CSS y FCC negocian acuerdo extrajudicial

La constructora FCC interpuso una demanda a la Caja por $125 millones, por suspender por cinco años la construcción de la Ciudad de la Salud

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Autoridades de la Caja del Seguro Social (CSS), la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación (PGN), abogados de la constructora FFC y otras representantes del Gobierno, se reunieron este martes para buscar fórmulas de entendimiento o un "acuerdo extrajudicial" con el fin de solucionar los conflictos jurídicos en torno a la construcción de la Ciudad de la Salud.

En la reunión participó Enrique Lau, director de la CSS, quien informó a través de un comunicado de prensa que en "la reunión se presentaron y analizaron varios elementos que pudieran conformar un acuerdo extrajudicial entre la CSS y FCC con la finalidad de finalizar la Ciudad de la Salud para ponerla al servicio de la nación, y hacerlo con la mayor transparencia".

En 2020, FCC presentó un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en contra de Panamá por $125 millones, en desacuerdo con la CSS, por suspender la obra por cinco años.

En enero pasado, la Junta Directiva de la CSS aprobó pagar $2.5 millones por el asesoramiento, tramitación y representación legal en el arbitraje que interpuso la empresa Construcciones Hospitalarias, integrada por FCC Construcción y FCC Construcción de Centroamérica, responsable del proyecto.

Con el laudo arbitral, la empresa pide a la CSS que le compense por la mayor permanencia en obra, lo que debe incluir los costos directos e indirectos asociados a la mayor permanencia en obra, así como la pérdida de productividad ocasionada por las disrupciones de la CSS.

En la reunión también participaron el contralor, Gerardo Solís; el encargado de la PGN, Javier Caraballo, un representante de la Presidencia de la República y dos abogados de la empresa FCC, además del equipo asesor de la institución.

La Ciudad Hospitalaria, una obra que data de la administración del expresidente Ricardo Martinelli en 2012 y que debió culminar en 2015, fue suspendida en la administración de Juan Carlos Varela, por la presunta detección de 36 irregularidades.

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