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26 de Nov de 2020

Política

Java Inversiones reclama pago al PAN

El representante legal de la empresa alega que los funcionarios actuaron en forma indebida al rescindir el contrato público con la empresa

Java Inversiones reclama pago al PAN
Un fallo de la Corte ordenó la indemnización, pero no se ha hecho efectiva.

La empresa Java Inversiones, S.A. no está dispuesta a ceder en sus reclamaciones. Considera que tiene derecho a que el Estado le cancele los $5.4 millones que dictaminó la Corte Suprema de Justicia.

Carlos Carrillo Gomila, representante de la empresa, conversó ayer con La Estrella de Panamá y dijo que en realidad consideran que el pago que les deben hacer es superior a los $5.4 millones e incluso recordó que el reclamo original de la compañía era por $7.1 millones.

Confirmó que en la actual administración han presentado varios impulsos procesales para que se les pague, pero que hasta el momento no han recibido respuesta de la administración del Programa de Ayuda Nacional (PAN) o el Ministerio de la Presidencia.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a un documento que presentó el Despacho Legal de Carrillo Gomila ante el Ministerio de la Presidencia y que fue recibido en agosto de 2014.

En la nota, se facultó a ejercer todas las acciones legales para el reclamo.

DUDAS POR EL MONTO

En opinión del abogado Miguel Antonio Bernal, nada que suceda en el PAN es de extrañar, pero en este caso, el magistrado Luis Ramón Fábrega dejó sentado en el fallo que el pago es exagerado.

Los fallos de la Corte son inapelables, lo que haría de obligatorio cumplimiento el pago de la indemnización por $5.4 millones.

NEGLIGENCIA ESTATAL

Carrillo Gomila, quien ya empezó las gestiones con este gobierno, alega que el pago es justo y corresponde a los daños y perjuicios que tuvo la empresa por el rompimiento del contrato.

No es la primera vez que se condena al Estado al pago de una cifra que supera el contrato original y en este caso en el proceso, se sustentó cada centavo, dijo el abogado. Según el apoderado de la compañía, lo que sucedió en esta ocasión es que se está frente a un caso evidente de negligencia de los funcionarios.

Sostiene que se trata de un proceso que se ha extendido por más de diez años y que en el momento en que el Estado lo suspendió, lo hizo sin cumplir con los términos del mismo contrato, lo que aumentó el reclamo.