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02 de Jun de 2020

Política

Carrera Judicial iría al congelador

PANAMÁ. La entrada en vigencia de la Carrera Judicial que brindaría estabilidad a los funcionarios del Órgano Judicial está cada vez más...

PANAMÁ. La entrada en vigencia de la Carrera Judicial que brindaría estabilidad a los funcionarios del Órgano Judicial está cada vez más lejos de convertirse en una realidad y podrían quedar pendiente para el nuevo gobierno.

Esto tras una recomendación que hizo el ministro de Economía (MEF), Frank De Lima, a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda.

En una nota fechada el 8 de julio del 2013, el ministro pidió someter la propuesta a una rigurosa evaluación en el tema judicial, económico y financiero.

En la misiva dirigida en respuesta a consulta de Castañeda, el MEF dijo que antes de continuar con la discusión hay que hacer esta evaluación.

La decisión del MEF fue en base a que el proyecto de ley tendría carencias del estudio técnico que complete los parámetros que justifican la presentación del proyecto.

El ministro De Lima menciona que hay que considerar la cantidad de funcionarios que hay en el sistema judicial y a los cuales habría que pagar determinados salarios y hasta bonos.

Otra de las razones que llevó al MEF a tomar la decisión es la falta de estudio técnico. No se ha tomado en consideración leyes que crean jurisdicciones en el Sistema Judicial, así como las implicaciones que pudieran generar divergencias con disposiciones definidas en la Constitución y otros.

Sobre la implementación de un bono de antigüedad que beneficie a los funcio narios del Órgano Judicial, sería muy oneroso, toda vez que los funcionarios datan de muchos años y además de ser un costo oneroso, se desconoce los costos financieros al momento de generarse ascensos, traslados de desempeño, antigüedad y sistema de méritos que se mencionan en el proyecto de ley, puesto que generará en muchos casos aumentos de salarios y equiparaciones.

La posibilidad de que el proyecto no se discuta, empieza a generar inseguridad e inestabilidad para los jueces y magistrados, así como demás funcionarios judiciales sean víctimas de la manipulación de parte de otros Órganos del Estado.