Martín Torrijos, en la mira de la justicia

PANAMÁ. El ex presidente Martín Torrijos se encuentra en medio de un laberinto. En menos de un año, su nombre ha sido asociado a escándalos de corrupción.

Se trata de las denuncias de Manuel De La Hoz y Carlos Afú contenidas en las grabaciones que son clave para la reapertura de las investigaciones por el caso CEMIS.

Torrijos es acusado de ser el artífice de las negociaciones con los representantes del Consorcio San Lorenzo para la aprobación del contrato ley que permitiría la construcción del Centro Multimodal y de Servicios (CEMIS) en la provincia de Colón.

En 2002, Torrijos rindió declaración jurada por las investigaciones que la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, hizo contra el procurador José Antonio Sossa, por el supuesto delito de extralimitación de funciones en el manejo de la investigación del CEMIS.

En su declaración, Torrijos dijo no tener conocimiento que miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD hubiesen recibido dinero por el voto emitido en la entonces Asamblea Legislativa por la aprobación del CEMIS. Dijo conocer a los directivos del Consorcio San Lorenzo, Martin Rodin y Stephen Jones, pero que no le consta que se haya producido algún tipo de pago de parte de éstos a los diputados.

Según versiones de De La Hoz y Afú, fue Torrijos quien, en su calidad de secretario general del PRD, concertó el pago de 20 mil dólares a los diputados de oposición (el PRD dominaba la Asamblea en 2001) a cambio del voto favorable para la aprobación del proyecto. Ambos coinciden en que junto con Torrijos, Héctor Alemán, Balbina Herrera y Miguel Bush también participaron en las negociaciones. Afú incluso asegura que los negociadores recibieron más dinero que los diputados.

Hasta el momento, las autoridades de justicia no han confirmado si el ex presidente será llamado a declarar. En días pasados, Carlos Afú pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que llamaran a declarar a Torrijos por el caso del pago de dádivas para la aprobación del CEMIS.

SILENCIO POR PINCHAZOS

El otro escándalo en donde el nombre Torrijos ha salido a relucir se traslada a la Procuraduría de la Administración.

Jorge Ábrego, ex jefe de Seguridad de la institución, entregó a un medio de comunicación las grabaciones que ilegalmente había efectuado a trabajadores de la Procuraduría de la Administración.

Oscar Ceville, procurador de la Administración, en su defensa aseguró que el ex funcionario trató de extorsionarlo con las grabaciones, y que el entonces presidente Martín Torrijos había designado el caso al Consejo de Seguridad, donde se decidió no emprender acciones en contra de Ábrego.

Las declaraciones de Ceville nuevamente colocaron a Torrijos en la mira del Ministerio Público.

El asesor del procurador General de la Nación, Neftalí Jaén, reveló que Torrijos podría ser llamado a declarar por los pinchazos.

Aunque el procurador Giuseppe Bonissi señaló a La Estrella que por el momento se están concentrando en recabar las pruebas para luego decidir a quiénes llamarán a declarar, se conoció que se adelantan las gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer en qué fecha Panamá queda oficialmente fuera del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con lo que Torrijos quedaría sin inmunidad parlamentaria, y le abriría el camino a las autoridades en caso de que sea llamado a declarar.

El ex presidente Torrijos no ha dicho ninguna palabra sobre el CEMIS, mucho menos sobre los pinchazos.

Sus más cercanos colaboradores y copartidarios aseguran que se trata de una persecución política.

En tanto, el analista político Edwin Cabrera estima que mientras no se presenten los elementos que demuestren los hechos denunciados, ‘todo esto no dejará de ser sólo escaramuzas’.

Según Cabrera, las situaciones que afectan la institucionalidad del país son aquellas denuncias que un año después que los funcionarios han abandonado su cargo, salen a la luz pública, en forma de actos de corrupción o supuestos delitos. ‘Son situaciones que deben ser denunciadas apenas se conozcan; denunciar y tener las pruebas, porque de otra forma, se trata de una mala práctica’, apuntó.

Señaló, además, que con esto se da una mala imagen de la administración de justicia, ‘porque entonces se tornan en elementos de persecución, también, de la clase política’.

Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba concreta que inculpe a Torrijos. Solo se han basado en acusaciones que las autoridades de justicia investigan para comprobar su veracidad.