Cinco recursos para defender a Moncada

La defensa del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna concretará, a partir de hoy, su estrategia legal contra la querella penal presentada por el Colegio de Abogados y la Alianza Ciudadana.

El abogado Sidney Sittón, quien representa a Moncada Luna, hará uso de las herramientas legales que él considera asisten a su defendido.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Sittón reveló parte de los planes de defensa. ‘Voy a presentar una advertencia de inconstitucionalidad del proceso, un incidente de nulidad y un incidente de recusación’.

Pero al mismo tiempo, ante la Corte Suprema llevará dos recursos: un amparo de garantías, y el martes, otra advertencia de inconstitucionalidad para ser enviada a la Asamblea.

Con esto, el abogado pretende que la Corte entre a dirimir si es o no correcto el proceso que ha abierto la Asamblea Nacional contra el magistrado.

SECUESTRO DE BIENES

La Estrella de Panamá conoció, además, que la Asamblea ha ordenado el secuestro penal de las fincas involucradas en el proceso para evitar que se traspasen a terceros.

Estas fincas se traducen en dos apartamentos. El primero, a nombre de Corporación Celestial, cuya presidenta es la esposa del magistrado, María del Pilar Fernández de Moncada. La segunda finca corresponde al piso a nombre de Corporación Alpil, también presidida por María del Pilar Fernández de Moncada.

Este bien se adquirió por más de un millón de dólares que, según Moncada, obtuvo por un préstamo de su ‘tío’, el empresario ‘Pipo’ Virzi.

Una fuente del Órgano Judicial informó que este procedimiento se entiende como ‘inoída parte’, con el propósito de lograr un resultado en el proceso.

‘Yo tengo el expediente completo y en él no está eso’, afirmó Sittón. De haberlo hecho sin notificarme, manifiesta, me dan más argumentos para declarar nulidades. ‘Cualquier cosa que ellos hagan yo la puedo impugnar ante la Corte’, dijo.

JUECES IMPARCIALES

El abogado revisa los folletos que dictan las normas del juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Hacia allá enfila sus primeras acciones. ‘El juez de garantías debe ser imparcial’, lee en el papel. Luego, analiza: ‘Ana Matilde Gómez, una de las designadas a esta posición, no puede serlo’, dice. Acto seguido, sustenta su posición: ‘si Alejandro Moncada firmó el fallo que la condenó por abuso de autoridad, el deber de un juez es declararse impedido y no esperar a que lo recusen’, sentencia Sittón.

Según la defensa del magistrado, Ana Matilde le comentó a una persona cercana a él que Moncada no fue quien la condenó, sino una corporación. A lo que Sittón se pregunta: ‘¿Por quiénes está compuesta dicha corporación, sino es por personas? ¿Y no es él uno de los integrantes de ese cuerpo judicial?’, añade.

Zulay Rodríguez, otra de las juezas de garantías, le presentó dos procesos disciplinarios a Moncada por faltas a la ética. Según Sittón, el magistrado en cuestión se declara impedido cada vez que recibe un caso de Zulay.

Sittón vuelve la mirada al folleto editado por el Ministerio Público en el que se establecen las características del juez de garantías y agrega: ‘debe garantizar los derechos del procesado. Eso nunca va a ocurrir con Ana Matilde Gómez, por razones de orden humano, debió declararse impedida y no lo hizo’, alega el abogado.

QUE ANULEN EL PROCESO

Sittón presentará, además, un incidente de nulidad contra las juezas de garantía. Argumenta que Moncada nunca fue convocado a la Asamblea cuando se efectuó la reunión de la comisión que trataría el tema. Esto viola sus derechos, afirma su defensor.

‘Esta nulidad es insubsanable’, sentencia la defensa. Hay otro artículo sobre la defensa técnica: es irrenunciable e inviolable. En consecuencia, toda persona tiene derecho a nombrar un abogado en el momento en que inicie el proceso. Esta acción no fue considerada hacia su cliente, dice.

¿DINERO ILÍCITO?

¿Cómo va a probar Moncada que el dinero que utilizó para la compra de los bienes es lícito?, preguntó La Estrella de Panamá

Él no tiene que probar que ese dinero es lícito, responde su abogado. El que acusa es quien debe demostrar lo contrario. Él aceptó los bienes, pero han sido lícitos. Los puso a nombre de una empresa donde la accionista es su esposa. Hasta donde yo tengo el expediente, esos bienes no están cautelados, indicó .

EL AMPARO

Sittón dice que la Asamblea se compone de 71 diputados y el artículo 160 de la Constitución dispone que es función de ellos conocer y juzgar las acciones contra los magistrados. Con este argumento en mano, advierte que no son tres quienes deben juzgarlo. ‘La norma viola la Constitución. Este principio está por encima del Código del Sistema Penal Acusatorio’, dice.