Entidades limitadas para fiscalizar la corrupción

PANAMÁ. Combatir la corrupción no es algo sencillo. Sobre todo porque las herramientas no siempre están a la mano. Todos los actos de corrupción en nuestro país reflejan la vulnerabilidad en los procesos de fiscalización que poseen las entidades gubernamentales.

El tercer informe de la Región de Centroamérica, Estado de la Región en el Desarrollo Humano Sostenible (2008), resalta esta debilidad en los países que integran el territorio.

“La gestión pública es muy vulnerable a las prácticas corruptas, incentivadas por débiles sistemas de control y rendición de cuentas” plasmado en el documento.

Las limitaciones institucionales, también reportadas en el informe anterior (2003), han empeorado en algunos casos, y Panamá no escapa de ello a pesar de tener la Contraloría General más fuerte de la región.

El documento pudo constatar que en tres áreas específicas se dan actos de corrupción, en las contrataciones públicas, servicios de salud y trámites empresariales.

Mientras que en el tema de la corrupción política plasman el incremento de la participación ciudadana por medio de denuncia, incentivada por la creación de canales institucionales, un periodismo investigativo en auge y el trabajo de organizaciones civiles dedicadas a este asunto.

El informe también identifica dos instituciones que están llamadas a jugar un papel fundamental en la lucha contra la corrupción: los ombudsman y las defensoría del consumidor. En el primer informe (1999) se reportaron debilidades en desempeño de esta dos entidades en la región.

Seguridad

Otros temas entre muchos que aborda este informe, están el de la seguridad donde Panamá se destaca por la baja violencia social y delictiva, pero refleja una inseguridad ciudadana en aumento, a la vez un frágil estado de derecho y poca o nula aplicación de “mano dura”. También se estimó una alta probabilidad a mediano plazo que Panamá reciba severas amenazas al orden democrático.

El informe sostiene que si no se toman las medidas necesarias que modifiquen las condiciones actuales de la región para el año 2020, los países tendrán una desestabilización política, con una violencia superior a la actual y asociada a acciones de grupos irregulares y a “guerras” entre bandas rivales.

El documento sostiene que las políticas de “mano dura” no han sido eficaces, por el contrario estas prácticas deterioran las instituciones del Estado de derecho.