Diputados citados para ver la denuncia

Alejandro Moncada Luna, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, confirmó ayer que la Dirección General de Ingresos adelanta una investigación contra las sociedades anónimas que utilizó para adquirir dos apartamentos por $1.7 millones.

El magistrado, quien se presentó ayer ante a los medios de comunicación en un esfuerzo por justificar la adquisición de estos bienes, dijo que funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas acudieron a su residencia a notificar a María del Pilar Fernández de Moncada Luna, su esposa, presidenta y representante legal de Corporación ALPIL, S.A. y Corporación Celestial S.A.

Moncada Luna podría haber incurrido en posible aumento de patrimonio no justificado, según el documento por el que se inicia la investigación al que tuvo acceso La Estrella de Panamá .

IMPEDIMENTO DE SALIDA

A pesar de las denuncias en su contra, Moncada Luna dejó claro que no renunciará a su cargo porque, de hacerlo, ‘aceptaría las acusaciones’. ‘Es todo una persecución’ d el Ejecutivo, dijo.

‘Esto es algo político. El Gobierno está buscando la cabeza de un magistrado’, añadió.

Minutos después de las declaraciones de Moncada Luna, el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentaron ante la Asamblea Nacional una demanda en la que solicitaron que se ordene la separación del magistrado y se le procese por enriquecimiento ilícito y los delitos contra la administración pública.

La denuncia contra el magistrado recibió el aval de decenas de abogados y representantes de diversos gremios de la sociedad civil que se presentaron a pedir que se le procese.

REACCIÓN DEL EJECUTIVO

El ministro de la Presidencia, Alvaro Alemán, en nombre del Gobierno, restó importancia a las palabras de Moncada Luna, y señaló que la demanda contra el magistrado la presentaron el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana, organizaciones sobre las cuales el Ejecutivo no tiene control.

El presidente Juan Carlos Varela añadió, por su parte, que es un tema que debe ver la Asamblea Nacional y no el Ejecutivo.

Ahora corresponderá a la Asamblea Nacional, específicamente a la Comisión de Credenciales, entrar a analizar desde hoy la denuncia y determinar si hay méritos para juzgar al magistrado.

En caso de que la Comisión de Credenciales considere que hay méritos, debe hacer la recomendación al pleno legislativo, que tendrá la decisión final.