Informe revela ausencia de programas individualizados en albergues

El 100% de los albergues en Panamá no ha recibido indicación alguna por parte de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf) sobre cómo implementar un programa de atención individualizada (PAI) dirigido a los niños a su cargo. Este dato lo arroja el informe elaborado por la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) y Unicef, cuyos hallazgos surgen de visitas a 50 albergues del país, entrevistas y encuestas. El reporte también encontró que los niños no cuentan con expedientes completos. Esto se traduce, en palabras simples, en que los albergues reciben prácticamente a un extraño del cual desconocen sus antecedentes y, por lo tanto, tampoco serán capaces de ofrecer la atención que requiere. Menos aún conocen a fondo las causas de ingreso.

Los expedientes, por tanto, contienen información según cada cual la clasifica.

En su totalidad los albergues manifestaron no haber recibido indicaciones de la Senniaf, que debe encargarse de supervisar y monitorear, además de otras funciones de los albergues sobre cómo llevar el expediente, por lo que lo implementan con total discrecionalidad.

En palabras prácticas, el Estado no tiene un registro claro de los niños que se encuentran en cuidado alternativo, ni cómo va a resolver su situación de manera focalizada y oportuna. No existe un expediente estandarizado.

El PAI es un programa esencial para conocer las necesidades médicas, psicosociales, psiquiátricas u otras de cada niño mientras se encuentra en el albergue. Por ende, determina la atención que debe recibir. Pero en la práctica esto es nulo. De hecho, muchos niños ingresan a los albergues sin más información que su nombre y apellido, en la mayoría de los casos no consta escolaridad, datos médicos o las causas de ingreso, que de saberlas, subsanarían su situación y estadía temporal.

En el estudio se preguntó puntualmente a los directivos de albergues si contaban con un PAI y si mantenían un expediente de cada niño. La respuesta en papel fue que el 12% no contaba con un PAI por niño y 87% dijo que sí tenía uno por niño.

Pero cuando los especialistas visitaron los albergues y solicitaron expedientes al azar, se dieron cuenta de que no existía un PAI para cada niño, por lo que al responder pudieron estar refiriéndose a contar con expedientes individuales, mas no con un programa individualizado.

De acuerdo con el estudio en mención (Estado de situación de cuidado alternativo de niños, niñas y adolescentes en Panamá y recomendaciones de mejora, Relaf y Unicef), el objetivo fundamental del PAI es la reintegración del niño con su familia. “Lo que hace urgente que la Dirección de Protección Especial indique los lineamientos al respecto desde un enfoque de derechos e integral”, se lee.

Existen cuatro tipos de cuidados en albergues: protección, recuperación nutricional, temporada escolar y de carácter terapéutico. Entre estas, el informe calificó como ingresos innecesarios los de temporada escolar y rescate nutricional, ya que con una oferta adecuada de servicios del Estado, el niño no tendría que ser separado de su familia.

La mayoría de los albergues no cuentan con un protocolo aprobado por resolución para atender a los niños, así que cada cual lo maneja a discreción. Los que dijeron que sí lo tenían, al momento de solicitar que lo mostraran, nunca lo hicieron.

Tampoco se cuenta con lineamientos para las oficinas regionales, por lo que cada cual implementa acciones de restitución de derechos, búsqueda de alternativas familiares según su criterio, lo que deja un gran margen a prácticas contrarias al interés superior del niño, especialmente cuando se trata de reinserción familiar.

Estos albergues nutren su presupuesto con un 50% del subsidio del Ministerio de Desarrollo Social. Los niños son referidos a estos albergues por solicitud de Senniaf, el hospital o de forma voluntaria. En este sentido, se criminaliza la pobreza dejando una huella traumática en los bebés internados de forma injustificada. Luego, cuando el niño cumple la talla indicada, el médico del centro determina su egreso, pero en los casos que dependen del Senniaf o el juzgado, son estos quienes dan luz verde para su egreso. Muchas veces es un círculo vicioso porque como el Estado no realiza una intervención en las familias, al poco tiempo se percatan de reingresos que habían sido dados de alta.

Con este tipo de albergues pretenden garantizar la educación de los niños para lo cual es necesario alejarse de sus familias, en vez de llevar las escuelas a sus comunidades. El proceso es totalmente contrario a los derechos del niño.

Cada lugar establece sus propias reglas de conducta y funcionamiento. El 100% impone una formación religiosa. Los niños que entran a estos centros lo hacen por solicitud de los padres o cuidadores, siendo la mayoría de los internados adolescentes, pero también reciben niños desde los cuatro años.

Algunos se dedican exclusivamente a cuidar niños con condición de discapacidad severa. Poseen estándares altos en cuanto al cuidado de la salud y tienen recursos, pero se trata de largas estancias en los albergues. En estos centros, la organización está cimentada desde el punto de vista médico, no desde la protección integral especializada. Sus objetivos se centran en las fisioterapias, la rehabilitación y estimulación física, pero no contemplan lo suficiente la atención en salud mental. Y como en muchos, se repite la falta de trabajo interdisciplinario para la reintegración familiar y comunitaria.

A pesar de que existen para ese propósito, la modalidad como tal no es oficialmente denominada, lo que hace necesario dar visibilidad. Las niñas que ingresan a este tipo de albergues lo hacen porque han sido víctimas de violencia sexual y son aisladas en hogares lejos de sus familias y comunidad. No se trabaja con procedimientos de ingreso, estadía y egreso. Muchas después de parir no tienen a dónde ir, y permanecen en el albergue hasta lograr su independencia.

En contraste con la cantidad de niños institucionalizados, son contados los egresos de los albergues. Las adopciones se cuentan con la mano y sobran dedos. Solo se registraron cuatro en la encuesta de Relaf, mientras que 120 niños fueron reintegrados con sus familias, otros 61 con familias extensas, 43 fueron trasladados y 48 salieron por voluntad propia.

Entre las sugerencias que propone el estudio como vía a la desinstitucionalización está desarrollar un sistema de protección integral de la infancia y adolescencia.

El informe detectó la necesidad de crear una red preventiva de servicios sociales básicos para las familias. Además de instalar nuevas modalidades de cuidado alternativo basadas en familias. Todo recae sobre la intervención del Estado en el bienestar de las familias.

La hoja de ruta debe empezar por la formación de una mesa técnica intersectorial que construya acuerdos sobre los objetivos prioritarios y trazar cómo concretarlos. De ahí, el Mides debe convocar a los sectores corresponsables como el Órgano Judicial, Ministerio de Salud, de Educación, Instituto de la Mujer, Secretaría de Discapacidad, Policía de Niñez, Defensoría, y otros, según la temática. Estos deben alcanzar acuerdos intersectoriales de alto nivel para implementar los ejercicios seleccionados. Un quinto paso consiste en la capacitación de los actores clave para implementar las decisiones de la mesa técnica.