Alianza Ciudadana dice que CSJ debe investigar, caso Ballesteros

Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, envió ayer jueves a la Estrella de Panamá  una misiva donde reiteró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe investigar las denuncias públicas que hizo, en marzo pasado, el exjuez penal Alexis Ballesteros.

En este caso, el exjuez Ballesteros denunció penalmente a los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, de coaccionarlo para emitir fallos contrarios en derecho, a fin de favorecer a allegados al presidente Ricardo Martinelli. También incluyó al administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah. Esta denuncia fue archivada esta semana por la Comisión de Credenciales de la Asamblea.

Según la nota, Sáenz y Mendieta –además de suplentes de los magistrados Harry Díaz y Hernán De León, respectivamente– son magistrados principales en el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, por tanto, subalternos de la CSJ.

La CSJ abrió un proceso disciplinario de Sáenz y Mendieta, luego de que la Alianza Ciudadana Pro Justicia  enviaron notas por separado, pidiendo explicaciones por los señalamientos de Ballesteros sobre posibles actos de corrupción judicial.

Carta de Alianza Ciudadana Pro Justicia

Panamá, 13 de junio de 2014

ACPJ-027-2014

Magistrado 
Harry Diaz
Corte Suprema de Justicia
E.S.D

Magistrado Diaz, 
     
El día  5 de junio de 2014 recibimos en las oficinas de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una boleta de citación dirigida a la licenciada Magaly Castillo, Directora de nuestra organización, expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso disciplinario que se sigue a los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Saenz.

Para nosotros es muy preocupante el precedente que se deja con la emisión de esta boleta de citación, ya que en los más de 12 años de nuestra organización hemos enviado cientos de notas solicitando que investiguen hechos de corrupción o conductas violatorias a la ley en varias instituciones del Estado y es la primera vez que algún miembro de la Alianza es citado de esta manera.

Nos preocupa sobre todo porque esto puede enviar un mensaje equivocado a los ciudadanos y desalentar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y en ejercer su derecho de petición.

Es importante dejar plasmado que nuestra nota enviada  el 21 de marzo no es una denuncia, sino una petición ciudadana para que se investigarán los señalamientos públicos que hizo un juez de la República que hacen referencia a posibles actos de corrupción judicial y cuya denuncia fue presentada formalmente en la Asamblea de Diputados  el día 28 de marzo del 2014.

Nosotros  hemos decidido acudir a esta citación para ratificarnos de nuestra “petición ciudadana” de que estas graves denuncias que hizo un juez de la República se investiguen.

Debemos señalar que no creemos que esto sea solo un tema de faltas éticas o disciplinarias, sino que podemos estar en presencia de un delito que debe ser investigado de oficio o puesto en conocimiento de la Procuradora General de la Nación por parte de la propia Corte Suprema de Justicia.

Somos del criterio que  los magistrados de la Corte Suprema deben solicitar copia a los medios escritos de las entrevistas realizadas al ex juez de la República y  que soliciten a MEDCOM  copia de las dos entrevistas que dio el juez y que fueron divulgadas en el noticiero matutino.

Igualmente debería solicitarse a la Asamblea Nacional de Diputados una copia autenticada de la denuncia que presentó el juez  y que ha sido archivada por falta de prueba sumaria que vincule a los magistrados de la Corte Suprema.  En esta denuncia se dejan plasmados claramente los señalamientos y el relato que hace el juez sobre la actuación de los  Magistrados del Tribunal Superior.

Consideramos que son varios los procesos que deben adelantarse:  en la Corte Suprema de Justicia el  proceso disciplinario contra dos magistrados del Segundo Tribunal,  en la Asamblea Nacional de  Diputados se deben atender las denuncias por la comisión de delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría General de la Nación por los posibles delitos cometidos por magistrados de Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Esperamos que todos estos procesos puedan desarrollarse en el marco del Sistema Penal Acusatorio y que se determine si hubo o no faltas o delitos cometidos contra la administración de justicia.

Si no se investiga y persigue la corrupción en el Órgano Judicial la sociedad pierde la esperanza que se investigue la corrupción en el resto de las instituciones públicas.

Sin otro particular, 

Licdo. Carlos Lee
Presidente