Población penitenciaria superó los 20 mil encarcelados

El ritmo de crecimiento de la población penitenciaria se duplicó en el último año.

Las estadísticas de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) establecen que entre 2018 y 2020, el promedio anual de crecimiento de la población penitenciaria era de 5,4%. Sin embargo, se registró un incremento en el número de reclusos de 11% entre 2021 y 2022.

A junio de 2022, el número de detenidos ascendía a 20.798. Aunque, el sistema solo tiene capacidad para albergar 14.591 reclusos, la población penitenciaria pasó de 18.728 en 2021 a 20.798 en 2022.

El incremento de la población penitenciaria obedece a distintos factores, en su mayoría complejos, que hacen que desahogar las cárceles no sea una tarea sencilla.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), explicó que las medidas para reducir los contagios de la covid-19 mantenía restringida la vida cotidiana y, por ende, los hechos delictivos. Pero en la medida en que la sociedad fue retomando sus actividades, quedaron en evidencia nuevamente los distintos fenómenos sociales, como las actividades delictivas.

Araúz considera que el sistema enfrenta el reto de construir infraestructuras que permitan desahogar el hacinamiento. El de mayor relevancia, sin embargo, es la reinserción social, que haya planes y programas que permitan la transformación del individuo bajo detención o cumplimiento de pena, concluyó el gremialista.

En esa misma línea, el exfiscal Roberto Moreno Obando aseguró que las cifras de hacinamiento son de “terror”.

El exfuncionario del sistema judicial considera que la sociedad debe reducir el número de hacinamiento carcelario, diseñando mecanismos de prevención.

El sistema de justicia, por su parte, debe cambiar la mentalidad y entender que no es obligatorio detener a todo investigado. “A la cárcel preventiva deben ir los peligrosos o los que se puedan escapar. El resto puede esperar en libertad la decisión de su proceso”, dijo Moreno Obando.

Los hombres representan el 95% de la población penitenciaria. El 65% de los prisioneros está condenado. El restante 35% aún está siendo procesado. Las cárceles de la Nueva Joya (3.049), La Joyita (2.201) y La Joya (2.177) en la provincia de Panamá mantienen la mayor cantidad de población de reclusos del país.

El narcotráfico, por ejemplo, está presente en la mayoría de los casos que atiende el sistema penitenciario. Más del 50% de los delitos está relacionado con drogas y otros conexos, como el pandillerismo, tráfico, entre otros.

El Ministerio de Seguridad Pública, en un mensaje en su red social, dijo que en más de 250 operaciones antidrogas se ha capturado a 336 narcotraficantes y decomisado 69 toneladas de drogas, en lo que va de este año.

Una serie de operaciones antidrogas ha asestado duros golpes al narcotráfico, desde el año pasado.

2021 fue un año inédito en el decomiso de drogas y desarticulación del crimen organizado. El Ministerio Público acertó certeros golpes a organizaciones criminales dedicadas al acopio y transporte ilícito de drogas hacia Estados Unidos.

La operación Fusión, que estuvo dirigida a una organización transnacional dedicada a custodiar y distribuir sustancias ilícitas que finalmente eran enviadas a Europa y Estados Unidos, permitió la imputación de más de una veintena de individuos por delitos contra la seguridad colectiva, relacionado con drogas y contra el orden económico.

La operación Neptuno produjo la captura de los miembros de una organización que operaba en Boca la Caja, El Chorrillo, isla de San Miguel, Puerto Caimito, Vacamonte y Arraiján.

En este caso se formularon imputaciones a 19 personas por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Igualmente se produjo el decomiso de dinero en efectivo, vehículos, fincas y negocios.

La operación Oasis condujo a reconocer a un grupo criminal estructurado para coordinar la compra, custodia, almacenamiento y movilización de sustancias ilícitas y armas de fuego. La diligencia permitió imputar cargos a 35 personas por delitos contra la seguridad colectiva y delitos contra la administración pública.

La operación Fisher, que está relacionada con la existencia de una estructura militar con nexos con el conocido Clan del Golfo, produjo la imputación de cerca de 60 personas. Asimismo se hicieron importantes decomisos de dinero por más de $410 millones y bienes suntuarios.

En 2022, los operativos antidrogas han continuado.

La operación Metro permitió la aprehensión de 30 personas dedicadas presuntamente al tráfico internacional de drogas.

La operación estaba dirigida a un grupo criminal que utilizaba las costas del Pacífico panameño (Veracruz, Pacora, Punta Chame y San Carlos) para almacenar sustancias ilícitas y luego distribuirlas en la ciudad de Panamá y en la provincia de Panamá Oeste.

En la operación Fortaleza fueron aprehendidas 25 personas e investigadas por delitos contra la seguridad colectiva.