Pandemia: restricción por género profundizó la inequidad

La medida de circulación por sexo y cédula impuesta para reducir la movilidad y los contagios de la enfermedad de la covid-19, profundizó las desigualdades de género que había en el país antes de la pandemia. Esos son los resultados de la investigación “Género y covid-19” realizada durante un periodo de ocho meses por miembros del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) y London School of University.

En el contexto de la Feria Internacional del Libro (FIL 2021), Nelva Araúz Reyes, miembro del Cieps, y Daniela Meneses, de London School of University, revelaron las conclusiones de la investigación cualitativa que está sustentada con 54 entrevistas efectuadas a representantes de organizaciones internacionales y sindicales de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBTI) y funcionarios.

Araúz, doctora en derecho y política criminal por la Universidad Autónoma de México, quien tiene un diplomado en derechos humanos y de género, explicó que la logística de movilización impuso nuevas barreras de acceso a servicios esenciales y afectó de manera desproporcionada a grupos de personas en condiciones de desigualdad, por ejemplo, las mujeres.

El 13 marzo de 2020, mediante Resolución Nº11, el Gobierno panameño declaró estado de emergencia nacional, después de determinar el ingreso del virus del SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de la covid-19, que según informes preliminares causaría alrededor de 120 mil muertes de panameños.

El Gobierno panameño ordenó extremar las medidas sanitarias y establecer mecanismos de vigilancia. Once días después declaró la cuarentena total. En medio de ese escenario, se reestructuró la movilidad de las personas por sexo y número de identificación por un periodo aproximado de seis meses.

La medida consistía en que las personas podían circular y acceder a servicios oficiales en un horario definido, de acuerdo con el último número de la identificación y pasaporte. Las mujeres podían circular los días lunes, miércoles y viernes, y los hombres los martes, jueves y sábados. Los domingos todos permanecían encerrados en casa.

El objetivo era reducir la movilidad de personas y los contagios de la enfermedad, sin embargo, no se consideraron los efectos socioeconómicos que la medida podía tener en los distintos grupos de la población.

La restricciones no contemplaron los roles que históricamente la sociedad le ha impuesto a las mujeres, además, aumentó su inseguridad e impactó económicamente en las más vulnerables.

Las participantes de la investigación apuntaron que el tiempo de las mujeres suele ser usado para múltiples actividades remuneradas y no remuneradas en el hogar, por lo que dos horas resultaban insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familiares.

En palabras de una de las entrevistadas, representante de una organización colectiva femenina, “el tiempo que se les ha dado no les alcanza. Estamos hablando de dos horas cada tres días, que son insuficientes muchas veces para poder, por ejemplo, ir a un supermercado o ir a buscar medicinas”.

“No es lo mismo ser una mujer soltera, sin hijos, y decidir salir, en dos horas, a ser madre soltera. Hay un montón de factores que limitan a las mujeres. A la hora de decidir ir a comprar comida, tengo que pensar con quién dejo los niños. Hay un montón de cosas que allí no se tomaron en consideración”, indicó la representante de un movimiento de mujeres jóvenes.

A las mujeres, además, les correspondió ser maestras, trabajadoras y amas de casa, expuestas al riesgo de contagio y, al mismo tiempo, encerradas por el confinamiento, lo que produjo un estrés mayor en sus vidas.

Estudios posteriores relacionados con los niveles de estrés y ansiedad corroboran que las medidas habían tenido unos efectos importantes en la vida de las mujeres, aseguró Araúz.

De acuerdo con los resultados de la investigación, hubo un riesgo de seguridad para las mujeres que tenían que salir a laborar, por ejemplo, el personal de Salud, que es mayormente femenino. Siete de cada diez personas son mujeres en esta labor.

Una médica residente entrevistada confesó que las enfermeras se sentían inseguras, sobre todo cuando anochecía, porque quienes quedaban en las calles eran mayormente hombres. Y peor aún cuando no tenían auto y debían abordar un autobús.

“Esa inseguridad la vivían principalmente enfermeras y técnicas que eran las únicas que estaban a esa hora, 10:00 de la noche, esperando un bus. Hay más soledad en las calles”, dijo la doctora.

Otro de los puntos que destaca la investigación es el riesgo a la salud que representó la restricción de salida por las aglomeraciones en los lugares de abastecimiento de alimentos. “Había mujeres y adultas mayores todas en una sola fila, sin respetar el distanciamiento, porque no era posible hacerlo”, explicó Araúz.

La logística afectó la economía de las más vulnerables, de las que usualmente están excluidas de los sistemas que garantizan los derechos sociales, como las trabajadoras informales, las migrantes irregulares y las domésticas remuneradas, que tuvieron dificultades para acceder a recursos e insumos.

El grupo no fue considerado dentro de las políticas públicas iniciales de obtención de bonos y bolsas de alimentos porque su mecanismo de trabajo está en el sector informal. “Al contar con solo con dos horas y tres días se les imposibilitaba trabajar”, explicó la investigadora del Cieps.

En el caso de las trabajadoras domésticas remuneradas, varias dejaron de percibir ingresos porque no podían realizar sus trabajos por dos horas y otras fueron recluidas sin poder salir de las casas donde trabajaban por varios meses.

Una de las trabajadoras domésticas consultadas para este estudio dijo que bajo el pretexto de que no podían salir porque podían infectar a las familias, las mantuvieron atrapadas en las casas.

Panamá, Perú y Colombia fueron los únicos tres países en el mundo que aplicaron la circulación por sexo y cédula en el marco de la covid-19. Sin embargo, la medida fue de corta duración en Colombia Y Perú. En Panamá duró seis meses, desde el 30 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2021.

A pesar de que los impactos eran predecibles y advertidos por organizaciones internacionales y locales, no fueron considerados ni el inicio ni en el desarrollo de la política social y pública.

“Esta política puede verse como una medida pública y social regresiva porque agravó las dificultades. No puede haber una política de salud, económica y social sin un enfoque de género ni de derechos de género”, concluyó Araúz.

En 2019, el índice de desigualdad del país era 0,46. En este índice el cero refleja que las mujeres están en igualdad de condiciones y el 1 expresa que tienen las peores condiciones en todas las dimensiones. Panamá, al tener 0,46 comparado con otros países de la región, se encuentra con un índice de desigualdad de género elevado.

Antes de la pandemia, las mujeres tenían una más baja participación en la economía que los hombres, menores salarios en las cinco principales actividades a las que se dedican, que conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) son hotelería, trabajo doméstico remunerado, salud, enseñanza y comercio al por menor.

Quienes también experimentaron riesgos de discriminación, violencia, multas y detenciones policiales fue la comunidad transexual porque la medida de circulación no hacía referencia a la identidad de género, sino al sexo biológico.

“Se sintieron olvidados, confundidos y sorprendidos”, explicó Meneses. Y desde el primer día experimentaron el miedo luego de que dos trans, hombre y mujer, salieran el primer día y los pararon para identificarlos. “Fue como un mensaje a la sociedad de que no importa que días salgas”, agregó Meneses.

Pero no solo eran policías quienes actuaron con discriminación, sino también trabajadores de supermercados y farmacias que cuestionaban la identidad de género y que no los dejaban ingresar a los recintos comerciales. Incluso, la misma sociedad en las filas de los establecimientos comerciales.