Camargo y Morín: Hay sectores en Panamá que no quieren que se sepa la verdad de la invasión

Una lucha contra la impunidad y por la memoria histórica, es el camino que asumieron los abogados José Luis Morín y Gilma Camargo cuando en mayo de 1990 presentaron el caso 10.573, Salas y otros vs. Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un proceso que consiguió en 2018 la emisión de un informe sin precedentes para Panamá, el reconocimiento de una instancia internacional, que EE.UU. cometió amplias violaciones a los derechos humanos durante la invasión de diciembre de 1989.

Camargo y Morín hablaron este lunes en “Portada” sobre este histórico proceso, que durante más de tres décadas ha avanzado sin ayuda alguna del Estado panameño, y aún así sentó a EE.UU. en el banquillo para que atienda sus responsabilidades por los crímenes cometidos en Panamá durante la acción armada que puso fin al régimen militar que gobernaba Panamá desde 1968.

El caso estaba encabezado por José Isabel Salas Galindo, cuya esposa murió bajo el bombardeo estadounidense, explicó Camargo, que considera existe una deuda con Salas. Su esfuerzo y de las otras víctimas, hizo posible un informe favorable ante la potencia más poderosa del mundo.

“Panamá no se ha dado cuenta de lo valiente de un obrero colonense, que perdió a su esposa partida en pedazos (y) tuvo que ser recogida con pala para introducirla en una bolsa mortuoria (...) se levantó en medio de la ocupación de EE.UU., a solicitud nuestra, y nos acompaña para hacer esta denuncia”, contó la jurista panameña sobre el señor Salas, que falleció antes de que la CIDH emitiera su postura.

La abogada explicó que el informe establece los procesos a seguir para avanzar con la compensación de las víctimas. Destacó, además, que debe abrirse una evaluación que incluya la compensación de 33 años de secuelas por la inacción y obstrucción por parte de EE.UU.

Por su parte Morín, de origen puertorriqueño, indicó que el proceso es ante todo un caso contra la impunidad y que el derecho internacional permite que otras personas afectadas por la invasión se incorporen al proceso.

“El caso está en una etapa de organizar al pueblo panameño para asegurar que las recomendaciones de la CIDH se puedan realizar. Es un momento para el pueblo panameño reconocer lo que pasó, tener conciencia de las violaciones que son muy graves. Avanzar el proceso para reparar los daños que hizo EE.UU. en una invasión ilegal”, puntualizó Morín.

La CIDH determinó que la mayoría de los crímenes que se cometieron –que incluyen muertes, mutilaciones, destrucción de propiedad, afectaciones psicológicas, entre otras– afectó en su vasta mayoría a civiles y no combatientes.

Camargo subrayó que todos los gobiernos postinvasión han decidido dar la espalda al proceso e ignorar a las víctimas. Considera que aún hay sectores del país que no quieren que se conozca la verdad sobre lo que ocurrió durante la intervención y posterior ocupación.

“Hay historias de militares y civiles que hicieron cosas fantásticas combatiendo por la soberanía nacional. Y hay quienes cobardemente se escondieron y abandonaron a sus tropas (...) hay historias feísimas de personas que cooperaron y aplaudieron la invasión. Nosotros tenemos que escribir la historia sobre eso. Hay que ser sinceros con nuestro pueblo, de quién somos en realidad”, destacó Camargo.

Camargo considera que el Estado panameño debe asumir su responsabilidad de defender a los panameños afectados por la agresión estadounidense.