Sala guatemalteca niega la recusación de un hijo de Martinelli contra el tribunal

Actualizado
  • 28/04/2021 00:00
Creado
  • 28/04/2021 00:00
Por segunda vez el Tribunal de Guatemala rechaza una recusación de Luis Martinelli, quien junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli está detenido preventivamente desde el pasado 6 de julio de 2020

Una Sala de Apelaciones de Guatemala negó, por segunda ocasión, la recusación al tribunal que lleva el proceso de extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).

Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).

En respuesta a la decisión judicial, el abogado César Calderón, miembro del grupo de juristas que defiende a Luis Enrique Martinelli, aseguró este martes que presentará esta misma jornada una enmienda de procedimiento debido a que la Sala “no dio los tiempos suficientes para presentar las pruebas”.

Calderón, también defensor del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015), procesado actualmente por corrupción, dijo a EFE que la Sala “resolvió muy inmediatamente algunos autos y no dio tiempo a interponer los recursos pertinentes por las enmiendas. Decidió obviar el plazo de la prueba y dictó de una vez sentencia”.

La pugna del proceso

El plazo para reclamar la enmienda de procedimiento a la resolución de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal vence este mismo martes, reconoció Calderón, quien apuntó que, en caso de que sea desfavorable la nueva acción, “aún queda abierta la posibilidad del amparo ante la Corte de Constitucionalidad”, el máximo tribunal del país centroamericano.

La recusación fue planteada el pasado 5 de marzo por Denis Cuesy, otro abogado de los Martinelli, durante la audiencia del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, presidido por el juez César Adán García, quien ese día aseguró que “no hay lugar a una recusación” en su contra.

Calderón mencionó este martes que los jueces, en general “no están acostumbrados a que un extraditable haga defensa. Lo ven como un trámite administrativo. Hay una audiencia de conocimiento de cargos y a los 40 días la audiencia de extradición y, por lo general, los abogados se sientan a la par de los clientes y no hacen ningún tipo de defensa”.

Pero los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 38 y 40 años, respectivamente, arrestados el pasado 6 de julio a petición de EE.UU. por un caso de supuesto lavado de dinero, “han sostenido con argumentos que no debieron ser capturados en Guatemala por su calidad de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen)”.

El argumento de los hermanos

En estos meses dentro de la cárcel de Mariscal Zavala, al este de la ciudad de Guatemala, enclavada dentro de la Brigada Militar del mismo nombre, los hermanos han vivido “una situación difícil, pero han mantenido la teoría de que no debieron ser capturados y han insistido en que se les violaron sus derechos por parte del Estado guatemalteco”, agregó Calderón.

Los hermanos Martinelli “vinieron a Guatemala (en 2020) con la intención de ser juramentados para tomar parte del Parlacen, lo que les daba pie para estar protegidos de esa manera”, subrayó.

Los hijos del exmandatario panameño se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado, cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

La fiscalía guatemalteca, sin embargo, ha argumentado que Luis Enrique “no es diplomático ni cuenta con documentación al respecto”, debido a que nunca fueron juramentados en el Parlacen, tras su elección como suplentes en 2019.

Incluso, la Corte de Constitucionalidad detalló en una oportunidad que las entidades correspondientes deben definir su situación sobre su elección como legisladores.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, ambos hermanos Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

Ricardo Alberto, cuyo caso se procesa en el Tribunal Tercero, además, está procesado por dos cargos adicionales derivados del gasto del dinero blanqueado.

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