Albergues de migrantes en Panamá todavía tienen un alto grado de hacinamiento

Actualizado
  • 09/07/2020 17:22
Creado
  • 09/07/2020 17:22
La falta de espacio no permite un distanciamiento físico recomendado por autoridades para evitar propagar la covid-19, dijo la defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo, Maribel Coco, manifestó que si bien el Estado panameño ha realizado algunas acciones para mejorar las condiciones de los albergues temporales de migrantes, los mismos todavía presentan un alto grado de hacinamiento, lo que no permite el distanciamiento físico recomendado por autoridades para evitar la propagación de la covid-19.

"Nosotros hemos dados nuestras observaciones sobre algunas situaciones que no vemos correctas en materia de Derechos Humanos dentro de estos albergues, hemos recomendado por ejemplo de la estación de migrantes de Peñitas, sea trasladada a la población de Nicanor, ya que actualmente se encuentra cerca del río y estamos en época de lluvia", manifestó Coco, quien estuvo acompañada por la directora de Asuntos Internacional, Anahí Quintero.

La defensora del Pueblo interina participó de una audiencia virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual el Estado panameño tenía previsto informar sobre las acciones que ejecuta para no violentar los derechos humanos de las personas migrantes en los albergues, tomando en cuenta las recomendaciones que la CIDH le dio a Panamá, a través de la sentencia en el caso Jesús Vélez Loor.

El ecuatoriano Jesús Vélez Loor, fue detenido en 2002 por el Servicio Nacional de Migración de Panamá y torturado tras ser acusado supuestamente de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tras acudir acudir a la CIDH, en la cual demandó al Estado panameño, este ganó el caso, y el organismo internacional emitió un fallo condenatorio contra Panamá en 2010, con algunas recomendaciones.

No obstante, Vélez Loor ha insistido en que la investigación que inició Panamá para encontrar a los responsables de las torturas sufridas, no ha avanzado como esperaba.

En la audiencia, dirigida por la magistrada de la CIDH Elizabeth Odio Benito, busca que el Estado panameño no cometa las mismas acciones en materia de Derechos Humanos con la población migrante, como se dio en el pasado en el caso del ciudadano ecuatoriano.

Durante el desarrollo de esta audiencia tanto los representantes de Vélez Loor, como representantes del Gobierno de Panamá, tuvieron la oportunidad de presentar sus posiciones sobre esta materia.            

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