‘El sistema no falla, son las personas’

U n grupo de diputados propuso reformar la Ley 32 del 26 de febrero de 1927 sobre Sociedades Anónimas (S.A.), obligando a los propietarios de acciones al portador a revelar su identidad mediante un documento notariado. El inédito trámite, un terremoto para el paraíso panameño, se haría al momento de crear la sociedad con lo cual el Ministerio Público accedería a esta información en caso de un requerimiento judicial. Ana Matilde Gómez, procuradora de la Nación, es una protagonista clave de este engranaje.

Una ley que data de hace tanto tiempo (1927), demuestra que tal vez el instrumento jurídico que soporta a nuestra sociedad requiere de una revisión y actualización. Ese solo hecho es un indicador de que hay que revisar. Creo que amerita que reunamos a distintos actores para mejorar la ley, sobre todo, porque Panamá es un país de servicios, con una actividad que reporta ganancias, pero que también ha mostrado vulnerabilidades.

No quiero señalarla como mala, no es mi enfoque. Lo que digo es que una ley de 1927 —y con los adelantos que ha experimentado Panamá como país de servicios—, impone su revisión para adecuarla a los tiempos. La ley surgió cuando Panamá no tenía la actual actividad económica y nada debe permanecer inmutable. No se compagina con la actividad que tiene la Zona Libre de Colón y el centro bancario. No quiero polemizar con los que consideran que el instrumento es bueno. Mi área es determinar si las sociedades y sus miembros en algún momento se han dedicado a actividades que están fuera de la ley.

No sé si hay que hacer reformas (a las leyes bancarias) o mayor docencia en los bancos sobre la importancia de los controles. Pero no nos podemos llamar a engaños: ha habido casos en los cuales es evidente que transacciones irregulares no han llamado la atención de los oficiales bancarios. Hay elementos en la investigación que llevan a preguntar dónde estuvo el paso previo de control antes de abrir las cuentas.

En este momento no le puedo decir si hay bancos o banqueros investigados, lo que sí se sabe es que de las investigaciones se desprende que a empleados de bancos no les llamó la atención determinada transacción que se refleja como una transacción dolosa. Pero aquí hay que determinar si las personas saben que la transacción que llevan a cabo es de carácter doloso o no.

Eso va a cambiar, porque el sistema con las reformas penales (recientemente aprobadas y que entrarán en vigencia el próximo año) tiene nuevos tipos penales que imponen sanciones. Esto, desde las sacudidas que ha experimentado el sistema bancario panameño, que han sido desafortunadas para la imagen del país, pero positivas para mejorar los controles. Hay nuevos tipos penales en cuanto a los funcionarios, gerentes y manejadores bancarios que violan los controles. Vamos por ese camino.

Se necesita una mayor operatividad investigativa. Tenemos que contar con recursos para tener auditores forenses, contables forenses, una Unidad de Análisis Financiero con más posibilidad de colaborar expeditamente con el Ministerio Público en una investigación que definitivamente no es la especialidad nuestra. Necesitamos expertos que revisen la trazabilidad y el movimiento de los fondos, porque ahora dependemos de los peritos del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría.

Hay que entender que debe blindarse al sistema de investigación, dotándolo de recursos. Todos los años asignamos un poquito de nuestros recursos para lograr esta meta y capacitamos a funcionarios nuestros en investigación financiera.

No quiero especular sobre la voluntad del Ejecutivo para asignar fondos. La procuraduría debe ser un ente autónomo para poder investigar los delitos de cuello blanco y a esas personas que se dedican a hacer transacciones ilícitas que están amparadas con el ropaje de la legalidad.

No estoy preparada para proponer reformas. Me gustaría participar en un debate sobre el tema, analizar los casos en que las acciones al portador hayan obstaculizado la investigación para determinar si ésta debe ser la reforma. Quiero escuchar a otros actores.

Hay que ser responsables y prudentes con las presiones de la OCDE, porque Panamá es una competencia en la región y ofrece ventajas que le han permitido tener un desarrollo importante que produce la envidia de otros destinos para atraer capitales e inversión. Y eso no se debe poner en riesgo. No deben ser tomadas en cuenta sólo las imposiciones desde afuera, debe haber un análisis prudente y responsable de los propios actores, para que sepan que para seguir con el sistema y sus bonanzas hay que blindarlo. Definitivamente no debe ser un sistema que aleje la inversión, debe atraer inversiones lícitas.

No es cierto que el sistema sirva para proteger a paraísos fiscales. No es verdad. Si nosotros fuéramos un paraíso fiscal no tendríamos normas como Conoce a tu Cliente, tantas regulaciones para aperturas de cuentas, los reportes de transacciones arriba de cierta cantidad, no tendríamos la Unidad de Análisis Financiero, ni una ley que permite que el Ministerio Público pueda levantar ese velo, ese supuesto secreto bancario que no existe.

El sistema necesita normas más adecuadas a las transacciones modernas que se dan en el mundo con la tecnología. Hay que adecuar el sistema para que sea tan rápido como el traslado de una cuenta de manera electrónica. Con un botón usted puede cambiar una cuenta de un lugar a otro. Además, los oficiales de cuenta deben entender que las transacciones lícitas traerán mayores rendimientos, porque de nada sirve que abras una cuenta que después vas a tener que cautelar. En Panamá se hacen muchas transacciones y los casos de escándalos son tres o cuatro. Entonces ¿podemos decir que el sistema falla por esos casos? El sistema no es perfecto, eso lo sabemos.