Familiares de West Valdés denuncian que les pidieron dinero por su libertad

West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, detenido en el centro penitenciario El Renacer desde enero de 2017, fue visitado por varias personas durante la  administración del presidente Juan Carlos Varela y mientras Kenia Porcell fungía como Procuradora de la Nación, para pedirle dos cosas a cambio de su libertad: dinero o que involucrara a otras personas en el caso. 

En conferencia de prensa realizada la mañana de hoy por su equipo de defensa y familiares, su esposa Berena Bozzi, se armó de valor y develó lo que había callado por más de dos años. Las visitas fueron de distintas personas, de las que no mencionó nombres, pero aseguró que en una primera ocasión le solicitaron $650 mil dólares a cambio de su libertad.  Un hecho que asoció al antes mencionado por otros procesados como el  club de la "Taquilla", y que denunciado por este medio en la investigación periodística "La mano paralela de la justicia", publicada en octubre de 2018. En este trabajo, se reveló la forma en que se armaron casos en el Consejo de Seguridad y que luego pasaban al Ministerio Público, gracias a la asesoría penal de un abogado particular de Varela, Rogelio Saltarín.  

En otras ocasiones, según Bozzi, casi como un guión prefabricado, se acercaron a su marido para solicitarle que firmara declaraciones en las que involucraba a otras personas en el caso. En ambas oportunidades se negó. 

Así narró Bozzi los hechos: “Bajaron después la tarifa a $350 mil y les dijimos que tampoco, y que no nos busquen más. Sin embargo, fueron dos cosas, el tratar de involucrar con la firma de mi esposo otras personas en el caso y pagar por libertad”, manifestó Bozzi.

Por estos hechos, la familia y el equipo legal áun no han interpuesto una denuncia, pues se encuentran centrados en la libertad de Valdés. No obstante, hicieron un llamado al Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, para que nombre una comisión que realice una auditoria a su caso para identificar las falencias. Aseveran que se trata de una investigación amañada por manos externas al Ministerio Público, que intervinieron para mantenerlo preso por más de tres años a pesar de que el Código Penal establece un máximo de prisión preventiva de un año, y ninguno de sus casos han sido declarados causa compleja.