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06 de Jul de 2020

Nacional

Panamá reglamenta la suspensión de los contratos de trabajo por coronavirus

Los contratos de los trabajadores de empresas que hayan sido cerradas como medidas preventivas al Covid-19  se considerarán suspendidos

En imágenes: la huella 'comercial' del virusRoberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Gobierno de Panamá reglamentó la disposición legal establecida en el artículo 199 del Código de Trabajo, numeral 8, sobre la suspensión de los efectos del contrato laboral, por caso fortuito o de fuerza mayor, debido al Estado de Emergencia declarado en el país, por la pandemia del Covid-19.

El Decreto Ejecutivo N° 81, del 20 de marzo de 2020, establece que los contratos de los trabajadores de empresas que hayan sido cerradas como parte de las medidas preventivas de las autoridades gubernamentales se considerarán suspendidos.

El procedimiento de formalizar la suspensión de los contratos se realizará de forma digital, enviando los documentos solicitados, en formato PDF a la dirección de correo electrónico solicitudes@mitradel.gob.pa, habilitada desde el viernes 20 de marzo.

La reglamentación establece que los trabajadores no estarán obligados a prestar servicios, ni los empleadores a pagar.

Aclara el Decreto que la situación no representa el término de la relación laboral, al día siguiente de la suspensión del Estado de Emergencia, los trabajadores podrán volver a sus puestos a realizar sus jornadas de manera regular y el impedirlo será considerado como un despido injustificado.

Las personas a las que se le hayan suspendido el contrato serán incluidos en la lista de beneficiarios de los programas que establezca el Órgano Ejecutivo para mitigar la falta de ingresos económicos mientras duren las medidas de protección sanitaria. Durante el tiempo de suspensión, los trabajadores beneficiarios podrán utilizar los servicios médicos habilitados en la Caja del Seguro Social (CSS).

El gobierno ordenó a partir de las 11:59 pm de este viernes el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de personas naturales o jurídicas en todo el país durante 30 días.

Los comercios que se exceptúan son todos los relacionados a la producción, distribución comercialización y venta de alimentos, medicamentos y equipos de seguridad.