26 de Oct de 2021

Política

Entre lo público y lo privado

PANAMÁ. ‘Esa torre financiera se puede desplazar para el terreno de la embajada americana’. Así respondió ayer el ministro de Economía y...

PANAMÁ. ‘Esa torre financiera se puede desplazar para el terreno de la embajada americana’. Así respondió ayer el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, a las publicaciones de La Estrella que dan cuenta de que uno de los edificios de la torre financiera estaba sobre terrenos del Hospital Santo Tomás (HST).

Su versión surge en medio de una controversia por la idea de construir el edificio ‘más alto de Latinoamérica’ aún con el rechazo generalizado, por lo que sus detractores planean llevar el caso hasta la Corte.

La sustentación del ministro pasó de ser meramente técnica a cuestiones de estética de la ciudad, pues según él, ‘la razón para pellizcar ni 800 metros; no de los jardines monumentales frente al Elefante Blanco, sino donde estaba la escuela de enfermería, es que urbanísticamente se crea un eje muy lindo desde Perejil que baja recto, pasa por la mitad de la torre, hasta la avenida Balboa’. Esto, explicó a TVN, ‘enriquece el urbanismo de la ciudad’.

Antes de las clases de paisajismo, Vallarino había dicho que la torre financiera sólo intervendría en los jardines del HST —declarado monumento histórico en 1982— para construir tres pisos de estacionamientos soterrados, que podrán albergar hasta cuatro mil autos. Pero nunca hablaron de que allí erigirían uno de los edificios del proyecto. Incluso, los planos diseñados por Mallol & Mallol prevén interrumpir la calle 36, que divide al Edificio Blanco de la Escuela de Enfermería del HST.

A LA DEFENSIVA

Las contradicciones surgen hacia lo interno de la administración pública. En Patrimonio Histórico, entidad que debe aprobar la intervención en los monumentos históricos y áreas adyacentes, dicen que la resolución aprobada el 11 de marzo sólo habla de estacionamientos soterrados.

Para la directora de esa oficina, Sandra Cerrud, ‘eso es totalmente falso’.

—‘Por amor de Dios, ¿Usted es arquitecto? No. Entonces, usted mal puede interpretar qué dicen los planos’.

Pero mire las fotos que presentaron, están sobre el Santo Tomás.

—‘Lo que yo autoricé fue que se permitiera unos estacionamientos soterrados sobre un perímetro de los jardines, y ellos vuelven a su posición normal, sin sufrir ningún menoscabo... al contrario, le da mucho más valor al paisaje artístico que fue deteriorado muchos años atrás’.

—Pero a usted ¿qué plano le presentaron en la solicitud de intervención? ¿Estaba la construcción de uno de los edificios de la torre?

—‘De habérseme presentado la solicitud de intervención con un edificio, la hubiera denegado’.

Aunque fuentes ligadas a la conservación del patrimonio aseguraron a este medio que jamás Patrimonio Histórico llamó al Consejo Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos para consultarles sobre la petición de Mallol (tal cual lo establece la ley), la directora dice que sí se hizo y que por eso se avaló la intervención. Sin embargo, no recordó la fecha del acta en la que consta eso.

EL BANCO

Para realizar la asesoría financiera del proyecto, el MEF eligió al Banco Prival. Aunque el pago fue por un monto bajo, $30 mil, era el comienzo de una futura relación ligada a levantar la torre financiera. Prival es una especie de hijo póstumo de Banitsmo, del cual Vallarino era accionista. El director de Prival es un personaje muy conocido del actual gobierno. Se trata de Juan Carlos Fábrega Roux. Como el ministro, también ex accionista de Banistmo.

La relación entre Vallarino y Fábrega —primo del ministro de Asuntos para el Canal, Rómulo Roux— no se reduce a Banistmo. Ambos son socios en los hoteles Bristol y Buenaventura. Fábrega incluso estuvo entre los candidatos para ocupar el viceministerio de Finanzas antes de que fuese designado Dulcidio de La Guardia. Pese a que no logró ocupar ningún alto cargo en el MEF, Fábrega Roux ha sabido mantener sus vínculos con el gobierno. El banquero aparece en varias designaciones del Ejecutivo. Por ejemplo, lideró la comisión que auditó los corredores Norte y Sur y que derivó en su controvertida compra en mil 70 millones de dólares. Además, integra la junta directiva de la novata Empresa Nacional de Autopistas y es suplente común de los cuatro representantes del Estado en la junta directiva de Petroterminales de Panamá. Podría hablarse de una administración que se contrata a sí misma para construir desde el Estado un proyecto privado.