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09 de Apr de 2020

Política

Grupos de la sociedad civil abogan por que se restablezca la paz en Bocas

PANAMÁ. La situación que se vive en Bocas del Toro mantiene en vilo a toda la sociedad civil, que pide un cese de los actos de violencia...

PANAMÁ. La situación que se vive en Bocas del Toro mantiene en vilo a toda la sociedad civil, que pide un cese de los actos de violencia y represión y propone un diálogo sensato entre el gobierno y los huelguistas.

Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, se mostró preocupado y angustiado por el clima de tensión en Changuinola y recomendó a ambas partes buscar la paz social, donde las leyes se respeten, al igual que la constitucionalidad. ‘Invito a todas las partes, empresa, sindicato y gobierno, a que podamos sentarnos y dialogar y entre todos buscar lo que deseamos, que es el bien común de todos los panameños’, expresó Ulloa.

Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal lamentó profundamente los hechos violentos registrados en Bocas del Toro y demandan que, de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre grupos y autoridades.

‘Estamos convencidos de que el diálogo y la negociación son los caminos idóneos para llegar a superar las causas que generan los conflictos y establecer las condiciones para la gobernabilidad democrática y la convivencia pacífica entre los ciudadanos’.

De igual manera, la iglesia Episcopal también llamó al diálogo e instó a las autoridades del gobierno a estar dispuestos a hacer las modificaciones necesarias para lograr un acuerdo.

La Cámara de Comercio y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) condenaron los actos de violencia que cobraron la vida de un obrero el pasado jueves. ‘Es importante que cesen los actos de violencia y que impere un ambiente de diálogo. No es aceptable que sectores radicales traten de llevar al país a la anarquía, ya que ello es un atentado a la democracia’, dijo Rubén Castillo Gil presidente de APEDE.

Los partidos Revolucionario Democrático (PRD) y Popular (PP), de oposición, también hicieron un llamado al diálogo, pero además responsabilizaron al gobierno de la situación en Bocas del Toro, la que —aseguran— se debe a la aprobación de la Ley 30, que ha provocado el rechazo general de la población.