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21 de Oct de 2020

Política

Panamá, en el lado oscuro ante logros del poder judicial en América Latina

Estudio sobre independencia judicial  identifica "logros" y "alarmas" en los sistemas judiciales de América Latina

Panamá, en el lado oscuro ante logros del poder judicial en América Latina
Corte Suprema de Panamá.

El sistema judicial en América Latina ha atravesado por distintas reformas que dejan en el espectro "logros", lados "oscuros" y "alarmas" en temas de independencia judicial, indicó este martes el investigador peruano Luis Pásara.

El experto, autor del estudio "Independencia judicial en la reforma de la Justicia ecuatoriana", presentado en Quito, indicó que el proceso de poderes judiciales en América Latina es muy diverso y hay algunos que en los últimos años han consolidado una cierta fortaleza e independencia, mientras en que otros despiertan ciertas alarmas.


Pásara explicó que los casos de Costa Rica y Uruguay han sido reconocidos como "logros" dentro de la evolución de los poderes judiciales y añadió que algunos se han desarrollado "particularmente bien" en ciertos terrenos, citando como ejemplo a la Corte Constitucional colombiana.

"Pero el panorama es muy diverso, hasta situaciones muy oscuras, en que la independencia judicial prácticamente no existe, en que la transparencia de los poderes judiciales es cercana a cero, estoy pensando en el caso de Nicaragua, Panamá y otros", dijo.

En este contexto, Ecuador, en su opinión, está en una situación "particularmente difícil por el lado de la independencia judicial" y apuntó que es una "suerte de alarma ver el caso ecuatoriano".

El estudio divulgado este martes apunta que "se constata con claridad el deplorable uso del sistema judicial, específicamente el sistema penal, como instrumento al servicio de intereses gubernamentales, en contravía del respeto a la independencia judicial, y con altos costos para la institucionalidad democrática".

Pásara hizo estas declaraciones desde España en una videoconferencia para la presentación del estudio, en el que participaron la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización de derechos humanos con sede en Washington, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia y el Instituto de Defensa Legal de Perú.

El informe analiza doce casos relevantes ocurridos en los últimos años en la Justicia ecuatoriana relacionados con protestas sociales, un levantamiento policial que el Ejecutivo interpretó como un intento de golpe de Estado y el ejercicio periodístico, entre otros, y anexa resoluciones sobre expedientes disciplinarios a jueces.

En las conclusiones de su informe, Pásara señala que pese a todos los cambios introducidos por las reformas de la Justicia en América Latina, "no hemos asistido todavía al final de una tradición institucional de dependencia del aparato de justicia respecto al poder".