Piden discutir anteproyecto de ley que permitiría la comercialización de vaporizadores y cigarrillos electrónicos

La Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá y la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, cuestionaron la demora de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional en discutir un anteproyecto de ley que busca regular la comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado en Panamá.

La comercialización de estos productos está actualmente prohibida a través del Decreto Ejecutivo 1838 del 5 de diciembre de 2014 del Ministerio de Salud (Minsa), por lo que ambas organizaciones solicitan al Legislativo someter el tema a discusión. 

De acuerdo con estas organizaciones, el día 14 de abril de este año debía darse el prohijamiento del Anteproyecto de Ley 209 que regula la comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado; sin embargo, el mismo fue excluido de la agenda de la comisión de salud, a pesar de haber estado presente en la invitación y formar parte de los expedientes que ese día estaban en la mesa de los comisionados.

Destacan que hoy en día el Ministerio de Salud mantiene una prohibición desfasada sobre estos productos, a pesar de existir cientos de estudios científicos independientes que respaldan estas alternativas como herramientas para la reducción del daño que producen los cigarrillos combustibles.

Aseguran que las autoridades sanitarias más importantes a nivel mundial, como la FDA de Estados Unidos, el Ministerio de Salud del Reino Unido, el Gobierno de Nueva Zelanda, el Gobierno del Uruguay, el Gobierno de Grecia alineadas con la mencionada evidencia científica han decidido respaldar estas alternativas electrónicas como herramientas de salud pública para reducir de forma importante el nivel de riesgo y por lo tanto mitigar las enfermedades producidas por el cigarrillo de combustión.

Ambas organizaciones advierten que si este anteproyecto de ley no es prohijado y subsiguientemente aprobado en los debates legislativos, perderán los más de 200 mil fumadores que hoy día habitan nuestro país, al cercenárseles el derecho a adquirir una categoría de productos que la evidencia científica a nivel global ha demostrado que son hasta un 95% menos perjudiciales que los cigarrillos de combustión.

"Estos fumadores quedarán expuestos a una política pública miope de dejar de fumar o morir fumando, habiendo alternativas menos perjudiciales para aquél 93% de fumadores que no logran dejar el cigarrillo".

Planean que también perderán los vapeadores o aquellos que ya han encontrado en los cigarrillos electrónicos una herramienta para dejar de fumar, ya que quedarán expuestos a seguir adquiriendo estos productos en el mercado negro sin ninguna clase de control sanitario que garantice sus estándares de calidad.

También perderían los familiares de los fumadores o aquellos que cohabitan con fumadores, ya que continuarán estando expuestos a los riesgos que produce sobre ellos el cigarrillo de combustión.

De igual manera, señalan que las políticas públicas de salud perderán la oportunidad de reducir enormemente las enfermedades producidas por el humo del cigarrillo.

"Manteniendo una prohibición, Panamá condenará al Ministerio de Salud a continuar gastando cientos de millones de dólares al año atendiendo enfermedades producidas por el humo del cigarrillo, que pudieran ahorrarse si los fumadores tuvieran acceso a alternativas electrónicas que no producen humo", enfatizaron.

De igual manera, aseguran que se verán afectadas las arcas del Estado, ya que no habrá la oportunidad de cobrar impuestos sobre esos productos electrónicos que hoy día, debido a la prohibición, evaden la contribución fiscal.

"Estos productos electrónicos, al estar prohibidos, son comercializados ampliamente en el mercado negro sin pagar impuestos a la Dirección General de Ingresos. Estos impuestos podrían muy bien ser usados para los programas de cesación, prevención y educación del Ministerio de Salud, no obstante hoy día al no pagarlos y estar fuera del alcance de las autoridades recaudadoras los ingresos generados por los comerciantes ilícitos no están tasados", indicaron.

Consideran además que la seguridad pública también perderá al afirmar que que el contrabando de los cigarrillos es controlado en un 80% por el crimen organizado, que aseguran, utilizan sus ingresos ilícitos para financiar actividades ilícitas de otra índole.

"Lo que sucederá con una prohibición de cigarrillos electrónicos en Panamá, es que se le asegurará otro rubro a los contrabandistas para generar más ingresos al margen de la ley", advirtieron ambas organizaciones.