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01 de Dec de 2020

Nacional

Aumentan acciones judiciales contra medios

Informe de Panamá ante la SIP refleja un aumento de acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación como mecanismo de autocensura. Cortizo ratificó su compromiso con la libertad de expresión, firmó la Declaración de Chapultepec y la de Salta

En Panamá se observó el incremento de acciones judiciales contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión o influencers, como un mecanismo de intimidación para promover la autocensura, detalla el informe de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, que celebra la 76 asamblea del 21 al 23 de octubre.

Laurentino Cortizo, presidente, fue orador principal de la 76 Asamblea de la SIP.Larish Julio | La Estrella de Panamá

Esa es la conclusión a la que llegó el informe sobre Panamá con respecto al ejercicio del periodismo y respeto a la libertad de expresión e información.

Durante la sesión inaugural el mandatario Laurentino Cortizo, orador principal de dicha asamblea, ratificó su compromiso con la libertad de expresión al firmar la Declaración de Chapultepec, y se convirtió en el primer mandatario en suscribir la Declaración de Salta de 2018, sobre principios de libertad de expresión en la era digital. La firma de ambos documentos, por parte del mandatario, se hizo con lápices a los que se les incorporó el ADN de tres periodistas asesinados, como parte del lanzamiento de la campaña 'Lápices Inmortales de la SIP', que busca crear mayor conciencia sobre la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas.

El informe sobre Panamá enumera una serie de hechos contra la libertad de expresión y el ejercicio de los periodistas, además de la operatividad de los medios de comunicación. Entre ellos, resume las cuantiosas demandas civiles, que intimidan a los periodistas, y amenazan la funcionalidad de los medios. En el tema judicial describe las acciones que han afectado la labor periodística y la omisión de la Corte Suprema de Justicia en materia de transparencia, al negar un Habeas data con el que se pretendía conocer el uso de fondos públicos.

El reporte relata las intenciones del Tribunal Electoral de tipificar como faltas electorales la difusión de noticias falsas y la desinformación durante el proceso electoral. En el marco de dichas reformas, propone multar la difusión de propaganda electoral en publicaciones de contenido editorial.

Otro punto que resaltó el informe pronunciado por Eduardo Quirós, vicepresidente regional de la SIP, refiere la intención del diputado Javier Sucre, quien a través de un proyecto de ley pretendía sancionar a quienes “graben videos, tomen fotos de calamidades, accidentes, riñas o cualquier incidente, afectando a terceras personas y que se publiquen en redes sociales”. Proyecto de ley que recibió el rechazo del Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas.

En otro hecho, destaca que el expresidente Ricardo Martinelli ha presentado 38 demandas contra periodistas y directores de medios con reclamos por más de $46 millones.

Añade la actuación de la jueza Lina Castro, del Juzgado Decimoquinto Civil de Circuito, quien ordenó un secuestro a cuentas bancarias y activos del diario La Prensa por un monto de $113 millones a raíz de una demanda del expresidente Ernesto Pérez Balladares, por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor.

En el tema judicial también describe la prohibición de la jueza de Garantías Elkis Martínez, de fotografiar al abogado Jaime Lescure. El jurista demandó a La Prensa por la publicación de audios en los que el abogado ofrecía servicios a un cliente que incluía el pago de sobornos a jueces y magistrados.

Once organizaciones solicitaron al relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre las acciones de hostigamiento judicial en contra del referido rotativo.

En octubre la plataforma digital Foco, pidió medidas de protección a la CIDH por “amenazas telefónicas, acoso cibernético, querellas y denuncias penales”.

Quirós recordó que en Panamá aún se mantiene la penalización sobre injuria y calumnia a través de los medios de comunicación. Si bien en el pasado fue discriminado en casos de funcionarios con jurisdicción nacional, sigue vigente para otros funcionarios, exfuncionarios, y para particulares.

El Código sanciona estos delitos con penas de 6 a 18 meses de prisión o su equivalente en días multa. En materia civil, el informe destacó la preocupación por los cuantiosos reclamos, procesos que intimidan a los periodistas y comprometen el funcionamiento de los medios.

En materia de transparencia, da cuenta de la actuación de la Corte Suprema de Justicia que no admitió una acción de Habeas data sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia. Una decisión que preocupó a las entidades periodísticas por la falta de cumplimiento con la Ley de Transparencia y sobre el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Por último se refiere a la pandemia y las graves consecuencias que ha causado para la sostenibilidad de los medios, que se han visto obligados a hacer ajustes importantes para subsistir.