de continuar con la política de subsidios sociales.

“El otro año es año preelectoral, ganar la elección será lo más importante, también los niveles de liquidez que tenemos debemos evitar sacar más bonos por mientras”, recomendó Varela a Dulcidio.