Elección de magistrados, una reforma pendiente

PANAMÁ. Cómo escoger a los magistrados. Este tema, que en los últimos años ha tomado fuerza, hoy se perfila como uno de los más controvertidos en el proyecto de reformas a la Constitución Política.

Mientras en su paquete preliminar de ocho modificaciones a la Carta Magna el Ejecutivo presentó cambios en la fórmula para escoger a los magistrados —el cual se desconoce su contenido—, la sociedad civil organizada propugna porque el cambio recoja lo contenido en el Pacto de Estado por la Justicia, firmado en 2005.

Ese documento plantea que una comisión integrada por el Colegio de Abogados, las universidades, las asociaciones de magistrados y la sociedad civil escojan a los candidatos a magistrados para luego elevar una lista de la que el Ejecutivo tendría que seleccionar a un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Con esta modificación, la sociedad civil organizada considera que se garantizaría la independencia (de los magistrados) en sus decisiones, ‘que tengan prestigio reconocido y solvencia moral; es decir, que tengan idoneidad ética para ocupar el cargo’.

Víctor Lewis, presidente de esa organización de la sociedad civil, dice que lo que se persigue es que en los magistrados haya un perfil de ejecutivo del Órgano Judicial, que no se vea limitado a los partidos políticos.

‘La época en que se escogía a los amigos, compadres o copartidarios del presidente de la República debe quedar atrás y dar paso a procesos despolitizados y transparentes’, sostiene la dirigencia de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

EL DEBATE DEL ARTÍCULO 203

Por su lado, en su artículo 203, el texto constitucional actual deja en manos del Ejecutivo la selección de los miembros de la máxima magistratura del país.

Y, justo allí está el punto que motiva la petición de modificaciones. ‘Necesitamos magistrados para la democracia, magistrados defensores de la Constitución y del Estado de Derecho. No queremos magistrados comprometidos con el poder político’, considera la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

El nombramiento y la ratificación en la Corte (de Almengor y José Moncada Luna) fueron de los más cuestionados en los últimos años. Sus postulaciones se hicieron pese a que no habían sido recomendados por una comisión activada por el propio presidente Martinelli.

La situación se pone aún más en relieve ahora, cuando la Asamblea será llamada a sesiones extraordinarias para ratificar al reemplazo del ex magistrado José Abel Almengor en la Sala II de lo Penal, y cuando a final de año se declaren vacantes las posiciones que hoy ocupan Winston Spadafora y Alberto Cigarruista. Se sabe de todos estos nombramientos en medio de una anunciada crisis en el sistema judicial, agravada seguramente por una denunciada politización.

Y todo puede pender de un hilo: ‘Estos nuevos magistrados pueden ser el equilibrio que necesitamos para iniciar el proceso de recobrar la confianza en la justicia panameña o pueden ser la prolongación y profundización de la crisis’, agrega la organización de la sociedad civil.

En las reformas constitucionales, el cambio en la selección de magistrados forma parte del eje sistemático de administración de justicia. Las propuestas sobre este y otros temas serán recibidas hasta el 31 de agosto. Luego, los notables se tardarán dos meses para redactar el proyecto de reformas que irá al Ejecutivo y después a la Asamblea.