Alfonso Fraguela: La población desconoce los alcances del acuerdo minero

El anuncio de un acuerdo entre el gobierno y Minera Panamá tras meses de negociaciones abre una nueva fase en la discusión sobre la industria minera en el país.

Un proceso que de acuerdo con el abogado Alfonso Fraguela, no se ha dado con la suficiente transparencia, sin que se precisen los detalles de lo pactado ni las condiciones previas a la firma del nuevo acuerdo.

“Después de casi 80 días de una negociación (...) se salen con un comunicado ante la opinión pública de algunos puntos que siguen generando más suspicacia ¿Qué pasó con el contrato anterior? ¿Se pagó el dinero de los minerales que fueron extraídos?, nada de eso se habla”, señaló Fraguela esta lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

El jurista indicó que a pensar de que el Ejecutivo anunció que publicará por siete días en los medios de comunicación lo firmado, las autoridades no han dado información completa sobre el acuerdo anterior o la situación financiera actual del proyecto.

“¿Cuál es el marco que tenemos nosotros, la ciudadnía en general, para poder evaluar este contrato? No tenemos acceso al contrato anterior, sabemos (solamente) de un fallo de la Corte Suprema de Justicia”, subrayó.

Fraguela manifestó su preocupación de que lo pactado se dé a espaldas de la población o se aproveche el desconocimiento de esta sobre asuntos técnicos. Esto sin contar con información que no ha sido ventilada públicamente.

Cuestionó, además, que las decisiones del gobierno no viene acompañadas de un proceso de preparación de personal y las instituciones, para que dicho acuerdo tenga beneficios reales para la gente.

“Son 20 años, prorrogables a 40 años, lo cual limita cualquier posibilidad de que el Estado panameño (pueda) crear un ministerio de minería y preparar a la población para que (...) lo desarrolle y no vengan empresarios de afuera a explotar nuestro recurso natural (...) no estoy muy seguro de que la población esté al tanto del alcance de un contrato de esta magnitud”, señaló.

En opinión de Fraguela, pareciera que el gobierno busca solamente “cumplir con el requisito” de hacer la “consulta pública” sin que realmente se incluya a la gente en la discusión y que finalmente el asunto se termine de resolver en la Asamblea Nacional, entidad que debe dar luz verde al acuerdo. Esto en un años preelectoral, en el que cualquier propuesta que llegue al Legislativo estará salpicada de intereses vinculados a los comicios de 2024, dijo.