Alcalde Bosco envuelto en apuros legales

PANAMÁ. El alcalde del distrito de Panamá, Bosco Ricardo Vallarino, entró ayer en un aprieto legal. Poco antes del mediodía, el abogado de MKG International Bussines Corporation, Carlos Augusto Herrera, interpuso ante la Procuraduría General de la Nación una querella penal contra Vallarino y otros dos trabajadores municipales por supuesta extralimitación de funciones, corrupción y abuso de autoridad.

La demanda apunta, incluso, a que el alcalde, el subdirector de Legal y Justicia del Municipio, Ameth Cerceño; y el coordinador de corregidores capitalinos, Luis Morales, también incurrieron en supuesto tráfico de influencias y extorsión.

El proceso legal surgió en medio de una polémica tras el intento de desalojo de la armería American Range & Gun Shop, ubicada en el lote 3 de la finca 24942 en la avenida Balboa y calle 39, a cargo de la hoy ex corregidora de Calidonia, Liliana Flores.

La situación subió de tono cuando, supuestamente, Morales ordenó a Flores, vía telefónica, detener la diligencia de hecho. Es justo en ese kilómetro de la historia donde las versiones toman rumbos distintos y dejan al desnudo diferencias entre los propios funcionarios del Municipio.

LAS CONTRADICCIONES

Según Flores —quien presentó el jueves su renuncia al cargo—, el coordinador de corregidores frenó la orden sin justificación. Dice que tampoco presentó un amparo de garantías, procedimiento para detener un desalojo.

Empero, el equipo del Municipio rechaza esas aseveraciones. El propio alcalde Vallarino arguye que el trámite que adelantaba Flores no estaba autorizado y fue interrumpido por ‘seguridad’, puesto que dentro del local —según consta en el inventario al que tuvo acceso La Estrella—, habían aproximadamente 500 armas, entre pistolas, rifles y escopetas.

Vallarino agregó que allí habían, además, 50 mil municiones sin detonar.

En sintonía con el alcalde, Morales explicó hace una semana a este diario que al momento del desalojo no había ni personal ni autos blindados para sacar ‘los cientos’ de armas, por lo que se había decidido suspenderlo.

Contrariamente, Flores manifiesta que ella había solicitado el apoyo policial para el desalojo con 24 horas de anticipación y mediante una nota escrita.

La ex corregidora alega también en su carta de renuncia que ‘ellos (Cerceño y Morales), al ver que seguía se presentaron al lugar de manera grosera, violenta, gritándome públicamente que tenía que suspender y que si no lo hacía, me arrestarían’. En esa circunstancia —agrega—, tenía 80% de la diligencia adelantada.

Ese argumento también fue negado por la Alcaldía.

La programación de lanzamiento fue notificada —con copia a Morales— el miércoles 1 de marzo al director de Legal y Justicia del Municipio, Rogelio Peralta, mediante la nota 73 de la Corregiduría de Calidonia.

DE LOS SUPUESTOS 150 MIL

María Eduarda Córdoba, también abogada de MKG, dice que tras llegar a la armería, Cerceño se acercó a ella y le propuso llamar al dueño del terreno para negociar. En la conversación —asegura Córdoba—, Cerceño le pidió 150 mil dólares al propietario de la finca para acabar el proceso.

Poco después, en una entrevista en el Canal 13, la versión fue totalmente rechazada por el funcionario: ‘Usted fue la que me dijo que mi cliente quería conversar. No mienta’, le respondió a Córdoba.

Según la parte querellante, ayer aportó a la Procuraduría unas 25 declaraciones notariadas, que —dice—, lo respaldan.

LA PUGNA POR DOS FALLOS

Con el transcurrir de los días, la polémica se enconó. El alcalde Vallarino adujo que la corregidora falló dos veces en el caso (la primera resolución a favor de la armería y la segunda, en contra). Entrevió, entonces, que en eso podría haber un ‘chanchullo’.

Flores, en defensa de esa acusación, añadió que sólo hubo ‘dos procesos distintos, en momentos distintos y con dos partes distintas, solamente que habitando la misma finca’.

MUNICIPIO INVESTIGA

Al margen del proceso jurídico, tanto el Consejo Municipal capitalino como la Alcaldía comenzaron investigaciones esta semana.

La comisión de Transparencia del Concejo tiene previsto para su próxima reunión (cuya fecha deberá acordarse este martes), citar a Flores y a los abogados de MKG para que den su versión y puedan deliberar sobre el caso.

Por su lado, el alcalde Vallarino ordenó una auditoría jurídica, porque —según explicó— se está ante la posible comisión de un delito.

‘Si se llega a probar que el funcionario ha vendido un fallo, yo quiero verlo preso, pero también al que pagó’, enfatizó.

En tanto Flores, en una entrevista con La Estrella, aseguró ser víctima de una persecución. ‘Yo pienso que ahora me quieren agarrar como chivo expiatorio para salir de una responsabilidad’, emplazó la ex corregidora.