01 de Dic de 2022

Política

Peñaloza se quedó en la Fiscalía Electoral y Peñalba a la espera

Después de dejar claro que no renunciará, Eduardo Peñaloza, fiscal electoral, suspendió sus vacaciones

El fiscal electoral Eduardo Peñaloza, quien estaba de vacaciones hasta el 15 de mayo, no dejó que la fiscal electoral suplente Ceila Peñaba tomara el control de la institución y regresó antes de completar este periodo.

Peñaloza retomó el despacho ayer, cuando la fiscal se disponía a hacerlo, y advirtió que demandará a los que le faltaron el respeto a la Fiscalía Electoral.

Además, dijo que no renunciará al cargo, en el que debe estar hasta el 2018.

Por su parte, la fiscal suplente, quien llegó a la institución pasadas las diez de la mañana, salió de la fiscalía y esperará a que Peñaloza la llame para su reemplazo o que el Ministerio Público solicite la separación del fiscal electoral.

DENUNCIAS PENALES

Peñaloza, nombrado por el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y señalado por diferentes políticos y sectores de la sociedad civil por no actuar ante el despilfarro de dinero del Estado en la pasada campaña electoral, tiene que enfrentar dos denuncias que pesan en su contra.

El primero en denunciar a Peñaloza fue el abogado y presidente encargado del Partido Popular, Carlos Rubio, el pasado 3 de febrero de 2014. El Colegio Nacional de Abogados (CNA) hizo lo mismo el 27 de agosto del 2014 y lo denunció por incumplir con sus funciones.

Las dos denuncias contra el fiscal Peñaloza fueron acumuladas en un solo expediente por una solicitud que hizo el Ministerio Público (MP) a la Corte Suprema de Justicia y quedaron en manos del magistrado Harry Díaz, quien actuará como juez de garantías.

Ahora, según explica y pide Rubio, lo que corresponde es la separación de Peñaloza del cargo mientras dure la investigación, para que así no amañen o traten de ‘enderezar’ lo que hizo o dejó de hacer.

La separación de Peñaloza, como fiscal electoral, puede ser solicitada por el MP a Díaz, quien fue nombrado en la Corte por Martinelli, según establece la Constitución Política y el Código Procesal Penal de Panamá.

Rubio explicó que la Procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en base al artículo 142 de la Constitución Política de la República y los artículos 39, 224, 481 y 482 del Código Procesal de Panamá, debe pedir la suspensión.

El artículo 142 de la Constitución Política de la República establece que los magistrados del Tribunal Electoral y el fiscal electoral son responsables ante la Corte Suprema de Justicia por las fallas o delitos cometidos en ejercicio de sus funciones y le son aplicables las mismas prohibiciones.

El artículo 39 del Código Procesal de Panamá desarrolla que será competencia de la Corte Suprema de Justicia, en pleno, conocer de los procesos penales y medidas cautelares de quienes, al tiempo del juzgamiento, ejerzan el cargo.

‘QUIEREN MI PUESTO’

El fiscal electoral, en enero, cuando inició sus vacaciones, informó que salía de la institución para asumir su defensa. Ahora, con el regreso a la institución informó que ya nombró un abogado que lo representará, aunque no reveló su nombre.

‘Para nadie es un secreto que quieren mi puesto’, señaló el fiscal Peñaloza, quien mencionó que en el inicio del nuevo gobierno se le solicitó su dimisión, pero no ha contemplado la renuncia del cargo por el momento .

Por otro lado, mostró a los medios de comunicación la carta de solicitud al Contralor para hacer una auditoría a toda la fiscalía.

Peñaloza consideró que lo sucedido el lunes fue un asalto a la institucionalidad de la Fiscalía Electoral, ya que miembros del Colegio Nacional de Abogados y miembros de partidos políticos acompañaron a Peñalba a tomar posesión del despacho, derecho que se le negó. ‘Eso no lo podemos permitir’, insiste el funcionario ante la pregunta de por qué dejó sus vacaciones.

El fiscal electoral aseguró que demandará al presidente del CNA por su actuación en los hechos.

Otra de las acciones que tomará Peñaloza será remitir a la Corte todos los expedientes que llegaron del Tribunal Electoral por el uso de recursos del Estado.