Voto electrónico sigue en el limbo

PANAMÁ. Desde hace 10 años la Asamblea Nacional inició un proceso de modernización tratando de implementar un nuevo sistema para recoger los votos, a la vez registrara la asistencia y que sirviera también para la comunicación interna. El llamado sistema de vitación electrónica.

El sistema fracasó y la inversión de los 300,000 mil dólares que costó el sistema se perdió.

Entre 1994 y 1995, por medio del PNUD, se gestiona un programa de modernización.

Cuatro empresas fueron las precalificadas para este proyecto: Unisistemas de Panamá, Unisys de Centroamérica, India, S. A. (Illueca y Asociados) y Philips Peruana, S.A.

Ninguna de estas empresas llenó los requisitos para el servicio requerido.

No es hasta el 2002 que se compra el sistema y no por licitación. Se hizo por compra directa a la empresa holandesa Philips.

El precio base para el proyecto era de 120 mil dólares, sin embargo terminaron pagando 140,000 mil dólares en compra directa a la empresa holandesa.

La propuesta fue analizada por la comisión evaluadora de ese órgano del Estado, que está integrada por dos miembros de la empresa privada y dos del sector público. El proyecto se realizó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el 2002, Rubén Arosemena, presidente de la Asamblea, aseguró que este nuevo sistema daría mayor transparencia a las funciones legislativas, tanto en lo administrativo como en lo político, ya que consideraba que hablar de votación electrónica era hablar de transparencia.

Con el sistema se buscó llevar un mejor control de la asistencia de los diputados en el pleno, “este nuevo sistema nos va a ayudar a terminar con el método actual —que es golpeando las curules—, que no nos permite transparencia al momento de la votación”, aseguró Arosemena en el 2002.

Esto nunca fue cierto, el sistema empezó a dañarse provocando un caos en las redes: si eran ocho aparatos y uno se dañaba afectaba inmediatamente al resto, inutilizando el sistema en su totalidad. Así, poco a poco fueron desistiendo del uso.

Carlos Smith, secretario general de la Asamblea Legislativa y quien estuvo a cargo de la compra, cuenta que el sistema no fue efectivo, no sólo por fallas técnicas, sino que también porque los diputados no lo usaron como debían.

A cada diputado, y sus suplentes, se le asignó un código diferente. Al llegar la persona que estuviera a cargo de la curul, debía marcar su código. Electrónicamente se marcaba su asistencia.

El problema empezó cuando tanto el principal como su suplente, llegaban y marcaban el mismo día. No era que ambos acudían a la sesión, sino que llegaban, marcaban y se iban. No había manera de saber cuál de los dos había estado en la sesión ni tampoco se podía saber si estuvieron la sesión completa.

En el 2007 la Asamblea gastó dinero nuevamente en este sistema: 160,000 dólares, pero esta vez con Alfaro y Compañía S.A. Esta vez el costo fue superior a la inversión inicial y lo que se hizo fue pasarlo para ser utilizado por las comisiones, pero sólo como sistema de micrófono.

La Asamblea Nacional gastó un total de 300,000 dólares en un sistema que sólo sirve como micrófonos. Nunca se constató la funcionalidad del sistema, ni se estableció un período de garantía.

No se exigió a la empresa vendedora que se hiciera responsable de los daños.

Nunca se pudo implementar el sistema para llevar un conteo eficaz de la asistencia de los diputados. A pesar de que hablan de transparencia hoy día los ciudadanos no pueden saber a ciencia cierta quienes votan a favor o en contra de un proyecto.

Mireya Lasso, diputada de la bancada de oposición dice no entender porque no se utiliza este sistema y considera que sí servía. “Si hablan de transparencia porque no quieren utilizar el sistema, que sirve e invierten presupuesto en algo inecesario”.

Elías Castillo, quien ocupara la presidencia de la Asamblea durante dos períodos, asegura que los cambios del equipo del pleno hacia las comisiones eran necesarios, ya que si el sistema no servía “ era absurdo tenerlos en el pleno”.

El subsecretario de la Asamblea, Dídimo Escobar, dijo que el sistema electrónico de votación no se ha usado porque deben resolverse aspectos técnicos del sonido. No supo decir quién ni cuándo resolverían el “problema técnico”.

Por el momento, los diputados están usando uno de los sistemas de micrófonos más caros del país: 300,000 mil dólares para ser escuchados.