Pandemia de la covid-19 genera aumentos en la desigualdad de género y la violencia doméstica

La pandemia de la covid-19 ha golpeado severamente a América Latina y el Caribe, una región asediada por problemas estructurales no resueltos, tales como una alta tasa de delincuencia y violencia, fragmentación y polarización política, pobreza y desigualdad, corrupción y debilidad de los Estados.

Un informe para la región del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) señala que, según datos actualizados a finales de octubre, la pandemia de la covid-19 llevó a que países de la región sufrieran procesos de erosión y retroceso democrático, y otros de fragilidad y debilidad democrática.

El Informe de IDEA Internacional destaca que reformas políticas y socioeconómicas, largamente pospuestas en la región, han agravado las crisis económicas y de salud pública provocadas por la pandemia. “Esta situación, junto con la implementación de medidas restrictivas a los derechos fundamentales para contener la propagación del nuevo coronavirus, han incrementado el riesgo de afianzar o exacerbar aún más las preocupantes tendencias que presentaba la democracia en la región antes de la pandemia de la covid-19”, destaca en sus resultados el informe.

“Una concentración excesiva e ilegal de poderes en el poder ejecutivo debilita la división de poderes y el estado de derecho, al mismo tiempo que representa un riesgo para los derechos humanos”, sostienen Daniel Zovatto, director de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, y Sergio Bitar, miembro de la junta de IDEA Internacional.

Los desafíos para la democracia en la región durante la pandemia incluyen el aplazamiento de procesos electorales; uso excesivo de la fuerza policial para hacer cumplir medidas de restricción con el fin de contener la pandemia; uso de las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas civiles; delincuencia y violencia persistentes; nuevos peligros para el derecho a la privacidad; aumentos en la desigualdad de género y la violencia doméstica; nuevos riesgos para los grupos vulnerables; acceso limitado a la justicia; restricciones a la libertad de expresión; abuso de los poderes ejecutivos; supervisión parlamentaria reducida; polarización política y enfrentamientos entre instituciones democráticas; nuevas oportunidades para la corrupción; y una ciudadanía descontenta y socialmente movilizada que rechaza las formas tradicionales de representación política.

“Las restricciones a la libertad de circulación deben seguir los principios de proporcionalidad y temporalidad, así como objetivos claros para proteger la salud pública y la integridad personal. Esto debe ir acompañado de un uso responsable de las fuerzas armadas para asistir en la atención de la pandemia, lo que debe excluir el otorgamiento de poderes para garantizar el orden público”, señalan Zovatto y Bitar con base en los desafíos y las oportunidades identificados.

A pesar de los desafíos, la crisis actual ofrece una oportunidad histórica para redefinir los términos de los contratos sociales en la región y para que los gobiernos piensen de manera innovadora sobre cómo abrir espacios de diálogo y participación ciudadana para construir sociedades más inclusivas, sostenibles e interconectadas, así como sistemas democráticos de gobierno más responsables, transparentes y eficientes.

Zovatto y Bitar, como se destaca en las consideraciones de políticas públicas, afirman que los tribunales en general, y en particular los tribunales constitucionales, han estado desempeñando un papel central en controlar la promulgación y ejecución de declaraciones de estado de emergencia por parte de los poderes ejecutivos. Con el fin de proteger los necesarios controles y contrapesos constitucionales y los derechos humanos, se deben respetar los fallos de los tribunales constitucionales, así como defenderlos de los ataques que cuestionen su legitimidad. “Los estados de emergencia no pueden convertirse en una excusa para que los representantes democráticos eviten los controles y la rendición de cuentas, especialmente los que tienen fundamento constitucional. Por el contrario, la supervisión constitucional debe ejercerse de forma permanente”, destacan Zovatto y Bitar.

En 13 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela) se han realizado detenciones de personas que incumplieron las medidas de confinamiento o toque de queda, o ha habido reportes de casos presuntos o confirmados de uso excesivo de la fuerza policial para hacer cumplir las cuarentenas.

Otra área de preocupación para los derechos fundamentales es el uso de algunas aplicaciones de rastreo de contactos, especialmente aquellas que permiten la geolocalización o que no protegen efectivamente los datos privados. Se han identificado deficiencias o contradicciones en las políticas de privacidad de las aplicaciones en uso en Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay.

Las organizaciones de derechos humanos también han denunciado la situación de los inmigrantes y los desplazados internos durante la pandemia, quienes han tenido escaso acceso a la atención médica y han padecido de hacinamiento en los centros de detención.

Sobre Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en julio de 2020 que debe mejorar la atención a los migrantes en los refugios de la provincia de Darién. Organizaciones de derechos humanos también han advertido sobre el riesgo para los venezolanos que regresan a su país, de Colombia, debido a la pandemia, quienes habitualmente son puestos en cuarentena forzosa en condiciones precarias que incrementan el riesgo de propagación del nuevo coronavirus.

Finalmente, las medidas implementadas por algunos gobiernos de la región para combatir la pandemia han vulnerado los derechos de las personas LGBTI. En Panamá, las restricciones de circulación basadas en género han afectado a las personas transgénero y se ha informado de un aumento en casos de hostigamiento durante la pandemia

Algunas son consideradas potencialmente preocupantes

Panamá: 1 medida preocupante y 8 a monitorear.

Cuba: 7 medidas preocupantes y 2 a monitorear.

Nicaragua: 5 medidas preocupantes y 3 a monitorear.

Venezuela: 3 medidas preocupantes y 3 a monitorear.

Argentina: 2 medidas preocupantes y 9 a monitorear.

Chile: 2 medidas preocupantes y 8 a monitorear.

Ecuador: 2 medidas preocupantes y 8 a monitorear.

Colombia: 2 medidas preocupantes y 6 a monitorear.

El Salvador: 2 medidas preocupantes y 8 a monitorear.

República Dominicana: 1 medida preocupante y 3 a monitorear.

Barbados: 1 medida preocupante y 5 a monitorear.

Haití: 1 medida preocupante y 8 a monitorear.

Honduras: 1 medida preocupante y 8 a monitorear.

México: 1 medida preocupante y 11 a monitorear.

Paraguay: 1 medida preocupante y 9 a monitorear.

Bolivia: 11 medidas a monitorear.

Brasil: 17 medidas a monitorear.

Costa Rica: 7 medidas a monitorear.

Guatemala: 9 medidas a monitorear.

Jamaica: 6 medidas a monitorear.

Perú: 10 medidas a monitorear.

Trinidad y Tobago: 6 medidas a monitorear.

Uruguay: 3 medidas a monitorear.