Auditarán el programa Panamá Solidario

El programa Panamá Solidario, que desarrolla el Gobierno para ayudar a las personas afectadas por el nuevo coronavirus, será sometido a una auditoria social por parte de la Contraloría General y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Panameña.

El contralor, Gerardo Solís, y el presidente de la Confederación Episcopal Panameña, Rafael Valdivieso, firmaron un convenio de cooperación y de apoya para realizar la auditoria.

La auditoría social busca que el programa Panamá Solidario cumpla con sus objetivos de llegar a la población más vulnerable, sin discriminación, ni partidismo político, ni intereses particulares.

Además de que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de la vigilancia de los recursos públicos para el bien común, en esta ocasión la veeduría de la entrega de bonos y bolsas de comida, explicó la Contraloría en un comunicado.

La Conferencia Episcopal, a través de la Comisión de Justicia y Paz, hace un llamado a los voluntarios de la Iglesia católica para que participen de la auditoría de las bolsas de alimentos y del bono económico social que se distribuyen a nivel nacional.

Para cumplir con este convenio, la Iglesia católica creará equipos de profesionales voluntarios en sus diócesis para establecer líneas de acción que garanticen una veeduría ciudadana en el marco de la ley y cuidando que los recursos del Estado sean bien utilizados, indicó la Contraloría en la nota de prensa.

Esta auditoría complementará, añade, las tareas que realiza la mesa social en la implementación y desarrollo de los planes para mitigar, temporalmente el impacto económico causado por la pandemia del coronavirus, especialmente en poblaciones vulnerables, en las familias panameñas y extranjeros que han perdido sus fuentes de ingreso.

La Contraloría habilito para uso exclusivo de la auditoría social una sección en su página web para el ingreso de denuncias y aportar evidencias de irregularidades que se puedan presentar en todo el territorio del país.

La ciudadanía, en cualquier punto del país, podrá formular sus denuncias a los auditores sociales, aportando pruebas mediante fotos, videos y testimonios; además debe identificar el sitio, fecha y personas involucradas, señaló el comunicado.

Admitida una denuncia debidamente sustentada, la primera acción será enviar una carta de advertencia a las autoridades locales, primeros responsables de velar por la distribución equitativa de las bolsas de alimentos y bonos solidarios y posteriormente se iniciará una investigación con las probables consecuencias jurídicas y patrimoniales.