La fiebre de los ‘pinchazos’

PANAMÁ. El gobierno del ex presidente Martín Torrijos intentó crear una ley que obligara a las empresas de telecomunicaciones suministrar datos de sus clientes y usuarios, con los polémicos Decretos Ley de Seguridad que provocaron el repudio de la comunidad en general.

Ahora, la nueva administración, bajo el mando de Ricardo Martinelli, siguiendo con sus políticas de seguridad propuso un proyecto de ley que busca regular la obligatoriedad de las empresas de telefónicas, lo que ha generado suspicacias de quienes ven en el documento ciertas similitudes con las llamadas leyes “DDD”, en honor a su proponente el ex ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante.

Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista considera como “sospechosas” las coincidencias entre ambas iniciativas de ley. “Ese era uno de los puntos que estaba contemplado dentro de los decretos ley de seguridad, ahora se lo pasan al nuevo gobierno”, dijo Bernal.

El catedrático mira con recelo la nueva propuesta de seguridad del gobierno, especialmente porque, según Bernal, los países donde se aplican leyes similares- Irán, la República Popular China, Corea, y la antigua Birmania- son países con “régimenes represivos”.

Asegura que el nuevo proyecto atenta contra el derecho a la intimidad, y pone en peligro la democracia del país. No hay democracia que se pueda sostener sin libertades ni garantías, muy particularmente las relativo al derecho a la intimidad y la libertad de expresión”.

Los decretos ley de seguridad planteaban en uno de sus artículos que las empresas privadas debían brindar información al gobierno.

Angélica Maytín, presidenta de Transparencia Internacional, señaló que la ley tiene un pequeño parecido con el decreto que creaba la El Servicio Nacional de Inteligencia. “Es necesario que el gobierno realice una consulta amplia con todos los sectores conocedores del tema para evitar que se cometan los mismos errores del pasado”, dijo Maytín.

La Estrella pudo conocer que el gobierno realizará reformas al documento original presentado por el secretario de Seguridad José Abel Almengor.

Las modificaciones al proyecto se centrarían en el artículo 2, que trata sobre las obligaciones de las empresas teléfonicas y quien deben ser suministrados los datos requeridos, y el artículo 16, que le da retroactividad a la ley.

El nuevo documento reformado será presentado por el ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino la próxima semana al Viceministerio de la Presidencia.