El pleito que desató un infierno en el paraíso

Otro escándalo por posesión, traspaso y venta irregular de tierras en el que se menciona a la ya cuestionada Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), un corregidor, el alcalde, el gobernador de Bocas del Toro y hasta un hermano de crianza del expresidente, Martín Torrijos Espino, salta a la palestra pública.

Se trata ahora de la posible doble venta de los derechos posesorios de tres hectáreas en la paradisíaca isla de Cayo de Agua, ubicado en el corregimiento de Punta Laurel en la provincia de Bocas del Toro.

Pero en esta ocasión hay un ingrediente inédito: un desalojo, la destrucción de una reserva ecológica tras su quema, y la devastación de un hostal turístico.

LOS ACTORES

Forman parte de esta tétrica historia un buzo-capitán de navío de origen ítalo-peruano de nombre Daniel Ayora; Cirilo McSween, hermano de crianza del expresidente de la República, Martín Torrijos, así como el indígena Amado Aurelio Baker. Los dos primeros son los supuestos compradores de la tierra, y el tercero, entre tanto, es el vendedor de los derechos posesorios motivo de la disputa.

Se suman al elenco, las autoridades políticas de la provincia de Bocas del Toro: el gobernador, miembro de Cambio Democrático (CD) de nombre José Brown; el alcalde, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Anderson; y Ernesto Chuito, el corregidor, ejecutor del desalojo.

Como invitado especial, la Defensoría del Pueblo que está en pleno conocimiento de los hechos, pero no puede actuar ni sancionar a ninguno de los que pudieran ser responsables.

LOS HECHOS

Ayora en entrevista con La Estrella denunció que en el año 2005 compró tres hectáreas a Baker por $36 mil. La finca en total tenía 40 hectáreas, de las cuales fueron segregadas las que compró, y que luego convirtió en el hostal ‘Rana Verde’

Justo unos meses antes de que hiciera el último de cuatro pagos al propietario de los derechos posesorios —según Ayora— apareció Cirilo Mc Sween.

Él, según la versión de Ayora, hizo una transacción de compra de la totalidad de la finca, incluyendo las tres que ya habían sido vendido a él.

McSween, agrega Ayora, presionó a Baker para que le vendiera la totalidad de las hectáreas. Incluso, relata que los abogados del alcalde le plantearon que se ‘encargarían de él’.

UNA SOLUCIÓN AL MEJOR ESTILO DEL VIEJO OESTE

Y lo que se temía ocurrió.

Al mejor estilo del viejo Oeste Americano, en la época de indios y vaqueros en la que el comisario pasaba a ser una figura decorativa e imperaba la ‘ley del revólver’, el 2 de septiembre, una cuadrilla supuestamente dirigida por el corregidor, aprovechó que los dueños se encontraban fuera del hostal ‘Rana Verde’.

No hubo contemplación con los trabajadores, mucho menos con los animales. Todo fue devastado. Los enseres destruidos y los ranchos incendiados, contó Ayora.

Incluso un reservorio de ranas verdes, una especie endémica del lugar y que se encuentra en peligro de extinción, y que era uno de los principales atractivos para los turistas europeos y norteamericanos que frecuentaban el lugar quedó reducido a cenizas.

A la par, se perdieron unos 250 mil dólares en inversión y más de siete años de trabajo.

ADVERTENCIA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

El caso fue presentado ante la Defensoría del Pueblo que, tras conocerlo, visitó Cayo de Agua y advirtió que se estaría frente a ‘una serie de delitos penales y ecológicos en los cuales se podrían ver involucrados varios funcionarios’.

Incluso, así lo hicieron saber a los encargados de la Alcaldía de Bocas del Toro. De hecho, les plantearon que no podían proceder con el desalojo desde antes de ejecutarlo.

Eduardo López de la Dirección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, dejó claro a La Estrella que, en este caso, podrían ser ‘delitos diversos y los implicados en su comisión también podrían ser varios funcionarios’. Aún así, manifestó que a las autoridades no se les advirtió que el incidente podría ser investigado por autoridades penales.

‘En primera instancia, se podría estar frente a una estafa, lo cual tendrían que definir las autoridades penales. Es probable que el mismo terreno se haya vendido dos veces’, dijo López.

La lista de posibles delitos inclye abuso de autoridad, sustracción de documentos públicos, invasión territorial, destrucción de propiedad privada y delitos ecológicos, menciona el jefe de la Dirección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Además, se podría estar frente al delito de agresión física, pues Ayora narró que él y su esposa —quien está embarazada— fueron sujetos de una golpiza por personas que hasta el momento no logra identificar.

López recalcó que aunque a la Defensoría del Pueblo no le corresponde hacer las investigaciones penales ni aplicar sanciones, desde antes de la destrucción de la propiedad, le advirtieron a las autoridades sobre los posibles abusos en los que se incuirriría.

LA GOBERNACIÓN

El desalojo de Ayora se había planificado originalmente 23 de agosto. A solicitud del gobernador de Bocas del Toro, José Brown y la Defensoría del Pueblo, no se llevó la diligencia.

El mismo Brown advirtió al alcalde, José Anderson, que no se podía hacer el desalojo, si antes el caso no era conocido por la Gobernación, por lo que solicitó el expediente para estudiarlo, tanto al alcalde como al corregidor Dionisio Chuito. En ese momento se detuvo el desalojo, pero no hubo respuesta sobre el expediente, ya que, según la Alcaldía de Bocas del Toro, el documento estaba en manos de la Corregiduría, y en esta última oficina aseguraron que el documento reposaba en la Alcaldía.

LAS DUDAS DEL PROCESO

Tampoco hubo una tercera ocasión para esperar la vencida. En el segundo intento realizado el 2 de septiembre pasado —a pesar de que el gobernador y la Defensoría del Pueblo volvieron a advertir que no se podía proceder con el desalojo—, las autoridades municipales lo concretaron. Según el gobernador en esa ocasión, el corregidor procedió con el lanzamiento, lo cual realizó ‘bajo su propia responsabilidad’.

Es que, según Brown, en el caso que se hubiera comprobado que Ayora fuera un invasor de las tierras y no tuviera derechos legales y procediera un desalojo, lo correcto sería ‘sacar los bienes y en el caso que el propietario no tuviera donde guardarlos, hacer un inventario y enviarlos a un depósito en cual permanecerían resguardados’.

¿LA MANO PELUDA?

Daniel Ayora, propietario de los bienes destruidos, alega que desde antes de que el actual gobierno iniciara su mandato, ya se había empezado con el proceso para despojarlo de su propiedad. En ese entonces Martín Torrijos era el presidente de la República, y su hermano de crianza, McSween —alega— ‘intentaba despojarme de mi propiedad’.

‘Sentía que los funcionarios de la Alcaldía y demás instituciónes de Bocas del Toro tenían un marcado favorítismo por quien pretendía despojarme de mis terrenos’, narró.

Pero, con el cambio de gobierno su suerte no varió mucho. Ayora advierte que aún sigue en desventaja, porque las autoridades locales ‘prefieren’ a McSween, a quien define como un ‘multimillonario que vive en Estados Unidos y apenas ha visitado Bocas del Toro en una o dos ocasiones’.

Sin embargo, el gobernador rechaza esa aseveración. Dice que a pesar de ser miembro del Gobierno del Cambio y ser el representante del presidente Ricardo Martinelli, ‘sólo está viendo los hechos’, y no se ha detenido ‘a ver los partidos políticos de las personas’.

ANATI, EN SILENCIO

Aún así, el silencio ha llegado a otras entidades involucradas. La Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), ‘tampoco me ha dado respuesta’, manifiesta Ayora. ‘Yo siento que no toman en cuenta mis reclamos, a pesar de que he pedido su intervención’.

Según el extranjero, las únicas respuestas que ha logrado de la institución es que ellos no son un tribunal, por ende, no pueden actuar en el caso. Esto, pese a que el conflicto sí tendría que ver con esa oficina, ya que tiene origen con la venta de unos derechos posesorios.

A LA GOBERNACIÓN MAÑANA

Misteriosamente, un mes después del incendio en Cayo de Agua, el expediente original apareció y le fue remitido a la gobernación. Entonces, se empezará a analizar de parte de los asesores legales.

Para mañana martes, la Defensoría del Pueblo, el gobernador y el equipo de asesores técnicos de la Gobernación, han sido convocados a una reunión para analizar el caso.

El propietario del resort, por su lado, ha puesto a sus abogados a trabajar en los reclamos, tanto penales como civiles, y no pierde las esperanzas que haya un fallo favorable.