Una reapertura económica y el comportamiento sociocultural de un país

El criterio de reaperturas debió ser de gradualidad. Gradualidad que debe considerar la heterogeneidad, tanto socioeconómica como regional del país. Sin embargo, hay que considerar que la pandemia atraviesa una realidad-país que se caracterizaba por un bajo crecimiento en contextos de alta desigualdad y vulnerabilidad social. Una breve aproximación a esta realidad antes del Covid-19, muestra que la desocupación rondaba entre el 6.4% al 7%, y la informalidad entre el 40%-45%. A su vez, la pobreza multidimensional alcanzaba alrededor de 800 mil personas (19,1%). Reabrir demasiado lento y frenar la economía o reabrir demasiado rápido y crear condiciones para una ola de rebrote epidémico, son consideraciones que debe presidir cualquier criterio de reapertura. Sin embargo, salud o economía parecen por lo pronto falsos dilemas. Como manifiesta el Nobel de Economía Paul Krugman: “¿De qué sirve aumentar el PIB si te mata?”. Significa, en otras palabras: la pérdida por haber parado actividades no esenciales se compensa con el beneficio económico de haber salvado vidas gracias al aislamiento.

La sociedad panameña es diversa, heterogénea. No solo en lo regional-espacial, también en lo comunitario (corregimientos). Todo atravesado por fuertes diferencias socioeconómicas y culturales. La llamada zona de tránsito, esto es, el Panamá metropolitano (Panamá centro y parte del Panamá oeste) guarda diferencias socioculturales (existenciales) y económicas con el resto del país. De igual manera, al interior de ese Panamá metropolitano hay diferencias sustanciales. Sin embargo, la política sanitaria en su orientación de acción ha sido bastante homogénea, no consideró de manera suficiente estas diferencias. Ello se contrapone a las diversas orientaciones de acción tanto individuales o grupales (comunitarias), que por sus características son heterogéneas, y marcan asimetrías muy fuertes en sus corregimientos. Si bien hay zonas de emergencia (20 corregimientos), la política sanitaria tiene que especificarse más. Observamos que son los sectores y comunidades más vulnerables donde se focalizan los conglomerados de contagiados. Todo esto tiene que ver con la problemática sociológica de la receptividad de directivas y su base socioeconómica y cultural necesaria para actuar en consecuencia con una política sanitaria. Una acción educativa se imponía.

El aspecto normativo del uso obligatorio de la mascarilla y la sanción inherente a su incumplimiento forman parte del tema cultural del país. Sin duda que una medida de esa naturaleza se toma siempre en el límite de lo que significa el riesgo de la transmisión comunitaria. El sentimiento de libertad que puede albergar el no llevar la mascarilla, no puede estar por encima de la seguridad sanitaria de una población. Este es el contexto en el que hay que evaluar la medida.

Panamá no es el único país que ha adoptado las medidas de entrega de alimentos y de transferencias monetarias dirigidas a sectores u hogares vulnerables como producto del cese de actividades económicas, formales o informales. Son cerca de 13 países de América Latina y el Caribe los que han implementado acciones iguales o similares. Sin embargo, hay diferencias en las acciones de “rescate” por parte del Estado, por ejemplo Guatemala ($392), Costa Rica ($220), Perú ($224), Argentina ($154) y Paraguay ($338). Como sabemos, en nuestro país ha sido de $80, monto absolutamente insuficiente si se considera que la canasta básica en los distritos de Panamá y San Miguelito está en $310.38 o más. Pese a lo insuficiente del aporte del Estado, no hay iniciativas que signifiquen implementar políticas universales, redistributivas y solidarias, como recomienda en este momento la Cepal. Es el enfoque de derechos, “para no dejar a nadie atrás”, lo que debe orientar las políticas públicas. Las medidas a diseñar y ejecutar no solo deben estar inscritas en la coyuntura (bolsas con comida, bonos y vale digital), deben articularse con otras de mediano y largo plazo. Sin embargo, no se visualiza esa articulación con un plan económico social estratégico. Todo está circunscrito hasta ahora a la reactivación empresarial, que es necesaria, pero insuficiente.

La cuarentena y su relación con los llamados “cercos sanitarios” está determinada por la cuestión del “distanciamiento físico social”; y con ello volvemos al tema de la reapertura de las actividades económicas: con qué velocidad deben ocurrir y cuál es el costo a medir, humano o monetario. Tengo la impresión que el tema del denominado “equilibrio” de componentes, esbozado por el gobierno, sigue una lógica que por momentos tiene profundidad; en otras es plana. Si los bloques en su activación guardan gradualidad entre sí, la cuarentena debió caminar a la par. No obstante, hay una asimetría entre la gradualidad de la apertura de bloques, el levantamiento de la cuarentena sin gradualidad y un indiscriminado bloqueo a la circulación por el territorio.

No. La reapertura de las actividades económicas parece darse cuando los contagios alcanzan las cifras más altas, y de espaldas a la preocupación expresada por los gremios médicos ante la posibilidad de que el sistema de salud colapse. Nadie niega la importancia de la economía para el país, pero cuando las decisiones parecen tomarse bajo criterios exclusivamente económicos, la vida misma peligra.

Dos elementos nos pueden ayudar a comprender el proceder de los panameños durante los últimos días y frente a las recomendaciones de Salud. Por un lado, el innegable individualismo y la poca solidaridad de quienes no requiriendo salir de sus hogares, lo hacen y no siguen las medidas, exponiendo su vida y la de otras personas; por otro lado, la precariedad que se impone a la clase trabajadora que está reintegrándose a sus trabajos, viéndose forzados a utilizar una flota insuficiente y deficiente de transporte público. No es una cuestión de mentalidades solamente, como se ha querido hacer ver, las condiciones materiales se imponen para una gran parte de la población.

Los momentos de crisis ponen a prueba el tejido de las sociedades; estamos apelando a la solidaridad, al autocuidado y al cuidado de otros, en una sociedad que ha sido educada para el individualismo y la competencia. Si bien factores económicos pueden estar incidiendo en que algunos sectores de la población no tengan acceso a las mascarillas, también hay quienes –al no considerarse a sí mismos como poblaciones en riesgo de contagio–, hacen caso omiso de las medidas, colocando en riesgo a sus pares. No hay sentido de comunidad, de colectividad.

Ha sido evidente el descontento de una parte importante de la población que no recibió el bono ni las bolsas con comida, incluso hay quienes han señalado corrupción en la repartición de las ayudas sociales. Además de las quejas generalizadas por el contenido irrisorio de las bolsas, en comparación con los bonos de $80, por dar un ejemplo, en comunidades rurales de Boquete las bolsas recibidas por familias de hasta cinco miembros, por parte del Gobierno no sumaban $20 y la mayor cantidad de apoyo ha llegado por autogestión de la comunidad junto con los representantes de corregimiento.

Sí. Creo que es necesario considerar que actualmente existen comunidades que representan focos de contagio importantes, mientras que otras han controlado el alcance del Covid-19 en sus territorios; así como la enorme desigualdad entre lo rural y lo urbano, respecto a recursos, infraestructura y personal de Salud para hacer frente a una crisis. Me parece vital que las decisiones se tomen de forma diferenciada, con una visión más amplia de las realidades de cada territorio.