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25 de May de 2020

Política

Pedirán nulidad de resoluciones sobre áreas marinas

PANAMÁ. Una ola de demandas contra dos resoluciones de Gabinete que ‘desafectan’ áreas de lecho marino y de fondo de mar, vinculadas a l...

PANAMÁ. Una ola de demandas contra dos resoluciones de Gabinete que ‘desafectan’ áreas de lecho marino y de fondo de mar, vinculadas a la construcción de las islas artificiales del proyecto Ocean Reef, en la bahía de Panamá, se avecina.

El abogado Víctor Martínez adelantó a La Estrella que el próximo lunes presentará dos demandas, una de nulidad contra el Consejo de Gabinete y otra de plena jurisdicción contra las dos resoluciones. Las demandas serán interpuestas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el abogado Jorge Luis Lau Cruz no descartó que en las resoluciones se esconda el delito de lesión patrimonial por bien oculto.

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, aunque hay un problema ‘de orden constitucional’, ya que la Carta Magna es clara al determinar que las playas y el lecho marino son inalienables, precisamente porque son de interés público, primero ‘tendría que definirse la inconstitucionalidad de las resoluciones’.

En esto coincide el abogado Rubén Rodríguez, quien esbozó que si la Corte ‘no declara la inconstitucionalidad de las resoluciones’ no se pueden considerar así.

ARGUMENTOS DEL GABINETE

Para desafectar los dos globos de terreno ubicados en la bahía de Panamá, la resolución de Gabinete cita las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia el 25 de septiembre de 1970 y el 16 de diciembre de 1994, donde determinan que para la desafectación de bienes de dominio público se tiene que abrir un acto administrativo de la autoridad competente (en este caso el gobierno), ya que es el que tiene el poder soberano del Estado.

EL FALLO DE 2006

Además, se toma en cuenta el fallo del 11 de diciembre de 2006, donde la Corte concluye que la figura de la desafectación faculta al Estado para que, a través de un acto administrativo, pueda transformar un bien de dominio público no necesario para un uso o servicio co lectivo, en un bien patrimonial del Estado, sino que también abre la puerta para que dicho bien pueda ser objeto de apropiación privada.