Dos meses víctimas de su propio estilo

PANAMÁ. Era diciembre del año pasado. Las lluvias que caían en Panamá —las más intensas registradas por ETESA— afectaban a miles de residentes de la periferia este de la capital: arrasaban con viviendas, cultivos y hasta con el ganado que allá se criaba.

Sin embargo, lo que parecía un mero fenómeno natural poco después desencadenó una de las peores crisis de suministro de agua potable. El 90% de la población citadina se quedó sin ese líquido; los afectados no tardaron en renegar.

Pero, ¿quién imaginaría que ese sería el aperitivo de un jaque de 60 días en la mesa de Gobierno y que, así como se despedía de 2010, el presidente Ricardo Martinelli recibiría este año?

La falta de agua potable pasó de ser un problema social a un dilema que dejaba ver vicisitudes en la administración del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y que, iniciado el 2011, llevaron a su director, Manuel González Ruiz, a dimitir ‘por razones de salud’.

Sin embargo, la situación tenía otro trasfondo: habían informes que preveían una eventual dificultad en el sistema de la planta de Chilibre, y que tanto los gobiernos de Martín Torrijos como de Martinelli prefirieron ignorar.

Lo grave del panorama llevó al presidente a solicitar a la Autoridad del Canal de Panamá a tomar el control temporal de esa planta y a contemplar la reestructuración del IDAAN, el cual —aseguró—, será despolitizado. En tanto, voces hablaban de demandas por faltas a los derechos humanos.

DE SECRETOS E INCENDIOS

Mientras eso ocurría, WikiLeaks también estremecía el engranaje gubernamental. El 17 de diciembre ese portal develó las inconformidades del gobierno de EEUU y las dudas de funcionarios panameños de alto perfil sobre la licitación para la expansión del Canal.

Poco después, en la víspera navideña, fueron publicados dos cables en los que la ex embajadora Barbara Stephenson aseguraba que Martinelli solicitó ayuda a su país para intervenir teléfonos, divulgación que levantó el vapor de las masas opositoras; varios ministros demeritaron las aseveraciones y empezaron a desnudar la pobre relación entre Stephenson y Martinelli.

Iniciando 2011, el portal filtró que la ex embajadora admitía sospechas de vínculos del ministro Salo Shamah con el narcotráfico. Ante eso, grupos políticos opositores pidieron la destitución del funcionario, mientras sus compañeros lo defendían a capa y espada.

Empero, el 9 de enero, cuando aún se resentían los problemas del agua, en el Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen se suscitaba otro apuro para el presidente: la masacre de Tocumen.

La supuesta negligencia de las máximas autoridades del penal propiciaron que un incendio en el Pabellón 6 acabara con la vida de cinco jóvenes.

Eso provocó nuevamente reproches a la administración Martinelli y a la postre descubrió diferencias entre los ministerios de Gobierno (encargado del sistema carcelario) y Seguridad (que cobija a la Policía). Nuevamente, grupos políticos y de la sociedad civil exigían la destitución de los jefes de ambas carteras.

A este hecho se suman ahora denuncias de corrupción en la Policía Nacional.

DE REFORMAS MINERAS

El ministro de Comercio, Roberto Henríquez, lleva a la Asamblea el proyecto de reformas al Código Minero y pregona ante los medios las bondades de la propuesta.

Pero, lejos de tomarlo como melodía, un grupo de indígenas ngöbes se pintaba de guerra. Su oposición los llevó a enfrentamientos con la policía en Chiriquí.

Asimismo, la idea era rechazada por los ambientalistas, quienes exigían una moratoria, idea que también compartía el vicepresidente Juan Carlos Varela y que le costó un regaño del propio presidente.

Sin embargo, el proyecto fue aprobado en primer debate, en medio de advertencias de inconstitucionalidad y de tratarse con métodos antidemocráticos, los detractores dicen esperar su inminente aprobación en segundo y tercer debate, mientras que los ngöbes se preparan para demandar el proyecto ante organismos internacionales.

Lo cierto es que todos los aprietos han ocurrido en medio de viajes, un bajo perfil y el silencio presidencial casi sepulcral.

RESULTADO DE LA FÓRMULA

Mas, ¿son estos hechos el resultado de la casualidad o de la forma de gobernar de Martinelli?

Para el analista político Miguel Antonio Bernal, los aprietos del presidente son producto de su estilo ‘antipanameño y antidemocrático’ de gobernar, en complicidad —dice—, con los órganos Judicial y Legislativo.

El catedrático universitario cree que en los últimos dos meses de gestión se ha acentuado el irrespeto a los derechos humanos.

Con Bernal coincide el analista Luis Navas, quien advierte una ‘falta de interés y coherencia del gobierno en los asuntos sociales’.

Navas considera que en los últimos meses, el jefe del Ejecutivo no ha reparado en su ‘forma autoritaria de gobernar ni ha dejado de despreciar la opinión pública y no le ha interesado consensuar’.

Edwin Cabrera difiere del planteamiento de Bernal. A su juicio, en lo que el gobierno ha fallado es en no establecer un equipo que planee una estrategia de temas que salgan del Ejecutivo, para que no se topen con situaciones como las que han atiborrado la palestra nacional. Aún así, no ve diferencias entre los últimos dos meses de gestión y los 17 anteriores.

Por su parte, el sociólogo Marco Gandásegui estima que aunque el gobierno no ha entendido que debe consensuar y crear oportunidades para que todos se integren, Martinelli aún tiene cartas por jugar: la corrección de la política administrativa y el Metrobús.