Crearán comité multisectorial para impulsar la movilidad eléctrica en Panamá

Un expedito acuerdo entre representantes del sector público y privado se logró para la instalación de un Comité multisectorial como primer paso hacia la electrificación del sector vehicular panameño, liderado por la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

Los asistentes a la invitación por el titular de la SNE, Jorge Rivera Staff, reconocen la tendencia mundial a migrar hacia la movilidad eléctrica, y por ende buscan acelerar su penetración en Panamá para de manera proactiva, generar menos emisiones en el sector transporte, hoy día situado en un 51%, y usar de forma eficiente y racional la energía, tal y como se define en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, aprobada en octubre pasado.

"La movilidad eléctrica es parte fundamental de la Agenda de Transición Energética que llevaremos adelante en el corto plazo", explicó Rivera Staff, quien agregó que uno de los retos es mover instrumentos financieros como mecanismos para activar el mercado de vehículos eléctrico y la economía" recalcó.

Igualmente, Staff alegó que la electrificación de vehículos inicia con la fuerza en las semanas siguientes, y con el apoyo de los principales representantes a nivel nacional, para alcanzar las metas trazadas al 2030; sin embargo, afirmó que todos los cambios tecnológicos, deben darse de manera gradual, para sostener su éxito.

Por su parte, Gustavo de Luca, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles en Panamá (ADAP), recalcó la importancia de revisar y hacer ajustes a los incentivos tributarios para estimular la compra y uso de vehículos eléctricos, como otra medida estratégica para la disminución de la alta contaminación ambiental que genera el transporte en nuestro país.

Con miras a priorizar una infraestructura de carga de vehículos eléctricos y suplir las necesidades de la demanda, en su momento se analizará la normativa adecuada que regirá los puntos de carga tanto en zonas urbanas como en carreteras, destaco Daniel Mina.

Mina, agregó que existen diversas opciones para el ajuste de la infraestructura necesaria, que garanticen la estabilidad del sistema tarifario, así como la seguridad, la estandarización y operatividad de los puntos de carga públicos y privados dentro la reglamentación que se definirá. Deberá gestionarse acciones con los prestadores de energía y entes locales para desarrollar la infraestructura existente, que asegure la oferta de energía destinada a la carga de vehículos eléctricos.

A manera de conclusión, la citada reunión trazó líneas de acción inmediatas, primeramente, la conformación del Comité que pondrá a andar propuestas sobre instrumentos regulatorios y de política; instrumentos económicos y de mercado; así como el desarrollo de condiciones de infraestructura, aspectos sobre regulación para la carga de vehículos, como temas prioritarios.

La estrategia la componen actores del sector público y del privado, quienes participaron en las discusiones que dieron forma a esta estrategia, entre ellos destacan: la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), MiBus, MiAmbiente, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), BYD, ABB Panamá, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), TRASERVI, Banco General, ASSA, Bavarian Motor, Honda Panamá, Celsia, la Casa de las Baterías, el Municipio de Panamá, el Panamá Green Building Council (PGBC), Electrobike y el Instituto Técnico Superior Avanzado, entre otros.

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) con el apoyo de ONU Medio Ambiente y Euroclima+ presentan la primera estrategia nacional de movilidad eléctrica para beneficio de todos los panameños.

La estrategia propone medidas en cuatro áreas fundamentales - gobernanza, normativa, sectores estratégicos y educación -, así como la creación de un marco legal que incentive y estimule la introducción en el mercado de los vehículos eléctricos e híbridos para el transporte privado y público (selectivo o masivo).

De cumplirse lo estipulado en esta hoja de ruta nacional, se habilitarían las condiciones para alcanzar las siguientes metas en el año 2030: