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07 de Mar de 2021

Nacional

Mides otorga subsidios sin criterios técnicos, revelaron exdirectivos de la Senniaf

Sara Rodríguez, exdirectora de Senniaf, reconoció que existe una falencia en la supervisión de los albergues debido a que el 84% del personal está poco actualizado y el 21% es personal jubilado y con enfermedades crónicas, que no puede realizar trabajo de campo

En el país hay 942 menores en albergues.Larish Julio | La Estrella de Panamá

Carla García, la recién estrenada gobernadora de la provincia de Panamá, quien fuera entrevistada por la subcomisión de la Asamblea Nacional de Diputados que investigó los abusos cometidos en los albergues para menores de edad, reconoció que no existe una regulación organizada sobre los subsidios que se otorgan a estos centros.

La información surge de un extracto de la entrevista que le realizó la subcomisión de la Niñez, la Juventud y la Familia, de la Asamblea Nacional de Diputados, a Sara Rodríguez y Carla García, exdirectora y exsubdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), respectivamente, durante la investigación de las denuncias de abusos a los menores en los albergues.

Para ello se elaboró un informe al que tuvo acceso La Estrella de Panamá. En la entrevista del 3 de septiembre del 2020, a Carla García, que ocupaba entonces el cargo de subdirectora de la Senniaf, reconoce que la falta de regulación es tan grave que “no hay un estándar de financiamiento de los albergues, no existe la regulación organizada respecto a cómo se financia, cuánto cuesta un niño, cuánto cuesta uno con discapacidad”.

García admitió que los subsidios que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) le otorga a 40 de los 54 albergues que están funcionando en el país, se dan sin los criterios técnicos para determinar porqué se le da a unos albergues más dinero que a otros.

“Entiendo con su respuesta que, en ese sentido, ustedes como Senniaf no tienen un criterio técnico para la recomendación del Mides en cuanto al subsidio. O sea, técnicamente se decide, le voy a dar 50 mil a este albergue, 20 mil a este y 10 mil al otro”, expresó la diputada y comisionada de esta investigación, Kayra Harding, a lo que contestó García: “está correcto”.

La confesión de la entonces exsubdirectora del Senniaf ante las comisionadas, contradice los principios por la cual fue creada la institución que consiste en ser responsable de coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, tal como se fundamenta en la ley N°14 del 23 de enero de 2009, que creó a esta entidad del Estado.

Fachada de la Senniaf.Cedida

Quien también fue entrevistada por las diputadas que investigaron este escándalo de abuso contra menores, fue Sara Rodríguez, que al momento de la investigación era directora del Senniaf y quien reconoció que la entidad presentaba falencias en materias de supervisión de los albergues y que la solución era crear un instrumento legal que le permitiese una mayor rigurosidad.

Rodríguez también retrató las debilidades que existen dentro del equipo de trabajo que está designado para dar estas supervisiones en los albergues para niños y adolescentes.

“No es posible crear nuevas posiciones, tenemos el 21% del personal del Senniaf o con alguna condición crónica, es decir a casi la quinta parte de la institución se le dificulta el trabajo en campo y poder llevar la respuesta a la comunidad”, dijo en su momento, para describir la poca capacidad institucional con el fin de supervisar.

Dijo que a ello se suman las limitaciones que hay para nombrar personal joven y lograr las actualizaciones en la práctica. “En el 84% del personal, con más de 10 años en la institución, lo hemos encontrado con prácticas poco actualizadas y poco distantes de la aplicación de la convención de los derechos del niño”, dijo Rodríguez.

La presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, anunció que hoy lunes se estaría interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público por los abusos, sexuales, emocionales y físicos cometidos en perjuicio de los menores de los albergues.