Autoridades advierten de que negociaciones con afectados por MiBus deben ser individuales

Actualizado
  • 21/10/2020 17:20
Creado
  • 21/10/2020 17:20
En la reunión se admitió que le corresponde al Consejo de Gabinete aprobar la indemnización para los afectados

La Procuraduría de la Administración, representada por Harley Mitchell, y el Ministerio Público, representado por el fiscal del circuito de asuntos, Juan Lorenzo; advirtieron que las negociaciones o reclamaciones de indemnización pro afectados del sistema de transporte MiBus, deben ser individuales y los acuerdos se deben aceptar de quienes quieran acogerse a esta figura. 

La sugerencia de ambos funcionarios se dio durante una reunión de seguimiento por parte del defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, con las partes legales involucradas, para definir los pasos a seguir en la mediación de unas 28 reclamaciones de indemnización por parte de usuarios afectados por accidentes en el sistema de transporte MiBus. 

En ese sentido, los representantes de todas las instituciones presentaron sus aportes para garantizar que cada demandante reciba su indemnización o que se llegue a acuerdos favorables para ambas partes.

El representante del Ministerio de la Presidencia, Raúl Sutherland, aseguró que estas indemnizaciones deben ser vistas como un concepto humano y se toma como ejemplo el caso del accidente del helicóptero SAN 100 que, aunque no fue tratado como indemnización, se logró un apoyo económico humanitario a los familiares.

Por su parte, la representante de MiBus, Lina Zamora, señaló que la empresa está tratando de encontrar una solución jurídica a ese tema, a la vez que recibe como recomendación que se mantengan en la negociación para buscar un acuerdo y llegar a un finiquito con cada caso.

El ombudsman precisó que si la estructura jurídica de MiBus no funciona, hay soluciones legales que permiten hacer algo sobre cada tema. La idea es no seguir en conflicto y buscar los mecanismos para subsanar la situación.

El defensor del pueblo concluyó que conversará con el contralor de la República, según sea cada caso, a fin de que determine los refrendos, ya sea previos o a posteriori, a la vez que se reconoce que le corresponde al Consejo de Gabinete aprobar al final la indemnización.

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