Fiscalía de Nápoles rastrea a allegados al Gobierno

PANAMÁ. Quizá no haya país europeo en el que el nombre del Gobierno de Panamá, liderado por Ricardo Martinelli, se escuche más que en Italia. En la histórica Roma y en Nápoles.

Y justo ayer fue una prueba para esa idea. En ambas ciudades, la administración Martinelli volvió a ser foco de atención, a cuentas del abultado expediente Finmeccanica.

En la jornada, la Fiscalía de Nápoles confirmó que investiga el supuesto soborno de Finmeccanica al mandatario, ‘exponentes políticos’ y figuras del gobierno panameño por 18 millones de euros (23.4 millones de dólares), para conceder un contrato millonario de abastecimiento de equipos de seguridad al Estado.

Los nombres del resto de las personalidades podrían salir a relucir en la evolución de la investigación. La agencia de noticias Ansa reportó que la Fiscalía de Nápoles está ‘en camino de completa identificación’ de los panameños implicados en el escándalo internacional.

Además de Martinelli, publicaciones periodísticas en Italia y Nápoles —basadas en retazos de la causa—, solo habían citado a la alcaldesa capitalina Roxana Méndez, quien fungió como ministra de Gobierno hasta enero último.

Las sospechas de un soborno por 23 millones de dólares se hicieron públicas después de que la Policía italiana capturara al exdirector de Finmeccanica, Paolo Pozzassere, en Roma.

De hecho, los escenarios están intrínsecamente ligados. La orden de captura contra Pozzassere consigna la acusación formal sobre él y, consiguientemente, sobre Martinelli.

Pozzassere fue detenido en su residencia en Roma a petición de los fiscales Henry John Woodcock y Viscenzo Piscitelli, y por orden del juez de investigaciones preliminares de Nápoles, Darío Gallo.

Tras su captura, la policía italiana trasladó a Pozzassere a la prisión de Poggioreale, en Nápoles, la misma en la que permanece Valter Lavitola, un personaje contundente entre el gobierno de Panamá y sus negocios de Finmeccanica, desde abril último.

EL ANTICIPO Y LOS MILLONES

Una transcripción que hizo el diario italiano La Repubblica sobre una conversación que el 21 de agosto de 2011 sostuvieron Lavitola y Pozzassere fue la primera alerta que llegó a Panamá sobre un posible vínculo Lavitola - Pozzassere - Martinelli.

La publicación apunta a la entrega de un helicóptero al jefe de Estado panameño ‘como anticipo del pago de 30 millones’ —en una moneda que nunca se reveló— por el contrato a Finmeccanica.

Meses antes, en el marco de un acuerdo de cooperación con el entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, el gobierno había firmado con el conglomerado italiano el suministro de 19 radares, seis helicópteros y un mapa cartográfico digital, por al menos 250 millones de dólares. El contrato nunca se hizo público en Panamá, por —según el ministro José Raúl Mulino— ‘asuntos de seguridad’.

En la negociación, Agafia Corp., vinculada a Lavitola, recibiría 10% de comisión del total pactado entre Panamá y Finmeccanica, a través de sus filiales Selex, Augusta Westland y Telespazio. Los fiscales napolitanos centraron su investigación en esa sociedad.

Finmeccanica, en contraposición, insiste en que jamás pagó ‘por intermediaciones’ ni otorgó sobornos.

El gobierno de Ricardo Martinelli ha concluido que no recibió ni solicitó pagos extraoficiales para otorgar contratos a Finmeccanica. Incluso, en agosto argumentó que las acusaciones contra Lavitola se habían caído.

En Panamá, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia archivar el proceso por la compra de 19 radares.