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07 de Dec de 2019

Nacional

Las efectivas conexiones del sector privado con el poder

Algunos empresarios aprovechan su cercanía con el Ejecutivo para hacerse de contratos, licitaciones o que el mandatario interceda a su favor para que el Estado agilice los pagos pendientes. Una larga tradición de la que no escapó el gobierno de Juan Carlos Varela

Las efectivas conexiones del sector privado con el poder

Los nexos del sector privado con el poder, cuando son cercanos, representan un músculo que les aventaja del resto para influenciar decisiones a su favor: licitaciones, compras directas, designaciones en embajadas o consulados, nombramientos, contratos, escabullirse de trámites burocráticos, concesiones... Pareciera una cadena infinita de “favor contra favor” que, al final, definen los poderes económicos en el gobierno de turno.

Una gran parte de estas relaciones se cimientan desde la campaña política, a través de las donaciones que recibe el candidato.

En el portal Varelaleaks.com se revelan varias conversaciones entre el presidente Juan Carlos Varela y algunos empresarios que confirman la intromisión de los poderes económicos en la gestión pública, así como las “ayudas”, en ocasiones “protecciones”, que recibe la empresa privada del Ejecutivo. Por ser de interés público, este diario se permite reproducir algunas comunicaciones que supuestamente sostuvo Varela con varios interlocutores para ser contextualizadas.

Con Guillermo Liberman, representante de uno de los grupos económicos más poderosos de Argentina, presidente de Global SLI, que desarrolla gestión portuaria en Rodman, Panamá, en el puerto PSA Panama International Terminal, S.A. (PSA), el gobernante analizaba, a petición del empresario, poner una parada de la línea 3 del metro en el puerto para tener acceso peatonal a la estación. El presidente parecía dispuesto a arremangarse la camisa y echar la pelea económica por Liberman a raíz de sus diferencia con la competencia.

PSA mantenía una pugna económica con su vecino de enfrente, Panama Ports Terminal. En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reposaba una denuncia que había interpuesto el abogado Pedro Meilán por supuesto bien oculto contra Panamá Ports Company aduciendo la falta de pagos en concepto de dividendos que correspondían al Estado por parte de la empresa.

“El MEF ahí tiene una buena oportunidad. Pedro (Meilán) estuvo peleando dos años para conseguir los estados financieros. Dulcidio (De La Guardia, ministro de la cartera) no lo ayudó. De hecho lo demoró innecesariamente. Ahora puede pedir que amplíen el rubro de los llamados costos por servicio”, indicó Liberman al mandatario.

“Sí, lo vamos a ver”, respondió Varela que a lo largo de la conversación mostró un gran aprecio y respeto por el inversionista.

Liberman puso al tanto al mandatario de que la empresa Serviestiba, S.A. que brinda servicios a la industria, “cobra $17 dólares por movimiento, mientras que Mario Pérez Balladares les había cotizado $11”, esto representaría un ahorro para el Estado que es socio del puerto.

“Según Jaime Alemán, Morgan y Morgan (firma de abogados) recibe de Panamá Ports $3 millones al año”, explicó Liberman a Varela.

De acuerdo con Liberman, la empresa portuaria, su competencia, tenía “$725 millones en utilidades retenidas. Que te paguen $72.5 para el Estado”.

“Excelente, haré esa pelea”, le prometió Varela.

Ante las denuncias por inconstitucionalidad del puerto de PSA presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, Liberman recomendó al mandatario: “Le toca a Dulcidio hacer ahora y fiscalizar con una verdadera auditoría”, presumiblemente a su competencia.

Me pongo a sus órdenes

Desde el teléfono de “Berto Pérez”, un desarrollador accionista en Miramar Construction, el presidente Juan Carlos Varela recibe el siguiente mensaje: “según conversamos le reiteramos nuestro interés de participar en los proyecto que se vayan a licitar por el gobierno”.

A continuación enumera una lista de nuevos proyectos interesados en participar tomando como base que ya formaban parte del grupo de subcontratistas del programa Techos de Esperanza.

Como el anterior, cientos de mensajes recibió el móvil del presidente durante su gestión de allegados y otros no tanto, que buscaban en el poder alguna forma de hacer negocios.

“Seguro Berto, fue un placer, coordinamos por esta vía y nos reunimos”, respondió el mandatario.

Aparentemente el empresario logró que el presidente le agilizara una naturalización. Enseguida Pérez envió una serie de mensajes en los que se puso a su disposición y le ofreció la última tecnología en construcción para el proyecto Techos de Esperanza, además de otros más con saludos que Varela no respondió.

Empresas ligadas a Thaer Yaafar, amigo del presidente que fungió como ministro consejero del Ministerio de Seguridad, se beneficiaron con contratos que sobrepasaron los $17 millones como proveedores de equipos de seguridad y uniformes para el Servicio Nacional de Fronteras.

Varela designó al yerno y a la hija de Yaafar en el consulado de Londres, nombramiento que Yaafar prometió mantener en secreto: “un excelente lugar para ambos”, le dijo agradecido.

También intentó que el gerente del aeropuerto Internacional de Tocumen, Carlos Duboy, le concediera el local de Miami Grill, que pertenece a la empresaria Janeth Poll, amiga personal de Varela, porque estaba interesado en abrir un McDonalds, aprovechando que el local aún no había iniciado operaciones.

La forma en que Yaafar se puso a disposición del mandatario es muy curiosa, le ofreció sus servicios para cualquier otro cargo, “con gusto estoy para apoyar, si crees que directivo del Canal puedo ser candidato, eso me encantaría, si no, no hay problema acepto otro puesto donde te pueda apoyar, como siempre cuenta conmigo para lo que necesites”, insiste el empresario.

“Coordinamos”, respondió el presidente.

A finales de 2017, Yaafar cerró un trato con los nuevos dueños de Soho Mall con un apretón de manos para abrir un restaurante de comida rápida. Después de un tira y afloja por el valor del alquiler, el empresario supuestamente se sentía confiado del trato porque contaba con un empujón extra: “Ellos se van a alinear porque están apurados a que McDonalds abra y claro, viniendo de parte tuya ellos se van a bajar del bus...”, expresó Yaafar al mandatario.

Varela le recomendó que empezara a instalarse para poder inaugurar el local en diciembre de ese año.

El empresario firmó un convenio de colaboración con la Dirección General de Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia para que los más de 200 mil colaboradores del sector público recibieran un descuento por su compra en los restaurantes McDonalds durante su jornada laboral.

Pero al parecer la relación entre ambos no finalizó en los mejores términos.

Varela le manifestó su preocupación por el notado atraso de un proyecto que se ejecutaba en David, Chiriquí, y lo llamó a capítulo en la Presidencia.

Tres horas más tarde de la supuesta reunión, Yaafar le reiteró su agradecimiento por la amistad que los une desde hace 10 años.

En septiembre de 2018, Yaafar reclamó a Varela que a pesar de haberlo saludado tres veces él no le respondió el saludo.

En el tema del proyecto en David, el mandatario habría reclamado nuevamente a Yaafar que a pesar de haber adelantado $46 millones al contratista, el proyecto mostraba serios retrasos.

Yaffar insistió en que le esta exigiendo a la empresa y que cumplirán, “no pueden quedar mal”, zanjó el consejero.

Es complicado, reiteró el gobernante, aduciendo a los resúmenes que recibía informes que daban muy malos pronósticos.

Pago y pago

Janet Poll, empresaria y amiga personal de Varela, pasaba por momentos angustiosos en su negocio del grupo Machetazo. Las ventas habían bajado un 6% en comparación al año anterior, le habían dado de baja en el Portal Panamá Compra con lo que prácticamente la excluían como proveedora, y además, el gobierno le debía $8 millones en cuentas atrasadas del 2015-16.

“Ayúdanos para ver cómo nos pagan las cuentas que nos tienen ahorcados de vuelta, necesito un empujón tuyo, pues ya hemos ido a reuniones en el MEF y nos ayudan, pero cuando va a otros lugares ahí se queda”, que quejó Poll.

“Haré lo que he hecho desde el primer día, apoyarte en todo y siempre será así”, fue la respuesta de Varela.

No obstante, Poll tuvo que insistir por el pago, pues aún después de las palabras de Varela, las cosas no caminaban. Desde abril, tampoco había podido superar el tema de Panamá Compra.

Pero Varela también tenía una cuenta pendiente con la licorera de la empresa familiar del mandatario a la que Poll adeudaba $350 (mil).

“Págalas al día plisss y ayúdales”, le rogó Varela.

Aún con la comprometida situación financiera del país, que registraba un déficit fiscal importante, había indicios de que el gobierno hacía compras con sobreprecios.

Poll se lo hizo saber a Varela, mientras estuvo desactivada en Panamá Compra, el gobierno adquirió 28 unidades de camión volquete que adjudicaron a una distribuidora pagando $13 mil más por cada unidad, haciendo un total, según la nota mostrada a Varela, de $317 mil.

“Tú sabes que yo no estuve de acuerdo con esa desactivación”, recalcó Varela.

“Ya ustedes están reactivados, así que veré cómo hago para que se los compren”, aclaró Varela.

Entre 2014-2017, el Gobierno adquirió de la empresa Bering Motors, vinculada al grupo Machetazo, más de 400 buses de pasajeros por un monto que sobrepasó los $21 millones.

Bajo un convenio marco, sin la necesidad de acudir a una licitación, el grupo económico también se benefició con compras de bonos para el programa Barrios Seguros que impartía el Ministerio de Seguridad a través de la Compañía Goly, relacionada a su grupo empresarial.

Poll solicitó a Varela que mantuvieran a un notario en su puesto porque era una “persona intachable” y le ayudaría a entregarle un informe de todo lo que se ha hecho ahí, pero estaban a punto de cambiarlo.

“Lo siento mucho Janet, ya esa decisión se tomó, a mí no me interesa ningún negocio, y menos de ese tipo”, contestó Varela.

El presidente indicó la semana pasada que los chats de su móvil tienen alteraciones, pero admitió su autenticidad. No se ha pronunciado nuevamente sobre el tema, excepto la publicación de un chat amenazante que había recibido en su celular y para lo cual autorizó a la abogada Alfreda Smith para que en su nombre interpusiera una denuncia. Este diario investigó que la abogada Smith forma parte de la planilla permanente del Ministerio de la Presidencia desde el 1 de septiembre de 2016 con un salario mensual de $3 mil.