Procurador González pide el retiro de proyecto que modifica Ley de Carrera Judicial

El Procurador de la Administración y coordinador de la Comisión del Pacto del Estado por la Justicia, Rigoberto González pidió al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el diputado Leandro Ávila el retiro del proyecto de ley 239 que adiciona y modifica artículos a la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 que regula la Carrera Judicial.

A través de una nota dirigida a Ávila, el procurador González le informó que las diversas organizaciones que integran el Pacto de Estado por la Justicia, han iniciado una fase de evaluación del proceso de implementación de la Carrera Judicial conforme lo que establece la Ley 53 teniendo la oportunidad de escuchar las quejas de los servidores judiciales que actualmente están incorporados a los despachos del Sistema Penal Acusatorio, quienes no se sienten conforme con la aplicación de esta ley.

De igual manera, González comunicó a Ávila que el Pacto de Estado por la Justicia mantiene pendiente una reunión con el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, quienes tienen la responsabilidad de la ejecución del proceso de implementación de dicha ley, la cual no se ha podido realizar por motivos del estado de emergencia que vive el país.

González pidió a Ávila, como presidente de la Comisión de Gobierno y por la importancia del tema, interponga sus buenos oficios con la finalidad que dicho proyecto de ley sea retirado de la discusión con miras a producir una mayor consulta con las partes y técnicas interesadas, de manera que se pueda obtener un mejor y sano criterio en el debate, una vez el país logre superar la grave crisis que enfrenta.

El proyecto de ley 239, presentado por la diputada Berta Moreno, suplente del diputado Nelson Guardia, busca modificar la actual Ley de Carrera Judicial, a fin que los funcionarios con experiencia, conocimientos en la materia y las competencias funcionales propias del cargo, que han estado desempeñado posiciones dentro del Órgano Judicial por muchos años de manera eficiente y responsable, que su estabilidad no se ve afectada al momento de implementarse la Ley 53 de 27 agosto del 2015.

En su sustentación, Moreno planteó que de no darse esta modificación, la institución perdería un recurso humano valioso, que asegura ha acumulado una experiencia invaluable para el perfeccionamiento profesional del Órgano judicial, siempre que obtengan evaluaciones satisfactorias.

Justamente el pleno de la Asamblea Nacional inició este jueves la discusión en segundo debate de este proyecto de ley, sin embargo, luego de algunas intervenciones de funcionarios judiciales, la sesión se cerró por falta de quórum.

La magistrada Ana Zita Rowe, explicó que el proyecto, según su proponente, busca subsanar situaciones de orden reglamentario.

No obstante, indicó que la propia Ley de Carrera Judicial es la que consigna la igualdad de oportunidades como principio, por lo que consideró que “carece de sentido proponer una reforma de ley cuando esta ya en realidad tiene consignado el principio de oportunidad”.

Expresó que las personas que se sienten afectadas por un procedimiento de selección de los concursos, en torno a cuál iba a ser por traslado o ascenso y cuál por concurso abierto; sienten que se les vulnera un derecho, porque ellos tienen varios años de estar desempeñando sus puestos.

“Estas personas que han provocado la inquietud de muchos ciudadanos y de muchos diputados, tienen años de estar desempeñando el cargo por el cual quieren aspirar, en virtud de que ellos fueron designados interinamente al tiempo en que no se puede implementar la ley de carrera judicial por falta de presupuesto. “Institucionalmente tiene que resolverse esa situación”, precisó.    

El procurador González ya había remitido una nota a la Presidenta del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, la magistrada Margarita Centella González, adelantando algunas consideraciones emitidas en reunión con los magistrados de apelación en el que miembros del Pacto de Estado por la Justicia, consideraron que pudieran  existir algunas inconsistencias entre la Ley 53 de 2015 y el Reglamento de la Carrera Judicial que podrían afectar derechos adquiridos de los funcionarios judiciales, particularmente los que han estado prestando el servicio en el Sistema Penal Acusatorio.

"Ante estas posibles inconsistencias pueden existir afectaciones que pueden alejarse del deber de todo funcionario de incorporar el control de convencionalidad en lo referente a la estabilidad de los funcionarios judiciales, de la misma manera , hay posibles indicios que el reglamento en algunos aspectos, sobrepasa conceptos y principios consagrados en la Ley de Carrera", destacó González.