Denuncia por abusos en los albergues llega a la CIDH

Las denuncias de maltratos físicos, emocionales y sexuales a niños y adolescentes recluidos en albergues panameños llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 4 de marzo de 2021.

El abogado y docente universitario de la cátedra de derechos humanos Emanuel Castro ha solicitado a la CIDH se dicten medidas cautelares contra el Estado de Panamá, en favor de los niños y adolescentes recluidos en albergues supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que han sido objeto de distintas violaciones a sus derechos humanos.

“Lo que busco es que emitan medidas de protección en favor de todos los niños y adolescentes que se mantienen aún dentro de los albergues, en los cuales se han encontrado irregularidades por parte de la comisión especial de la Asamblea Nacional”, explicó el catedrático de la Universidad de Panamá.

Castro solicitó que se ordene al Estado de Panamá que coloque a todos los menores que han sido abusados y violados en los albergues supervisados por la Senniaf, en otros albergues que sean administrados y cuenten con funcionarios calificados para atender y tratar a menores de edad.

Por último, el jurista especialista en derechos humanos pide que se realice una “investigación in loco” con inspecciones oculares y entrevistas, y cualquier otra diligencia que se requiera, que tenga como propósito verificar la vulneración de los derechos humanos de los menores internados en los albergues supervisados por la Senniaf.

Una subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que dirige la diputada Zulay Rodríguez, elaboró una investigación en la que se encontraron evidencias de que menores desde la primera infancia hasta alcanzar la mayoría de edad son víctimas de violencia, maltratos físicos, emocionales y sexuales en los albergues.

El resultado de la investigación está en un informe preliminar que presentó la subcomisión formada por las diputadas Yesenia Rodríguez (presidenta), Petita Ayarza y Walkiria Chandler D'Orcy (subcomisionadas) y sirvió como sustento para interponer una denuncia ante el Ministerio Público.

Uno de los responsables es el Estado, que ha fracasado en la labor de proteger a los menores, “negándoles el derecho a una vida digna y siendo responsable de la revictimización de estas criaturas, que han sido abandonadas a su suerte”, señaló en su momento Walkiria Chandler D'Orcy, diputada suplente y comisionada de la investigación.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su profunda preocupación por las denuncias e instó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones con la mayor prontitud para determinar los hechos y las responsabilidades. La Organización de las Naciones Unidas recordó que los niños que se encuentran en los albergues están bajo la protección especial del Estado.

Castro explicó que decidió acudir a la CIDH considerando que no se tiene certeza de que los menores abusados hayan sido trasladados a otros sitios, donde estén protegidos. Y que actuó por voluntad propia considerando que los menores abusados no tienen quien los represente, quien vele por ellos.

“Los informes que han emitido las autoridades del Estado de Panamá (Senniaf y Ministerio de Desarrollo Social) son muy escuetos, lo cual causa inseguridad en la propia población panameña”, agregó el jurista.

La Estrella de Panamá conoció extraoficialmente que la CIDH le pidió al Estado de Panamá que emitiera un informe para conocer su versión sobre el caso. Panamá, a través de la Cancillería, habría contestado a la instancia internacional de derechos humanos hace aproximadamente una semana.

Castro, por su parte, solicitó formalmente tener acceso a la información emitida por el Estado de Panamá para emitir opiniones sobre el alcance y veracidad del documento.

El documento denominado “solicitud de traslado de informe presentado por el Estado de Panamá” fue interpuesto ayer, 12 de abril de 2021. La CIDH confirmó el recibo del documento.

'La Decana' intentó, sin éxito, conocer la versión de la Cancillería de Panamá, pero al cierre de la edición no había recibido una respuesta.

Panamá forma parte de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Convención de los Derechos del Niño, de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por tanto, la CIDH tiene competencias para emitir medidas cautelares en contra del Estado de Panamá y solicitar su cumplimiento.