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28 de May de 2020

Política

Juntas comunales, escondite perfecto para las partidas circuitales

En un solo día el MEF destinó $12 millones para 49 corregimientos

Juntas comunales, escondite perfecto para las partidas circuitales
Junta comunales.

Distintas juntas comunales de apartadas regiones del país se han convertido en los lugares predilectos de los diputados. En ellas se depositan cientos de miles de dólares que les asigna el Ejecutivo en reemplazo de las antiguas partidas circuitales.

El traslado del dinero es aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el supuesto y único objetivo de beneficiar a todos los residentes de los respectivos corregimientos.

Es un procedimiento sigiloso y casi secreto. Lo conocen los diputados, los representantes de los corregimientos a donde se destinan los fondos y las autoridades del MEF.

Ese silencio se convierte en el mejor amigo de los diputados y los ediles, porque así como silencioso llega el dinero a las juntas comunales, así mismo sale de ellas. Los residentes nunca se enteran de las cifras millonarias que han llegado a sus corregimientos para obras comunitarias.

El patrón de traslado de las partidas circuitales a las juntas comunales, principalmente a las de difícil acceso, no es nuevo. Es una vieja práctica de los diputados a pocos meses de las elecciones.

Para muestra un botón. El miércoles 19 de febrero, en pleno proceso electoral para escoger a las nuevas figuras que gobernarían a Panamá en el próximo quinquenio, el MEF autorizó el traslado de $12 millones a 49 juntas comunales.

LA RUTA DEL DINERO

El denominador común era el monto de cada transacción: $250,000. La junta comunal que más dinero recibió fue la de Playa Leona, en La Chorrera; además del Municipio de Río de Jesús, en Veraguas, ambos disposieron de un millón de dólares.

Según la diputada electa Zulay Rodríguez, del opositor Partido Revolucionario Democrático, este dinero fue utilizado para comprar bolsas de comida, electrodomésticos y otros enseres que luego fueron entregados por los candidatos de Cambio Democrático.

Una vez en las juntas comunales, el uso de ese dinero es más fácil, porque, a diferencia de otras entidades, para esa instancia del gobierno local no existe el control previo. Aquí está la clave y la respuesta del por qué de la transacción, asegura Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

MODUS OPERANDI

Cada junta comunal debe presentar, una vez concluidas las obras, un informe en el que deben justificar exactamente en qué se gastó el dinero asignado.

La diputada electa del distrito de San Miguelito, mucho más severa, define a las juntas comunales como ‘las blanqueadoras de dinero’.

El presidente del Colegio de Abogados de Panamá, José Alberto Álvarez, pidió a los magistrados del Tribunal Electoral, quienes adelantan procesos por más de 51 impugnaciones, que se hagan las pesquisas. Que es imprescindible, que los magistrados, ‘cuando ordenen las nuevas elecciones en los casos en que se amerite, también compulsen, y esta es nuestra petición especial, copias al Ministerio Público de todos aquellos casos en que se asignaron millonarios fondos a las juntas comunales’.

Los dignatarios de estas juntas comunales, así como los funcionarios del Órgano Ejecutivo, deben explicar ante las autoridades del Ministerio Público el por qué de este traslado o asignación multimillonaria de partidas a algunos lugares con escasa población, agregó el presidente del gremio de abogados.

OBRAS QUE NUNCA LLEGAN

El Ministerio de Economía y Finanzas destinó tres partidas, el mismo día, para la junta comunal de Playa Leona. Cada una de estas transacciones fue por $250,000.

El objetivo final del dinero, según notificación del MEF, era para ‘proyectos de interés social comunitarios’.

Zulay Rodríguez asegura que ‘el millón, entregado supuestamente para proyectos de interés social, no es visible en la comunidad’ (Playa Leona), no se sabe a dónde fue a parar, dice Rodríguez.

Ante este caso, es bueno mencionar que en el 2004 el Tribunal Electoral anuló las elecciones del circuito 5-1, en la provincia de Darién, por el uso de dineros del Estado para hacer política.

En la vista emitida por el entonces fiscal Electoral, Gerardo Solís, se establece que en la Contraloría General de la República constaba un cuadro donde se resaltaba la creación de 14 cuentas bancarias y que ellas iban a encontrar apoyo económico para la mano de obra.

Lo interesante de los proyectos, que adelantaba entonces Haydeé Milanés de Lay, diputada electa, se comprobó que los proyectos comunitarios se realizaban en la comunidad a escasos días de las elecciones generales.

Se detalló en la vista fiscal que se utilizó mucha logística para la movilización de personas y de alimentación, mano de obra que se necesitaba para trabajar en una movilización muy grande. Este era el dinero que se destinaría para estas obras. Similar a lo que se utilizaba para el proceso electoral.

Según se informó entonces, las partidas quedaron en una cuenta de la junta comunal de La Palma, que según testigos no se reunía. Se alegó entonces que la candidata manejaba. Los cheques estaban firmados por el representante del corregimiento, pero era la candidata la que los distribuía y entregaba a su discreción.

Entonces, se demostró que por lo menos el 50% de los que cambiaron los cheques eran electores del corregimiento y que fueron a votar el día de las elecciones.

La mayoría de los beneficiarios de los cheques girados eran menores de edad que recibían subsidio escolar. A la hora de firmar, la mayoría tenía firmas ilegibles, por lo que después de las investigaciones no se les pudo ubicar.

Tras las audiencias, se declararon nulas las elecciones y se despojó a la diputada ganadora del triunfo. Hubo que realizar nuevas elecciones.

El Tribunal Electoral tiene en sus manos por lo menos unos 51 procesos similares y le tocará definir si hay razón o no para anular las elecciones y ordenar que se realicen nuevos comicios en igual dad de condiciones.