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21 de Sep de 2020

Nacional

Denuncian a la ministra de Salud por restricciones de movilidad 'discriminatorias'

La acción penal señala supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos

Ministra de salud
Rosario Turner, ministra de SaludArchivo | La Estrella de Panamá

Una denuncia penal por los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos fue interpuesta por el abogado Roberto Ruíz Díaz contra la ministra y viceministro de salud —Rosario Turner y Luis Francisco Sucre— por las restricciones de movilidad impuestas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a partir de este lunes 8 de junio de 2020, mediante la Resolución 492.

"Querer gobernar y estar en los cargos de responsabilidad no es solo para figurar y estar en eventos sociales. Es tener que asumir las consecuencias de actos y políticas públicas por acción u omisión. Es dar la cara a los problemas afrontando realidades y no buscando responsables", dijo el jurista a través de la su cuenta de Twitter.

El abogado alega que las acciones de los funcionarios son "discriminatorias y carentes de validez" por lo que solicita se les separe de sus cargos mientras se investiga y que se les sancione conforme a la legislación vigente. A su juicio, las decisiones de los funcionarios no tienen sustento jurídico ni de salubridad.

Ruíz Díaz alega que la titular de la cartera de Salud se extralimitó en sus labores considerando que una resolución ministerial no puede estar por encima de un decreto ejecutivo, que firma el presidente del país.

"La potestad reglamentaria para dictaminar, cambiar, modificar o alterar el contenido de un Decreto Ejecutivo es por medio de otro administrativo del mismo nivel jerárquico", sostuvo el abogado.

El 24 de marzo de 2020 se dictaron restricciones de movilidad en todo el territorio nacional, que posteriormente fueron modificadas para establecer un toque de queda a partir del 1 de junio de 2020, por decretos emitidos por el Órgano Ejecutivo y firmados por el presidente Laurentino Cortizo y la ministra Turner.

Según la denuncia, las acciones de los funcionarios afectan los derechos fundamentales y van en contra de las disposiciones constitucionales, que consagran el libre tránsito, derecho de reunión, de trabajo, entre otros, de un millón de habitantes que residen en ambas provincias.

El aumento de los contagios por el nuevo coronavirus forzó a las autoridades de salud a restringir nuevamente la movilidad de la ciudadanía para evitar el colapso del sistema de salud —que está a un 90% de ocupación, indicó este domingo el coordinador de Cuidados Intensivos y miembro del Comité Asesor por Coronavirus del Minsa, Julio Sandoval— y más muertes producto de la enfermedad.