Nueva constitución: lo que une y separa a los panameños

Desde mi perspectiva, estos grupos que incluyen a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil no representan los intereses de los trabajadores y sectores pobres de este país. Por el contrario, se trata de organizaciones partidarias que han ostentado el poder en distintos períodos y que sus representantes han quedado señalados y están siendo investigados por el Ministerio Público por actos de corrupción; peor aún, las organizaciones civiles que acompañan este proceso, se trata de estructuras que, directa e indirectamente, en algunos casos participan en la escena política, en representación de los intereses de las grandes fortunas de Panamá, hecho que aconsejamos tomar en cuenta a los ciudadanos al momento que se les solicite la firma para tal fin.

Para nadie es un secreto el nivel de corrupción enquistado en los tres órganos del poder político del país, es decir, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues a diario vemos cómo se destapa todo tipo de actos de corrupción que van desde sobrecostos, tráfico de influencias, en materia de contrataciones públicas, entre otros, hasta decisiones jurisdiccionales que quedan en entredicho y se deslucen, como el caso del diputado del PRD, al que se le juzgó por delitos contra la libertad e integridad sexual, por el amarre que hay en cuanto a la competencia para ser juzgados, que recae única y exclusivamente en ellos mismos, en cada caso. No obstante, consideramos que aunque se requiere un cambio constitucional, este debe ser impulsado por la sociedad en su conjunto, como ocurrió en Chile, pues de lo contrario, más que un avance a favor de los trabajadores y sectores populares, este constituiría un retroceso, pues estaríamos frente a la adecuación constitucional del régimen a sus intereses de clase, quienes a través de sus partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que financian, tendrían la posibilidad de eliminar derechos y garantías vinculados al trabajo, salud, educación, la seguridad social, medio ambiente, etc.

Desde el punto de vista jurídico político, la constituyente paralela dispuesta por el artículo 314 de la Constitución Política, no es más que el reflejo superestructural de un Estado en el que el poder económico, a través de sus partidos políticos y representantes en el Órgano Legislativo, actúan e imponen condiciones que les permiten adecuar a su favor, en el momento que lo requieran y de acuerdo al nivel de crisis en que se encuentren, las reglas del juego; sin importarle que se desnaturaliza la institución jurídica. Sobre el aspecto indicado en las líneas que preceden, cabe destacar la opinión de la profesora Anayansi Turner, abogada y docente universitaria, quien al citar a otros autores indica que: “Por ello, este artículo 314 ha sido calificado por el colega Luis Adames como 'un auténtico oxímoron' ('¿Cuál Constitución? La Constitución pendiente de Panamá', IEPI, 2018) y por Rubén Córdoba, como 'error legislativo' en tanto que el poder de confeccionar una nueva constitución le corresponde al poder constituyente originario ('La asamblea constituyente paralela', IEPI, 2016). Por lo tanto, la paralela no es realmente una constituyente”. (El Siglo 16/03/2021)

Nosotros estamos por una asamblea constituyente originaria, no por la paralela, eso a corto plazo, pues a nuestro criterio, lo único que puede resolver el tema de la pobreza, corrupción, desempleo, falta de seguridad, educación de calidad gratuita y laica en todos los niveles, es la instauración de un gobierno de los trabajadores, en el que los recursos estén en función de los intereses nacionales y el pueblo, y no al servicio del pago de la deuda externa o para incrementar vía contrataciones públicas las fortunas de las familias más poderosas de este país. Ahora bien, de generarse un cambio constitucional vía asamblea constituyente originaria, dependerá de la fuerza del movimiento que lo impulse las reglas del juego que se adopten.

Cualquier cambio a la actual Constitución se debe tomar en cuenta, primero, el método de reforma, si se puede decir de esta forma, el cual para nosotros a corto plazo y por los niveles de corrupción de los tres órganos del poder político se trata de una constituyente originaria; segundo, los aspectos positivos y vacíos que contiene o pueda tener la actual Constitución, en esto último es importante señalar, por ejemplo, que uno de los aspectos que hay que cambiar es la forma de nombramiento y juzgamiento de los magistrados, la cantidad de diputados, la eliminación de sus suplentes, la reducción de sus salarios, sus fueros y privilegios, eliminación de exoneraciones, de planillas personales y la imposibilidad de nombramiento de sus familiares en entidades gubernamentales, servicio exterior, juntas directivas y demás; introducir controles en materia de contrataciones públicas, entre otros, pero también hay que garantizar como aspectos positivos la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, el medio ambiente.

Gatopardismo puro, que todo cambie para que nada cambie. Es una salida institucional a la que recurren para lavar sus caras, o salvar responsabilidades aquellos que son tan responsables como otros del estado fallido de nuestro sistema. No tiene sentido la aparente unión de figuras disímiles más allá de identificar la oportunidad para efectuar una calistenia electoral como termómetro de fuerzas.

Sin duda.

Respaldando siempre la voluntad popular, comparto mis reservas sobre el modelo de la constituyente paralela, y algunos de los actores que han emanado como sus voceros, porque reflejará exactamente la misma correlación de fuerzas ya existente. Recordemos que los partidos políticos son mayoría y ellos son los responsables fundamentales de la situación en que, como país, nos encontramos. No se trata de reformar por reformar y la recolección de firmas para la constituyente paralela no será un remedio milagroso para un sistema político en crisis, carcomido por partidocracias que sabemos no limitarán sus poderes, y que no han planteado qué modelo de país aspiran a tener con su constituyente paralela. Me decantaría por la constituyente originaria que verdaderamente sea el reflejo de las fuerzas vivas de nuestra sociedad.

Sería ilusa al creer que no lo harán, cuentan con los niveles de organización y los recursos económicos para sembrar candidatos y movilizar masas. Un factor que me preocupa sobre la propuesta de la asamblea constituyente paralela es que recae sobre actores que son responsables del problema y omitieron su labor de poder transformar la realidad en su momento. Me encantaría ver representantes reales de las fuerzas vivas del país, a sindicatos, maestros, enfermeras, artistas, indígenas, afros, jóvenes.

Ha caducado. Las condiciones bajo las cuales fue concebida han sido superadas. Se convirtió en el marco que posibilita la impunidad, la concentración de poder en uno de los tres órganos, desconoce la multiculturalidad de nuestro pueblo, y garantiza un sistema fallido, desconectado de la realidad que vivimos.