Jueza de garantías sanciona a la Dirección del Sistema Penitenciario por afectación de derechos a un interno

La Jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Jazmín Jaén sancionó a la Dirección General del Sistema Penitenciario por la afectación de derechos de un interno recluido en un centro penitenciario, luego de negarle por más de un año la visita presencial de su abogado.

Gonzalo Moncada, abogado del interno Ernesto Marcel solicitó al juzgado que se declarara la afectación de derecho en contra de su representado, debido a que el Sistema Penitenciario no le permitió como abogado visitarlo personalmente, por un caso en el que se le señala por supuesto blanqueo de capitales o conspiración para traficar con drogas.

Moncada manifestó que en la audiencia realizada este jueves, sin importar el delito, logró demostrar que se violentó el derecho que tienen todos los internos en las cárceles de tener entrevistas personales y privadas con su abogado.

Esto dijo, lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 10 y está tipificado en la Constitución Política en sus artículos 22 y 32, en cuanto al debido proceso de que las visitas tienen que ser confidenciales y con privacidad, de manera tal, que el cliente o el interno pueda conversar con su abogado.

Agregó que tratados internacionales incluso, apoyan este criterio, y la juez determinó que la Dirección del Sistema Penitenciario "es culpable de afectar los derechos de mi defendido Ernesto Marcel".

“Prácticamente las investigaciones en casi todos los casos en el último año (durante la pandemia), se han realizado de esa manera, pero es un precedente lo que ha sentado la juez; es un precedente valiente en el sentido que se están afectando los derechos de los internos al no permitir que sus abogados los visiten personalmente”, agregó el jurista.

Indicó que aunque en la audiencia funcionarios del Sistema Penitenciario argumentaron que las visitas virtuales se dieron debido a la pandemia de covid-19, lo que dijo entender Moncada Luna, la juez determinó que ya ha pasado excesivo tiempo, la situación inicial ha cambiado y es menester de ellos hacer los ajustes.

“Si bien es cierto que el Sistema Penitenciario había permitido comunicación virtual, la ley establece que tienen derecho a que éstas sean privadas y con confidencialidad. Cuando hacen las virtuales ponen a un custodio al lado que está escuchando todo lo que está hablando el interno con el abogado, eso es ilegal”, agregó.

Destacó que no es correcto que después de un año no hayan podido tomar las medidas necesarias para permitir y salvaguardar el derecho de los internos.

“Ha pasado un año desde que se suspendieron las visitas y no han podido acondicionar en cada centro penitenciario un espacio, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para que se hagan las visitas como deben ser. La última solicitud de visita la hice la semana pasada y el lunes contestaron negándola”, precisó.