Visos de acuerdos en el tema de la canasta básica de alimentos

Con aparente visos de acuerdos en el Diálogo por Panamá, en el tema de la canasta básica familiar transcurrió ayer la jornada de negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Pueblo Unido por la Vida , la Alianza Nacional de Pueblo Organizado (Anadepo) y dirigentes de los grupos la comarca Ngäbe Buglé y comunidades campesinas, que se realiza en el Centro Cristo Sembrador de la ciudad de Penonomé, sede de la iglesia católica en este distrito.

Mientras que empresarios y productores insistieron en su inclusión en el diálogo; estos último advirtieron que desconocerán los acuerdos que no hayan contado con la participación y opinión del sector.

Ayer dos subcomisiones analizaron la propuesta del Gobierno para rebajar del 28% de la canasta básica. Una para consensuar la cantidad de productos de la canasta básica y otra para a agilizar la redacción de los acuerdos.

Los gremios plantearon, entre otros temas, la reducción de la canasta básica en un 30% y ampliar a otros productos utilizando la canasta saludable que hace el Ministerio de Salud. El Gobierno se comprometió a incluir 69 productos en el control de precios.

Las organizaciones sociales consultaron detalles acerca de los nuevos productos propuestos, pidiendo que se especificara cómo se aplicará cada una de estas medidas y solicitaron incentivos fiscales para los productores y eliminar los subsidios.

Saúl Méndez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), propuso crear otra sub comisión para revisar y agilizar la redacción de un documento que plasmase los puntos en los que ya existiese acuerdo en el tema de canasta básica de alimentos.

Con esto, se esperaba traer un documento consensuado a la mesa de diálogo para definir un posible acuerdo en el tema.

El gobierno durante la jornada reiteró su compromiso con el dialogo e hizo el llamado a levantar las medidas de fuerza que afectan el libre tránsito de los ciudadanos en algunos puntos del país.

En tanto, en horas de la mañana, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), advirtió que cualquier pacto o acuerdo desarrollado sobre la base de información "poco ejecutable" por el sector productivo, solo alimentaría la frustración y la desconfianza ciudadana.

Según el gremio empresarial, para discutir temas de cara a encontrar soluciones a algunas de las necesidades sociales y económicas que reclama la ciudadanía, para que ese proceso transcurra de manera efectiva y se logren acciones coordinadas y realmente ejecutables, tiene que contar, como requisito indispensable, con la presencia y representación de todos los sectores.

"Si cuatro de los ocho puntos acordados entre el mediador y los manifestantes deben ser ejecutados por el sector empresarial, es necesario que este participe de la negociación en la mesa”, señala el gremio.

Sostienen que los actuales participantes han presentado planteamientos para negociar con el Gobierno; no obstante, aseguran que no es el Gobierno quien cuenta con la información pertinente para tomar decisiones con respecto a acciones que debe ejecutar el sector privado.

En tanto, más de 90 organizaciones aglutinadas en la Gran Alianza Nacional por Panamá, se unieron para hacer un frente común en contra de situaciones que aseguran "están atentando contra el bienestar de toda la población panameña".

La organización conformada por asociaciones y cooperativas de agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes, distribuidores, agroindustriales, padres de familia, empresas turísticas, instituciones educativas de todo el país, decidieron unir fuerzas para elevar su preocupación ante la situación actual.

En un comunicado y mensaje al monseñor José Domingo Ulloa, y ante los reiterados llamados que le han hecho para participar del diálogo nacional, la Alianza expresó su rotundo rechazo a la metodología que señalan, ha permitido que se esté avanzando en la discusión de la regulación de precios de productos de la canasta básica de alimentos, sin que los verdaderos productores estén légitimamente representados.

No creemos en una "segunda etapa" de negociación, en la que nos dirán que los acuerdos ya está firmados en esta primera etapa.

Aunque dicen reconocer y apoyar el clamor popular que busca un mayor grado de justicia social en el país, afirman que no aceptan que sectores y grupos ajenos a la producción y a su realidad, sean los que “se abroguen el derecho exclusivo de decidir sobre temas que nos conciernen y nos afectan”

Por tal razón, hicieron constar que desconocen cualquier acuerdo o decisión que se adopten en la mesa del diálogo que no hayan contado con la participación y aportes de estos sectores.

Con información de Ismael Gordón