Intolerancia política en Panamá

Manuel Cohen Salerno y Alberto Magno Castillero, candidatos a diputado en la provincia de Herrera, son los rostros visibles del bochorno nacional. Como si la violencia verbal de la campaña no fuera suficiente, ambos se han encargado de poner el toque vergonzoso de los golpes y los insultos. Un mensaje equivocado del “todo vale” para ser electos. Ya hemos tenido, aquí y allí, suficientes ejemplos de que la violencia política se sabe cómo comienza pero no dónde termina.

Con la madurez de un par de niños de primaria que se pelean por caminar al lado de la maestra, Magno Castillero y Cohen Salerno, junto a sus más cercanos seguidores, han protagonizado varios episodios en los que el debate, las propuestas y la discusión franca han dado paso a los codazos y empujones, los insultos y los puñetazos. Y me temo que algo mucho peor puede pasar si no nos tomamos esto en serio.

En toda contienda electoral puede haber diferencias. Es completamente tolerable e incluso necesario. De la experiencia y la habilidad de los candidatos depende cómo se administran esas divergencias cuando se presentan en el contexto de una alianza política. Tanto Magno Castillero como Cohen Salerno cuentan con la rodadura suficiente para dilucidar sus desacuerdos de una manera civilizada.

La provincia de Herrera es tierra de gente valerosa, de gente de paz, de extraordinarias figuras públicas, de educadores, de deportistas sobresalientes y de emprendedores destacados. Sus hermosos parajes y tierras labradas son de orgullo nacional. Es inconcebible entonces que sus electores tengan que presenciar un espectáculo tan bochornoso y, sobre todo, peligroso. Porque estos episodios de violencia entre ambos son un riesgosísimo antecedente para el país entero.

Miles de panameños sufrieron ya bastante con el pandillerismo político. La época más oscura de nuestra historia se la debemos precisamente a la intolerancia política. Al uso de la violencia como argumento de campaña. A la organización de varilleros en lugar de grupos comunitarios.

Lejos de medidas tibias, la Fiscalía General Electoral tiene la responsabilidad de actuar con contundencia. De prevenir que un “cabeza caliente” nos obsequie con una tragedia.

Urge que la Alianza Por el Cambio envíe al país un mensaje claro para que estos señores actúen, de una vez por todas, como corresponde. No puede ser que por un lado se prometa “el verdadero cambio” y por el otro miembros de la misma alianza practiquen la más renovada versión del “noriegato-puños-y-patadas”.