Esposa de West Valdés denuncia que les pidieron dinero a cambio de libertad

West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, tiene tres años con 18 días preso sin que la justicia haya determinado su culpabilidad o inocencia.

En conferencia de prensa realizada ayer por la mañana, familiares y su equipo legal revelaron que cuando fue detenido, durante la administración del presidente Juan Carlos Varela y Kenia Porcell como procuradora, recibió la visita de varias personas que le prometían la libertad a cambio de dos cosas: que pagara $660 mil o que firmara una declaración en la que involucraba a otras personas en los casos causantes de la privación de su libertad, sin especificar cuál de los procesos que surte legalmente Valdés.

Esta visita fue narrada por su esposa, Berena Bozzi, quien se armó de valor y denunció la irregularidad que en previas notas ha sido mencionada por este diario, de boca de otros procesados a quienes durante la administración Varela se les chantajeó la libertad a cambio de dinero, o que recibieron beneficios en su proceso por involucrar a quien le solicitaba el oferente.

Bozzi añadió que le pidieron en dos ocasiones dinero, a través del famoso club de “La Taquilla”, que aún no ha sido investigado por el procurador Eduardo Ulloa. La primera vez le solicitaron $660 mil para liberarlo. West no quiso pagar; Bozzi explica que no había dinero. Entonces volvieron con una oferta más baja, de $300 mil, que tampoco quiso caer en el chantaje.

“Bajaron la tarifa a $350 mil y les dijimos que tampoco y que no nos busquen más. Sin embargo, fueron dos cosas, el tratar de involucrar con la firma de mi esposo a otras personas en el caso y pagar por libertad”, dijo Bozzi.

El equipo legal y los familiares de Valdés no se atreven a interponer una denuncia por los graves hechos denunciados, pues manifiestan que aún no observan grandes cambios en la gerencia del Ministerio Público (MP).

Alfredo Vallarino, abogado presente en la conferencia de prensa, remató que personalmente fue testigo de varias personas “que fueron sometidas a presiones, les exigieron plata por un lado, les ofrecían que vinieran ciertos abogados específicos que les cobraban sumas de dinero importantes para llevarles los casos”. Esos abogados, dijo, venían referidos desde el Consejo Nacional de Seguridad o directo desde la Presidencia. “ Estoy esperando el momento adecuado, hemos puesto algunas denuncias, pero ya el Ministerio Público debería estar saltando sobre ello, porque el caso de Caja de Ahorros estaba en las investigaciones del abogado Rogelio Saltarín”, a quien contrató la Presidencia durante la gestión Varela para armar los casos penales donde supuestamente había corrupción. “No se ha investigado nada, a pesar de que son públicas las conversaciones entre Varela y Porcell”, zanjó Vallarino.

Enseguida, invitó a todos aquellos que hayan sido víctimas del club de La Taquilla a denunciar los abusos de los abogados que formaban parte del grupo, pues es un hecho más que probado por los Varelaleaks “cómo específicamente nombraban a una abogada de alto perfil para que se hiciera cargo de los casos y el Presidente (Varela) la refería para que hiciera los acuerdos con los acusados. Aquí no es un secreto que el abogado particular de la procuradora Porcell fue el abogado de Odebrecht, logrando ciertos acuerdos”, exclamó Vallarino.

En enero de 2017, West Valdés fue detenido en República Dominicana, una semana después de que contrajera nupcias con Berena Bozzi, detención que a juicio de sus abogados se realizó de forma ilegal, con el propósito de que respondiera a la justicia por el caso de la Caja de Ahorros. A la postre, el Tribunal Superior de República Dominicana declaró ilegal la expulsión del citado, por no respetar los canales jurídicos correspondientes. Valdés tiene tres años con 18 días preso, en violación a lo que establece el Código Penal, que declara un año de prisión preventiva a quien se le investigue por un caso.

La defensa explicó durante la conferencia de prensa que el exdirectivo está preso en el centro El Renacer por el caso de la Caja de Ahorros y el proceso en su contra conocido como Financial Pacific, una derivación del primero que le acusa de blanqueo de capitales por un dinero que salió de la entidad bancaria para tapar un desfalco en la casa de valores en el año 2012. Dicho dinero provenía de un préstamo que giró la entidad bancaria a favor de la empresa HPC Contratas –P&V, encargada de la construcción del centro de convenciones en Amador.

La empresa se ganó la licitación y una parte de los $9 millones que adelantó la Caja de Ahorros se empleó para pagar el desfalco. Sin embargo, los deudores hicieron frente al préstamo que pagaron con intereses. Por este caso dos tribunales han declarado que no hubo delito en los hechos que investigó la fiscalía Anticorrupción alegando peculado. Y por este proceso Valdés fue relacionado al caso de la Caja de Ahorros, supuestamente por blanqueo de capitales.

Todos los señalados en el caso de la Caja de Ahorros fueron sobreseídos, incluyendo a Valdés, pero él es el único a quien le concedieron una medida de país por cárcel, aunque sigue preso supuestamente por blanqueo de capitales.

Sus abogados alegan que al no haber un delito precedente, como el de peculado, no puede haber blanqueo de capitales como delito.

Hermes Quintero, abogado de Valdés, dijo que ha presentado dos solicitudes de modificación de la detención preventiva, “en este caso no hay causa compleja en ningún caso, existe solo una prórroga de investigación de seis meses para concluir la etapa del sumario. La detención es ilegal porque viola el Código Procesal Penal que establece que la detención preventiva solo debe ser por un año”, manifestó.

También solicitaron al procurador Ulloa que nombre una comisión para que investigue las irregularidades que se presentaron en este caso y se determine la culpabilidad o inocencia de su cliente.

El exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific tiene tres procesos penales en su contra, de los cuales el de la Caja de Ahorros ya fue fallado por dos tribunales con sobreseimiento definitivo.

Aunado a lo anterior, la Superintendencia del Mercado de Valores interpuso una denuncia penal en contra de Financial Pacific que se encuentra en el escritorio del juzgado penal número 18, quien otorgó a la fiscalía seis meses adicionales para desarrollar la pesquisa. Dicho expediente ha sido solicitado por el Juzgado Séptimo como parte de una acumulación de causas. En este caso, los tribunales aún no resuelven una petición de cambio de medida cautelar.

Valdés tiene pendiente por aclarar un proceso de estafa agravada presentado por Caye Bank que se encuentra radicado en el juzgado 12, y cuya audiencia preliminar está programada para el mes de abril 2020. Tiene pendiente la resolución de un habeas corpus reparador.

En este proceso también se interpuso un cambio de medida cautelar pero le fue negada, acción que apeló la defensa del exdirectivo y se concedió el recurso. El expediente fue enviado al Segundo Tribunal Superior para resolver la apelación.